17/02/201318/02/2013

El Gobierno andaluz prepara su propia ley de transparencia y lo hace con un propósito claro: tener el texto legislativo más avanzado de España en esta materia. La consejera de Presidencia y mujer fuerte del Ejecutivo, Susana Díaz, lo viene repitiendo en las últimas semanas: en Andalucía habrá una buena ley de transparencia, independientemente de la que se proponga hacer el Gobierno central que al parecer dirige Mariano Rajoy.

Pero si, en principio, es seguro que Andalucía tendrá una ley de transparencia de verdad, eso no garantiza que vaya a tener de verdad transparencia. La ley que propugna el Gobierno de coalición de José Antonio Griñán será una buena ley si su funcionamiento es, digamos, equiparable a la gestión de las multas de tráfico que nos pone la Guardia Civil, no si es equiparable a la gestión de las multas de tráfico que nos pone, o nos ponía, la Policía Local.

Con las multas de la Policía Local ha venido ocurriendo históricamente que bastaba con tener algún contacto municipal, ya fuera político o administrativo, para eludir graciosamente su pago. Es cierto que en los últimos tiempos los ayuntamientos se han puesto mucho más severos en esto, pero ello ha ocurrido después de muchísimos años en que no pagar las multas urbanas era escandalosamente fácil. Con las sanciones de la Guardia Civil de Tráfico es bastante más difícil escaparse. De hecho, es casi imposible.

En ambos casos se trata del mismo código de circulación; en ambos casos la gestión de las sanciones es responsabilidad de funcionarios públicos. Sin embargo, en el caso de los ayuntamientos las multas siempre fueron un cachondeo mientras que en el caso de la Dirección General de Tráfico la cosa era (y es) bastante más seria, y además daba (y da) igual que gobernara un partido u otro. Lo bueno para el Estado (y lo malo para los infractores) que tienen las multas de la Guardia Civil es que resulta muy difícil no pagarlas.

El Gobierno andaluz, como el Gobierno central, tiene que decidir qué modelo sigue en materia de transparencia, si el de la Policía Local o el de la Guardia Civil. Lo decisivo no será el código de circulación que ambos aprueben, sino que lo decisivo será la gestión efectiva de ese código, es decir, quién, cómo, con qué plazos, con qué medios, con qué blindaje, con qué eficacia, con qué automatismo, con qué discrecionalidad se gestiona la aplicación de ese código y, sobre todo, la aplicación de las sanciones por el incumplimiento del mismo. Un sistema de multas funciona bien cuando funciona solo, automáticamente, de manera que ningún funcionario o político puede manipularlo en beneficio de sus amigos. Una ley de transparencia funcionará bien cuando funcione sola, automáticamente, de manera que ningún político o funcionario pueda o bien manipularla en beneficio de sus amigos o bien incumplirla impunemente él mismo.