No protestamos lo suficiente cada vez que un político convoca una rueda de prensa, nos larga una declaración institucional y se niega a admitir un turno de preguntas. Es una práctica tan extendida como intolerable. Lo más eficaz, como hacen los periodistas de este diario, es no asistir bajo ningún concepto a dichas convocatorias. Pero hay veces que no avisan, como sucedió en la reciente campaña electoral, y dejan con la palabra en la boca y un papel en la mano a un montón de informadores frustrados. Les gustaría convertirnos en meros portavoces del poder. Es la tentación que tienen la mayoría de los gobernantes cuando no les van bien las cosas, e incluso cuando les van mal, para que les vayan mejor. Creen erróneamente que gobernarían mejor sin esos periodistas que dan la matraca y meten las narices en todas partes. Olvidan que la información no es de su propiedad, como tampoco son suyos los presupuestos que manejan.

España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no garantiza por ley la transparencia. En la mayoría de los países europeos, las entidades públicas, fundaciones y organismos financiados con fondos públicos están obligados a facilitar información. Queremos saber en qué se gastan hasta el último céntimo; lo que le cuesta al erario público sus salarios, sus dietas, la reforma de sus despachos, el uso de coches oficiales e incluso el contenido de documentos oficiales. No puede existir información reservada, exceptuando asuntos que afecten a la seguridad nacional o a la prevención de actividades criminales, las actas de juicios, la ley de protección de datos y poco más. Y, si me apuran, ¿tiene sentido que las deliberaciones del Consejo de Ministros sean secretas? Sólo la transparencia informativa acabaría con tanto secretismo e, incluso, con las filtraciones interesadas.