Hace más de dos años estalló el caso Gürtel, el mayor escándalo de corrupción política en democracia. El procedimiento, repartido en tres tribunales, ha dado lugar a sumarios de miles de folios en los que figuran numerosos cargos del PP y empresarios amigos. Sin embargo, se da la paradoja aberrante de que los dos únicos citados hasta ahora al banquillo por el caso son el diputado socialista que lo denunció en el País Valencià, Ángel Luna, y el juez que inició su instrucción, Baltasar Garzón. El auto de apertura de juicio oral contra este último, conocido ayer, llama la atención no sólo por la celeridad con que se ha adoptado, sino porque prejuzga hechos sobre los que deberá pronunciarse el tribunal en el juicio.

Por ejemplo, sostiene que Garzón ordenó interceptar "indebidamente" conversaciones entre acusados y abogados de la Gürtel para conseguir información que "no podría obtener mediante la utilización de medios legales". Las escuchas fueron solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, y las avalaron después dos jueces: el instructor del TSJM y uno de los tres integrantes de la sala del mismo tribunal que vio el caso y tumbó la tesis del instructor. Ello demuestra que, cuanto menos, existen discrepancias jurídicas sobre aquella decisión; sin embargo, el instructor del Tribunal Supremo no duda en achacar a Garzón la tipología más grave de delito de prevaricación. A muchos le viene bien un Garzón destruido y desprestigiado antes de que se le juzgue por su intento de investigar los crímenes del franquismo. Y un caso Gürtel enterrado por defectos de forma, como el caso Naseiro. A ser posible, antes de las elecciones del 22-M.