Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra

La gran mayoría de los debates que aparecen (no sólo en el Parlament de Catalunya, sino también en los medios de información, tanto públicos como privados) se centran sobre cómo reducir el déficit de la Generalitat de Catalunya mediante la reducción de los gastos de la Generalitat, incluyendo las partidas del presupuesto del gobierno catalán destinadas a los servicios públicos de la Generalidad, como sanidad, educación, servicios sociales y servicios domiciliarios a las personas con dependencia. Pero hay otros medios de reducir el déficit de la Generalitat que apenas han salido en este debate. Y uno de ellos es la subida de los ingresos a la Generalitat de Catalunya a través del aumento de impuestos. En realidad, en la gran mayoría de países que están reduciendo su déficit, esta reducción se realiza no sólo mediante recortes del gasto público, sino también mediante aumento de los impuestos. Así, el gobierno portugués redujo su déficit a través de la reducción de gasto público (un 50% de la reducción del déficit) y un aumento de los impuestos (el otro 50%). Lo mismo está proponiendo el Partido Laborista británico. Incluso David Cameron, que dirige el gobierno de coalición del partido conservador con el partido liberal en Gran Bretaña, ha subido los impuestos para complementar la reducción del déficit del estado británico a base de recortes (en una proposición de un 20 % en subida de impuestos y un 80% en recortes del gasto público). El Presidente Obama ha propuesto un 50%/50%.

En cambio, el gobierno de la Generalitat basa su estrategia de recortar el déficit de la Generalitat, casi exclusivamente en los recortes del gasto público, y muy especialmente de los servicios públicos del estado del bienestar. Esta dureza es innecesaria, ya que hay una enorme cantera de fondos que el estado puede recoger, vía impuestos, que no está recogiendo. En realidad, los ingresos a la Generalitat (y en España) representan una cantidad equivalente sólo al 32% del PIB, frente al 44% en la media de la UE-15 y el 54% en Suecia, el país que tiene un estado del bienestar más desarrollado y una carga fiscal más elevada y redistributiva.

Los impuestos de la Generalitat y del estado español están entre los más regresivos que existen en la UE-15, lo cual quiere decir que, mientras la mayoría de la población que está en nómina paga porcentajes de sus rentas comparables a la media de la UE-15, las rentas superiores no están contribuyendo en términos homologables al resto de la UE-15. Es importante subrayar este punto, ya que en Cataluña la insuficiencia de ingresos al estado se ha centrado en el déficit fiscal que el estado español debe a la Generalitat, déficit que es real y debe corregirse, pero que es insuficiente para cubrir el enorme déficit de gasto público social de la Generalitat, que se basa en la escasa progresividad fiscal de la Generalitat, sobre la que el gobierno catalán tiene plena responsabilidad.

El economista David Lizoain, que conoce bien la construcción del presupuesto de la Generalitat, estimó que ésta podría recoger fácilmente 2.788 millones de euros mediante las siguientes medidas: 1.000 millones mediante un impuesto finalista (que fuera a la sanidad) de carácter progresista , tal como se hizo en Canadá; 600 millones de euros a base de grabar los beneficios exuberantes del capital financiero, tal como sugirió el propio Fondo Monetario Internacional; 400 millones de euros, resultado de mantener y no eliminar el impuesto de sucesiones; 538 millones de euros como consecuencia de recuperar el impuesto sobre el patrimonio, modificado para centrarse en las grandes fortunas; 150 millones de euros mediante la modificación de las multas y sanciones para hacerlas más progresivas, tal como ocurre en los países nórdicos, donde la multa que un ciudadano debe pagar depende de la renta del sancionado; 150 millones de euros de un impuesto ecológico que consistiría en un impuesto de cinco euros por cada vuelo que salga del Aeropuerto del Prat.

A esta lista, que no afectaría a la mayoría de la población, podrían sumarse otras intervenciones que, de nuevo, no afectarían a la mayoría de los contribuyentes y que en cambio serían muy populares. Entre ellas destaca la corrección del fraude fiscal, muy acentuado entre las rentas superiores en Catalunya, y en las grandes empresas. En realidad, si los cálculos que han hecho los propios inspectores de Hacienda del estado español, se aplicaran en Catalunya (lo cual es probable que sea una subestimación), el número de millones de euros que no se pagan a la Generalitat de Catalunya podría llegar a los 8.000 millones de euros. Otros podrían ser los impuestos al tabaco y al alcohol, que podrían recoger hasta 200 millones de euros más. Y otra fuente de ingresos podría ser el pago por parte de las mutuas patronales de accidentes y enfermedades laborales en la sanidad pública por los gastos que ocasionan los enfermos por causas laborales, que ellos deberían abonar, y que podría alcanzar la cifra de 230 millones de euros.

¿Por qué no se consideran estas alternativas? La respuesta es de carácter político. Estas medidas afectarían grupos de la sociedad que tienen mucho más poder político y mediático que las clases populares que son las más perjudicadas por los recortes sociales. Así de claro.