La política española ha vuelto a implosionar y esta vez ha sido por un casino. Eso sí, no por uno cualquiera: se trata del casino más grande de Europa, se trataba de convertir o no a Tarragona en Las Vegas europea. 

Ése ha sido el escollo que ha tirado por tierra los presupuestos catalanes precipitando su convocatoria electoral al 12 de mayo y paralizando la política nacional, incluidos sus presupuestos, hasta que pase la contienda. 

Los Comunes con su voto en contra en el Parlament accionaron la manivela de una maquinaria ajena. Muchos los pintan como a los malos de la película. Pocos van a ver la película entera. Y es que las que van de idas y vueltas politiqueras son densas y aburridas. Como ésta me parece importante, intentaré contarla modo tráiler de película con éxito de taquilla.

300 mesas de juego, 1.200 tragaperras, el consumo de agua de una ciudad de 30.000 habitantes, un macroproyecto como Marina D'or –y que Marina D'or me perdone– más lo enfermizo y la delincuencia que el juego conlleva. Una de esas megalópolis sobre las que, dentro de una década, muchos nos preguntaríamos quién permitió semejante burrada social y urbanística.

La idea original fue de Artur Mas y era todavía más gigantesca. Entonces, en 2014,  para hacerlo posible, aprobó que la fiscalidad del juego presencial en Catalunya pasara del 55 al 10%, como solo ocurre en Macao y en Singapur, paraísos fiscales del juego. ERC votó entonces en contra de la modificación de la fiscalidad del juego. Hoy estaba dispuesta a comérsela porque el juego cambia cuando es uno el que gobierna y más si lo hace en minoría. 

Desde entonces el proyecto ha tenido algunos problemillas. Los tribunales invalidaron en 2020, por motivos ambientales, el ordenamiento urbanístico que lo iba a poner en marcha. Es decir, que los jueces lo pararon en seco y obligaron a volver a empezar. Ahora el Govern de Catalunya, este año según sus fuentes, tiene que aprobar o no la nueva modificación urbanística, es decir, tiene que decidir si está dispuesto a poner en marcha de una vez por todas este macroproyecto que nadie defiende pero nadie entierra.

ERC reconoció  en privado a los Comunes que no era suyo, que era una imposición del PSC para apoyar las cuentas. De hecho, el Conseller de Salud ha hecho declaraciones en contra y otros consellers republicanos han puesto likes en redes sociales a tuits de diputados comunes atacando al proyecto. Pere Aragonés y Ester Capella, el President y la consellera al cargo de este marrón, lo han defendido con la boca pequeña en contra de la mitad de sus compañeros de Gobierno y probablemente de sus propios principios. 

Aragonés llegó a reconocer en el Parlament -y así consta en el diario de sesiones- que este proyecto era "la madre del cordero" para que Illa les aprobara los presupuestos. 

Los Comunes intentaron pactarlo de mil y una maneras para salvar su apoyo a las cuentas republicanas, como hicieron en las tres ocasiones anteriores: pusieron encima de la mesa una moratoria hasta que tengan normalidad hídrica, es decir, propusieron parar el proyecto hasta que llueva y la mayor sequía de la historia deje de azotar a Catalunya. Los Republicanos les respondieron que una moratoria sí,  siempre y cuando no afectara al macrocasino. También les propusieron una modificación de su fiscalidad ultraventajosa para desincentivar el proyecto. Tampoco les pareció bien y solo ofrecieron un grupo de trabajo para estudiar la fiscalidad del juego a medio plazo.  

La otra excusa esgrimida por el Govern para no evitar el dichoso proyecto es que están agarrados por las posibles indemnizaciones que implicaría romper el preacuerdo. Los expertos de los Comunes, experimentados en urbanismo, calculan que en el peor de los casos eso podría costar entre 5 y 15 millones de euros. Este Govern ha recuperado la propiedad pública de la gestión del agua en Catalunya arriesgándose a pagar entre 300 y 400 millones de euros a la empresa privada a la que se la quita. Hacer política implica gastar dinero y los republicanos han demostrado que eso no les frena.  

Cuando los Comunes avisaron al PSC de que no iban a apoyar los presupuestos porque no habían conseguido ningún acuerdo, ninguna vía, nada de nada para frenar este plan que creen que se ha quedado viejo, los socialistas catalanes no reaccionaron con preocupación ni intentaron buscar soluciones. Simplemente les notificaron el acuse de recibo.  

Así que pasó lo que estaba previsto que ocurriera y para lo que unos y otros ya tenían preparada la respuesta: elecciones anticipadas y postergación de todas las cuentas. 

Habrá secuela de este culebrón de primera. Ya se prepara la segunda parte. El Govern que salga del 12M es probable que combine, desde dentro o desde fuera, a los tres en discordia por este tema. Veremos si se siguen peleando hasta sus últimos consecuencias por un casino o si, para entonces, ponen en vigencia eso de que con las cosas de Estado no se juega.

Y sí, para escribir este artículo he bebido de las fuentes comunes que, a pesar de la sequía, siguen manando agua potable que resulta fresca.