La reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) es uno de los debates más complejos y sensibles de la política española. Esta vez ha sido Cataluña quien ha vuelto a colocar este tema en el centro de la agenda política, abriendo un melón que, si bien necesario, es altamente explosivo. Un melón que, cada vez que se abre, amenaza con manchar a diestro y siniestro. El reciente pacto político que ha permitido la investidura de Illa ha puesto sobre la mesa el llamado "concierto económico catalán", una propuesta que refleja la tensión existente entre las aspiraciones de Cataluña, el Gobierno y sus múltiples socios.

Cataluña como catalizador: Transparencia y reforma en el Sistema de Financiación.

La discusión sobre el concierto económico catalán ha reabierto el debate sobre la financiación autonómica en España, un tema que llevaba tiempo latente pero que, en realidad, nunca ha desaparecido del todo. Cataluña, una de las comunidades autónomas (CCAA) con mayor capacidad fiscal y contribuyente neta al sistema, ha manifestado históricamente su descontento con un sistema que percibe como injusto. Esta percepción de agravio fiscal es compartida por otras regiones como Baleares y la Comunidad Valenciana, que también sienten que sus contribuciones no se reflejan en la calidad de los servicios y de las inversiones que reciben.

La diversidad de las CCAA en España es tal que aplicar un criterio homogéneo en el SFA genera efectos profundamente dispares. Lo que funciona para una comunidad puede ser desastroso para otra. Por tanto, cualquier intento de reforma que se quiera llevar a cabo deberá ser profundamente reflexivo y transparente. ¿Dónde está, a mi juicio, la clave? La clave está en garantizar un sistema que, además de ser más progresivo y equitativo, establezca suelos mínimos de tributación y asegure la solidaridad interterritorial sin alterar el orden relativo de las comunidades después de la redistribución.

Así escrito, parece sencillo, pero no. Es un auténtico reto el de avanzar hacia un sistema que no solo asegure suficiencia financiera para mantener y mejorar los servicios públicos, sino que también respete las singularidades de cada comunidad, algo tan complicado como necesario. Pasar de un modelo federal, en el que el Gobierno central tiene un mayor control, a uno más confederal, donde las comunidades tengan más autonomía financiera, podría ser una solución viable. Sin embargo, si verdaderamente se apuesta por ello, requeriría de mayor transparencia a los tratamientos particulares que, hasta ahora, han sido opacos y sujetos a negociaciones políticas que siempre se enmarcaban fuera del debate público.

Montero niega que el acuerdo fiscal con ERC para Cataluña sea un concierto económico

La batalla de la semántica: El concierto económico catalán y la geometría variables.

El concierto económico catalán, tal como ha sido planteado recientemente, es más una construcción semántica que una propuesta concreta. El uso de este término ha generado una enorme polémica y confusión, tanto dentro de Cataluña como en el resto de España. La semántica en política no es trivial. El lenguaje configura la realidad y define los términos del debate. En este caso, el término "concierto económico" ha sido utilizado estratégicamente por diversas fuerzas políticas para proyectar una imagen de agravio o ventaja, dependiendo del lado del tablero político en el que se situaba.

Para ERC, este concepto ha servido como una herramienta para ganar tiempo y salvar la cara ante su electorado, presentándose como los defensores de una mayor autonomía fiscal para Cataluña. Para el PSOE, el uso de esta semántica ha sido una forma de avanzar en las negociaciones necesarias para la investidura de Illa, sin comprometerse a nada concreto que pudiera alienar a otras comunidades o provocar una crisis política mayor.

Ambos partidos sabían que se estaban engañando mutuamente al hablar de este tema durante las negociaciones, pero lo hicieron porque era lo que convenía para seguir adelante. Con la investidura ya cumplida, empiezan a asomar las contradicciones de este apaño semántico. ¿El avance? Que el verdadero debate sobre la financiación autonómica está aún por llegar, y cuando lo haga, será necesario abordar la cuestión desde un enfoque más honesto y menos retórico.

Comuns avisa: "Si Illa busca la geometría variable con Junts, la legislatura embarrancará"

De momento, el llamado concierto económico catalán es un acuerdo político secuestrado por la semántica y la geometría variable, más que una propuesta seria para reformar el sistema de financiación catalán.

El frente político: apoyos al Gobierno, el Congreso y mirada a largo plazo.

Desde una perspectiva más política, es importante señalar que, según el acuerdo entre el PSC y ERC, la tramitación parlamentaria sobre el "concierto económico" comenzará durante el primer semestre de 2025. Si asumimos que los presupuestos generales de 2025 se aprobarán antes de que finalice el año, se podría evitar que ambos debates se solapen y que los presupuestos no se vean empañados por las disonancias en torno del concierto y los socios del Gobierno que podrían desafinar. Esta situación podría dar cierto oxígeno tanto al Gobierno como a ERC y crear una oportunidad única para volver a alinear los apoyos en el Congreso.

Para el Gobierno, este melón es tanto una oportunidad como un riesgo. Los apoyos que se consiguieron para la investidura deben mantenerse cohesionados para avanzar hacia una futura reforma del SFA, pero esto no será fácil. Las diferencias entre las CCAA en términos de necesidades y prioridades son enormes y cualquier propuesta de reforma que no contemple estas diferencias tiene altas probabilidades de fracasar. El desafío es doble. Por un lado, asegurar que cada comunidad tenga la financiación suficiente para mantener buenos servicios públicos. Por otro, garantizar que la reforma sea percibida como justa y equitativa por todas.

Interior contesta al juez Llarena que los Mossos rechazaron su colaboración para la detención de Puigdemont

¿Y cuál es el terreno de juego? El Congreso. Es vital que el Gobierno trabaje codo con codo con la mayoría de la investidura para encontrar un equilibrio entre sus propias necesidades políticas y la necesidad de avanzar en una reforma que, aunque impopular en algunos sectores, es fundamental para el futuro del modelo territorial de España. Es por ello que, en última instancia, el éxito de esta reforma dependerá de la capacidad del Gobierno para construir un consenso amplio y duradero en torno a un nuevo modelo de financiación autonómica que respete la singularidad de cada comunidad y asegure la suficiencia financiera para todas.

A modo de conclusión, me gustaría recalcar que el llamado "concierto económico catalán" es más un concepto político que una propuesta concreta, secuestrado por la semántica y las negociaciones políticas. Un acuerdo puramente político, alejado de lo técnico o lo legal, que resuena a una partitura sin armonía a la espera de ajustar su tono si se quiere avanzar hacia una reforma real. No obstante, este concierto altamente disonante ha permitido abrir el compás para un debate necesario sobre la reforma del SFA, un tema que no debería seguir siendo retrasado por puros intereses políticos y partidistas. Hay una reforma pendiente, pero esta vez se debe dar con la tecla. La reforma que debe ser equitativa, transparente y acorde con las necesidades y singularidades de cada comunidad autónoma. Este es el reto que la clase política tiene por delante y su resolución definirá el futuro de la relación entre el Gobierno central y las CCAA.