A por el derecho de huelga

Dos días después de que la CEOE reclamara una “revisión” del derecho de huelga, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que el Ejecutivo está dispuesto a acometer la tarea, para lo que contará con la inestimable ayuda de CiU. La máquina está, pues, engrasada para socavar el principal mecanismo de protesta con que cuentan los trabajadores, después de que la reforma laboral aprobada hace una semana dejara a estos en una situación extrema de indefensión e inseguridad ante los empresarios. Aunque aún están por conocerse en detalle los planes del Gobierno, no resulta arriesgado pronosticar que el objetivo de la famosa “revisión” no es ampliar el derecho de huelga, sino restringirlo, o desnaturalizarlo mediante una imposición arbitraria de servicios mínimos que reduzcan el impacto de la protesta, como ya se ha ensayado en Madrid.

A dos días de las primeras movilizaciones convocadas por UGT y CCOO contra la reforma laboral, Sáenz de Santamaría aprovechó además su habitual comparecencia de prensa tras el Consejo de Ministros para intentar desacreditar a los sindicatos, contraponiendo sus intereses al de los cinco millones de parados y vertiendo dudas sobre la autoridad moral de sus dirigentes al reclamarles que desvelen sus ingresos. Una petición que no es en sí misma reprobable, pero que resulta cuanto menos oportunista al producirse en vísperas de las manifestaciones, y, sobre todo, cínica, si se considera que el partido al que representa se niega a revelar los ingresos de sus propios dirigentes.