El presidente Obiang Nguema ocupa el poder en Guinea Ecuatorial desde que en 1979 dio un golpe de Estado contra el dictador Macías. Prometió acabar con el régimen de terror impuesto por su antecesor, pero lleva 30 años sin cumplir su promesa. Es uno de los hombres más ricos del mundo y tiene la deshonra de figurar en la lista de los peores dictadores del planeta, que se mantienen en el cargo gracias al amparo de las potencias internacionales que necesitan sus riquezas naturales o temen su inmenso poderío, como en el caso de Irán o China. Seguro que al Gobierno español le repugna la brutal represión que estos dictadores ejercen contra sus opositores, las masacres étnicas y otras violaciones de los derechos humanos, pero en aras del pragmatismo hace de tripas corazón o, directamente, la vista gorda. De otro modo, hubiera sido imposible que la delegación presidida por Miguel Ángel Moratinos estuviera hoy en Guinea tratando de incrementar los lazos políticos para obtener algún beneficio económico.

Una nota informativa dice que el ministro abordará la situación de los derechos humanos, aunque constata los esfuerzos del Gobierno guineano en este terreno. No sé si se refiere a la denuncia de Transparencia Internacional contra Obiang por presunto desvío de fondos públicos para comprar propiedades en Francia. Tal vez, a la querella de la Asociación pro Derechos Humanos por un presunto delito de blanqueo de dinero en España. O a la tortura sistemática que practican las fuerzas policiales contra personas que rechazan cooperar con el régimen, según denunció el relator de la ONU tras su reciente visita al país. ¿Estos son los esfuerzos?