Siete magistrados del Supremo han sentenciado, por unanimidad, que Baltasar Garzón prevaricó al ordenar unas escuchas en prisión entre los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados. Se da la cruel ironía de que el juez que destapó el mayor escándalo de corrupción de la democracia es el primer condenado por el caso: 11 años de inhabilitación, que suponen en la práctica su expulsión de la carrera judicial. La prevaricación implica que el acusado obra "a sabiendas" de que su actuación es injusta, de modo que contiene un elemento de subjetividad. Por ello, los procesos por prevaricación en la judicatura son poco habituales y han de estar muy bien fundados, ya que, si se prodigaran arbitrariamente, magistrados y jueces evitarían adoptar decisiones molestas para el poder por temor a ser apartados de la carrera. Es más: en España se han producido cientos de órdenes de escuchas, muchas anuladas después por irregularidades, y ningún juez ha sido condenado por prevaricar. Garzón es el primero. Los magistrados del Supremo han decidido que actuó con deliberada injusticia pese a que las escuchas fueron solicitadas por la Policía, avaladas por el fiscal anticorrupción, mantenidas por el juez que continuó la investigación del caso y consideradas legales por uno de los tres magistrados que en su día ordenaron anularlas. Es decir, no era tan obvio para todos que fuesen injustas. Pero qué más da. De lo que se trata es de destruir al juez que destapó la corrupción del PP y osó investigar los crímenes del franquismo. Con la mirada puesta en la inminente sentencia por esta causa, los siete del Supremo han intentado difamarlo equiparando su orden de las escuchas a "prácticas de regímenes totalitarios". No les da la menor vergüenza.