No acabo de entender el escándalo que se ha montado por la reciente afirmación del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, de que en España "hay demasiados universitarios". A fin de cuentas, su antecesor, el tristemente célebre José Ignacio Wert, no lo llegó a decir nunca tan a las claras (al menos que yo recuerde) pero sus políticas sugieren que se guió siempre por ese mismo criterio. ¿Cómo explicar si no las zancadillas sin cuento que puso a la enseñanza superior durante su mandato, con la inestimable complicidad de algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, entre ellas la de Madrid?

Empecemos por las becas, que en el sistema universitario proceden mayoritariamente del Estado y que deben servir para que la igualdad de oportunidades no sea sólo un principio hueco. Desde 2012, el importe global de las que concede el Ministerio se ha reducido del orden de 210 millones de euros, pese al aumento de la demanda derivado de la crisis económica. Miles de jóvenes se han quedado sin ayuda y otros tantos han recibido menos de lo que recibían. Soy profesor de la Complutense y testigo directo de cómo, a causa de ello, muchos han tenido que dejar las aulas y volver a casa.

Los recortes de las becas han coincidido, además, con una subida brutal de las tasas universitarias, lo que ha puesto las cosas todavía más difíciles a las familias con menos recursos. Sólo en Madrid, a lo largo de la legislatura compartida por Esperanza Aguirre e Ignacio González al frente del gobierno regional, el coste de las carreras subió una media del casi el 60%. Por no hablar de las segundas y siguientes matrículas o de los estudios de posgrado, cuyo precio más que se duplicó en apenas cuatro años. De ahí que repetir una asignatura o hacer un máster se hayan convertido en lujos sólo accesibles para los  estudiantes con más medios.

La financiación directa de las autonomías también ha disminuido de forma a sustancial: 1.600 millones de euros menos recibió el conjunto de las universidades públicas entre 2010 y 2014. Eso ha repercutido gravemente, no sólo en la investigación, sino también en las nuevas construcciones, que en muchos casos se han paralizado, y en el mantenimiento de las instalaciones ya existentes. Con lo cual, en la universidad española ahora, además de investigarse menos, a veces se imparte la docencia en unas condiciones que pueden llegar a ser deplorables. Créanme que sé de lo que hablo.

La tasa de reposición cero impuesta por el Gobierno, en fin, ha impedido cubrir durante tres interminables años las bajas que se producían en el profesorado y en el personal de administración y servicios (PAS). Cerca de 8.000 puestos de trabajo se perdieron por esa causa en entre 2012 y 2015, según datos oficiales. La mayor reducción, además, se registró en el colectivo de los contratados laborales (no funcionarios), sobre el que recae una buena parte del peso de la actividad, pese a tener los empleos más precarios. Hay universidades, por ejemplo, en las que la proporción de profesores asociados (profesionales en ejercicio que sólo les dedican parte de su tiempo) llega al 25%.

Con todo ello, junto al acortamiento de las carreras de cinco a cuatro años, nada tiene de extraño que las universidades públicas hayan perdido 77.000 alumnos en el último cuatrienio ni que los que estudian en ellas salgan peor preparados, como algunos conocidos índices no dejan de señalar. Circunstancias ambas que favorecen claramente a los centros privados, cuyas cifras siguen creciendo, aunque sólo estén alcance de los que pueden pagárselos. Sobre las razones de ese deterioro, Wert antes y Méndez de Vigo ahora se han limitado a echar balones fuera, como si la cosa no fuera con ellos. O a quejarse de que hay demasiados jóvenes deseosos de formarse, en vez de allanarles el camino para que hagan realidad tan encomiable empeño.

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