Ariesgo de ser reiterativa, quiero añadir mi protesta a las ya existentes contra la reforma de la Ley de Extranjería. Pensaba que no era necesario insistir sobre el despropósito que supone delatar a un inmigrante sin papeles, pero al comprobar que circulan por ahí demasiadas opiniones aberrantes, es decir, xenófobas o claramente racistas, me siento obligada a pedir más firmas para el manifiesto
Salvemos la hospitalidad.

No se puede confundir a un inmigrante, obligado a abandonar su tierra para sobrevivir, con un delincuente peligroso y, menos aún, sancionar con una multa a quien le ampare en su desdicha. Conozco por su nombre a muchos africanos en situación irregular que se refugian en diversas ONG; abogados que los orientan y, si es necesario, los defienden; médicos que los atienden gratuitamente; españoles que dan comida y alojamiento a los que logran escapar en cayuco de la vigilancia costera; operarios que trabajan en toda clase de chapuzas. ¿Quién está dispuesto a delatarles? Es el mínimo deber de hospitalidad que tenemos con las personas procedentes de países que son víctimas de la codicia del G-8 o del G-20, por más que estemos vapuleados por la crisis.

Me reprocha un miembro del Gobierno que no sepa interpretar el texto legal en sus justos términos. La propuesta sólo pretende penalizar al que se aproveche económicamente del inmigrante. Se trata de impedir su explotación, tanto de los particulares como de las mafias. La propuesta de sanción tendrá en cuenta las circunstancias de las personas solidarias. Insisten en que el anteproyecto está pensado para evitar abusos. Ya se sabe que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Pues que los legisladores hilen más fino, porque, tal y como está escrita, la ley se presta a confusión. Una cosa es la acogida o la ayuda solidaria y otra el ánimo de lucro o la explotación.