JORGE CALERO
Catedrático de Economía Aplicada
La autonomía de las escuelas a la hora de determinar sus plantillas, sus prácticas docentes y la organización de sus recursos se está planteando en los últimos tiempos como uno de los elementos esenciales de las reformas educativas. Detrás de las iniciativas destinadas a incrementar la autonomía de los centros educativos se sitúan, esencialmente, motivos de dos tipos.
Por una parte, se pretende favorecer las iniciativas de los profesionales de cada escuela, que pueden contribuir a mejorar los procesos de aprendizaje debido al conocimiento cercano de las necesidades específicas de sus usuarios. La intención, en este sentido, es aligerar a las escuelas de restricciones jerárquicas y burocráticas que dificulten el éxito, por ejemplo, de un buen liderazgo ejercido por un equipo de dirección.
Por otra parte, la autonomía de las escuelas se puede plantear como una forma de favorecer la elección educativa por parte de las familias: la autonomía contribuye a “diversificar el producto” y es, así, un buen instrumento si lo que se pretende es fomentar que los demandantes de educación, las familias, tengan capacidad para optar entre una diversidad de tipos de enseñanza para sus hijos e hijas.
La autonomía de las escuelas ha despertado, tradicionalmente, recelos y objeciones importantes en amplias zonas de la comunidad educativa. Se sostiene, desde estas posiciones de objeción, que una mayor autonomía conduce también a mayores desigualdades; un sistema educativo centralizado y lo más homogéneo posible sería el mejor camino para evitar que las desigualdades sociales fueran reproducidas de forma ampliada en la escuela. No conviene descartar estos argumentos sin prestarles suficiente atención.
¿Es posible encontrar una posición de equilibrio entre la alternativa de la homogeneidad, con sus problemas potenciales de exceso de rigidez, y la alternativa de la autonomía, con sus problemas potenciales de mayor de-
sigualdad?
No resulta sencillo, pero existen dos elementos que pueden ayudar en la consecución de tal equilibrio. Me refiero a la evaluación, por una parte, y, por otra, al seguimiento y compensación de las escuelas con peor rendimiento. La evaluación de resultados de los alumnos y la evaluación institucional proporcionan a la administración educativa información acerca de hasta qué punto los procesos (autónomos, en su caso) en cada escuela son eficaces. En el contexto de búsqueda de equilibrio entre autonomía e igualdad al que me refiero, la evaluación sirve para identificar aquellas escuelas cuyo rendimiento sea especialmente bajo e identificar las causas que lo explican. A partir de esa información resulta posible efectuar acciones focalizadas en las escuelas que necesitan un apoyo especial, con el objetivo de garantizar que las mejoras potenciales causadas por la autonomía no se concentran únicamente en algunos centros selectos.
De este modo, lo que ahora parece la cuadratura del círculo, una autonomía igualitaria, puede no serlo en el futuro, como ha sucedido en países como Suecia y Finlandia.
CARMEN MAGALLÓN
Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
El terremoto de Haití nos ha colocado ante la muerte y el dolor a una escala estremecedora. Las escenas que estos días nos ofrecen las pantallas y los relatos de los periodistas ponen rostro humano a una tragedia hecha de historias que encogen el corazón, historias de miles de muertos bajo los escombros, de heridos sin asistencia durante días, de una población sin agua ni comida, de las dificultades para el reparto de la ayuda humanitaria, del incremento de la inseguridad en calles derruidas y salpicadas de cadáveres. La catástrofe ha destruido vidas, edificios y las frágiles estructuras de un país empobrecido que ocupa uno de los últimos puestos, el número 149, en la clasificación de países según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU.
Que la República Dominicana, la otra mitad de la isla, ocupe el puesto 90, tenga una esperanza de vida de 72,4 años y una tasa de alfabetización de adultos de 89,1%, frente a los 61 años y el 62,1% de adultos alfabetizados de Haití, muestra con cifras que no es la naturaleza la responsable de la pobreza extrema en la que viven la mayoría de los casi diez millones de habitantes de Haití, sino la saga de dictadores y depredadores de los recursos que les tocó en suerte a los haitianos, o más bien en desgracia. Sólo es similar entre ambos países la desigualdad, pues el coeficiente de Gini que la mide, desde cero o igualdad perfecta hasta cien, desigualdad total, es en Haití el 59,5 y en la República Dominicana el 50.
Frente a las tensiones políticas que pueden estar surgiendo en torno a la operación humanitaria –reticencias ante el despliegue masivo de marines y el control estadounidense del aeropuerto–,
la urgencia de que llegue la ayuda –los médicos y las medicinas, el agua, la comida y el establecimiento de la seguridad necesaria para acceder a ella– concede la voz a los responsables de logística, que han dejado clara la prioridad de ser efectivos y relegar las disputas de poder. Otra cuestión será gestionar los fondos llegados de todo el mundo, un reto de más larga proyección que habría de dar paso a un liderazgo claro de las Naciones Unidas –ya implicadas en el devenir de Haití y cuyo personal también está entre las víctimas– en la operación de reconstrucción material e
institucional del país junto a los haitianos.
En medio de la catástrofe, un dato esperanzador es la ola de solidaridad que se ha levantado en todo el mundo, la compasión activa ante la desgracia de los otros en clave de fraternidad humana, valores que movilizan la solidaridad, sobre todo en circunstancias extremas. La cuestión es cómo transformar esta movilización en un compromiso más cotidiano que obligue a los países ricos a promover vías de desarrollo y a buscar soluciones duraderas a los problemas estructurales de Haití.
La solidaridad y la empatía con este país que sufre han de ir más allá. Además de la ayuda hoy, Haití necesita un futuro menos sombrío que el pasado. El cambio será posible si se persiste y se ahonda en una solidaridad cuyas capas más profundas alcanzan el lecho de roca de la justicia.
NÚRIA BOSCH
Catedrática de Hacienda Pública
Son muchas las voces que en los últimos meses han manifestado la necesidad de una reforma del sistema público de pensiones en España: el gobernador del Banco de España, la Comisión Europea, la OCDE. Según estos organismos y los expertos el sistema público español de pensiones empezará a tener problemas a partir de 2020, que es cuando los individuos de más de 50 años superarán a los comprendidos entre 18 y 49 años. En los sistemas de pensiones de reparto como el español, donde las personas ocupadas son los que financian mayoritariamente las pensiones de los jubilados, el envejecimiento de la población es un factor que incide de forma directa sobre la sostenibilidad del sistema. Pero, junto a este factor, hay otros dos que tienen también mucha importancia: la evolución del mercado laboral y la evolución de la situación económica. Es obvio que, en un sistema de reparto, el esfuerzo que han de hacer los trabajadores en activo es mayor si el envejecimiento de la población se incrementa al haber cada vez más pensionistas. Y si además aumenta el desempleo, el sistema deviene en insostenible, por lo que se hace necesario, o bien aumentar las cotizaciones o los impuestos, o bien disminuir las pensiones. Así, un elemento básico para dicha sostenibilidad es elevar la productividad y reducir las tasas de paro, lo que pasa por promover el empleo y por una economía más productiva y con mayor dinamismo.
En España, es necesario, pues, una reforma profunda del sistema público de pensiones que lo haga sostenible a medio y largo plazo, al ser uno de los pilares básicos del Estado del bienestar. Muchas son las medidas que proponen los expertos: aumentar la edad de jubilación; restringir las posibilidades de realizar prejubilaciones; incrementar los años a tener en cuenta para el cálculo de la pensión; financiar las cotizaciones mediante impuestos como el IVA, etc. También hay quienes proponen sistemas mixtos públicos-privados, mediante el fomento de fondos privados de capitalización.
El presidente Zapatero ha anunciado que en breve revisará la Ley de Pensiones públicas que remitirá a la Comisión del Pacto de Toledo. Es la hora de abordar esta reforma si se tiene en cuenta que muchos países europeos ya la han realizado y, por tanto, nos llevan ventaja. Por ejemplo, en Alemania han retrasado la edad de jubilación a los 67 años. Otros países han fomentado sistemas de pensiones privados a través de las empresas, el ahorro voluntario, etc. España no ha abordado todavía la reforma porque se ha beneficiado de la inmigración y de la incorporación de la mujer en el mercado laboral, así como del hecho de que el baby boom se registró más tarde en España que en otros países europeos. Ello ha propiciado el superávit de la Seguridad Social de los últimos años.
Por tanto, es necesario que todos los agentes implicados en la reforma (Gobierno, oposición, sindicatos, patronal) lo hagan con la mayor responsabilidad, pues muchas de las propuestas no serán populares. El sistema español de pensiones no ha quebrado; y si se aplican las reformas necesarias puede gozar de buena salud.
CARME MIRALLES-GUASCH
Profesora de Geografía Urbana
Hace algunas semanas el Gobierno anunciaba la defensa de la rehabilitación urbana integrada como una de las prioridades de la Presidencia española de la UE en materia de vivienda y desarrollo urbano. Es decir, se trata de orientar la Agenda Urbana Europea hacia políticas que contemplen el conjunto de la ciudad o del barrio y no se conforme con iniciativas puntuales y fragmentadas que sólo ven la ciudad a pedazos, sean estos los edificios, los transportes o sus habitantes.
Con este objetivo se promueve la Carta de Leipizg sobre Ciudades Europeas Sostenibles, aprobada en mayo de 2007. Un documento que, además de reivindicar la Europa de las ciudades como patrimonio valioso e irreemplazable en lo económico, social y cultural, subraya la necesidad de una política global en su desarrollo. Acción estratégica que implica tener en cuenta de manera simultánea los aspectos espaciales, sectoriales y temporales que interactúan en el fenómeno urbano. En este sentido, se quiere mejorar la calidad de vida de los ciudadanos e incrementar la competitividad de las ciudades, implicando en estos objetivos a las políticas de vivienda, de infraestructuras y de educación, en paralelo al envejecimiento de la población, las tendencias migratorias o las condiciones energéticas, entre otras. Políticas públicas que, en muchas ciudades, al estar ubicadas en concejalías distintas, se diseñan de forma aislada, lo que las hace menos eficaces y desaprovecha saberes y presupuestos.
Además, la Carta de Leipizg pone especial atención en el barrio como unidad de acción, en cuanto que los retos a que se enfrentan las ciudades se desarrollan en lugares concretos de la urbe que pueden ser muy dispares. El precio de la vivienda, el índice de paro o la exclusión social afectan de forma distinta a una misma ciudad, según el barrio en que estos índices se ubiquen.
Este nuevo enfoque en políticas urbanas, que impulsa Europa y enfatiza España, es un salto cualitativo importante en políticas públicas. Por una parte, esta perspectiva recoge la complejidad de la ciudad y no la desmenuza en pequeñas e inconexas acciones. Al contrario, intenta entenderla y gestionarla de forma global, integral, donde es tan importante cada uno de los sectores como la conexión e interdependencia que existe entre ellos. Donde, además de entender la vivienda y el transporte, por ejemplo, es importante fijarnos en el guión que los une y, con él, al resto de redes físicas y sociales que integran la ciudad.
Además, este enfoque hace hincapié en que las ciudades no son entes homogéneos. Dentro de Londres, París o Albacete existen muchas y diversas características, desigualdades y asimetrías que requieren intervenciones adecuadas a cada lugar, a cada barrio.
Es un salto adelante, porque no estamos acostumbrados a relacionarnos con la complejidad de nuestras ciudades y tampoco
entender sus diferencias internas. Al contrario, a menudo nos movemos entre políticas urbanas demasiado generales y, a la vez, fraccionadas.
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Economista
La profecía de Leire Pajín se ha cumplido y el acontecimiento planetario ha tenido lugar. Desde el día 1 de enero Zapatero preside la Unión Europea. Bien es verdad que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa va a oscurecer un poco tan portentoso evento, ya que Zapatero deberá compartir funciones con el presidente del Consejo de la Unión.
Pero eso no amilana al presidente del Gobierno español que, fiel a su trayectoria de proponerse metas titánicas, se ha fijado para este semestre sacar a Europa de la crisis. Nada más y nada menos. No a España, no, a Europa. Sin dudarlo un momento, se ha puesto a la tarea y ha convocado a la Moncloa a algunos de los culpables de los muchos males que hoy sufre Europa. Son socialistas, pero han sido cómplices de la configuración de una Unión Europea neoliberal.
En la Moncloa estaba Delors, a quien se considera padre de la actual unión monetaria, y que ahora dice arrepentirse de que se realizase sin ir acompañada de una unión económica. Pero ahí radica precisamente el problema y la causa de casi todos los males: que se aceptase la constitución de una unión monetaria sin los elementos compensadores necesarios (fiscales, sociales, laborales e incluso financieros) de una unión económica auténtica. En contra de lo afirmado por los reunidos en la Moncloa, lo que las cumbres de París y Bruselas dejaron patente es que los países europeos se mostraron incapaces de dar una respuesta conjunta a la crisis.
La única política en común es la monetaria, e incluso esta con muchas limitaciones. Los bancos europeos no pueden recurrir al BCE de la misma forma que los bancos americanos se dirigen a la Reserva Federal. En Europa han tenido que ser los estados los que saliesen en auxilio de sus entidades financieras. Ni siquiera a la hora de garantizar los depósitos bancarios la respuesta pudo ser común y cada país actuó como pudo y quiso, violentando una vez más el sacrosanto principio de la competencia.
¿Y qué decir de la política fiscal? Bruselas propuso un plan anticrisis de 200.000 millones de euros –el 1,5% del PIB comunitario–, pero, a la hora de la verdad, cuando se examina el desglose, resulta que todo ha quedado a la iniciativa de los estados. De los 200.000 euros, 170.000 los han tenido que aportar e instrumentar los países miembros. Cada uno según se le ha ocurrido. La Unión Europea aporta sólo los 30.000 restantes, aunque tampoco esto es totalmente cierto, porque una parte ha sido un simple préstamo del Banco Europeo de Inversiones y la otra son meros adelantos de los fondos estructurales. Ninguna de estas dos partidas representa un incremento real del gasto comunitario.
No, en Europa no existe una política económica común y, lo que es más, tampoco hay ninguna posibilidad de que en el futuro pueda haberla, desde el mismo momento en que aspectos tan importantes como los fiscales, sociales y laborales,
entre otros, están blindados y sólo pueden modificarse por unanimidad, lo que resulta imposible con 27 países tan heterogéneos.
ANTONIO IZQUIERDO
Catedrático de Sociología
En las crisis económicas, al mercado le sobran trabajadores legales; a la democracia ciudadanos activos; y a los estados población dependiente. Los partidos se afanan en rebañar electores y los gobiernos en recortar derechos. Se trata de un
comportamiento racional y defensivo con consecuencias serias para el orden social, es decir, para la legalidad. Ahí tenemos que situar el caso de Vic y su proclama de clandestinizar a los inmigrantes irregulares.
La propuesta del gobierno municipal de no empadronar a los inmigrantes “sin visado” quizás sea un acierto electoral al precio de minar la convivencia. Entraña una colisión entre el oportunismo político y la construcción de la ciudadanía. En el fondo, esta iniciativa desborda la política de inmigración y conlleva un ataque al estado y a la sustancia social de la democracia. De ahí la importancia de no reducir su análisis a la cuestión inmigrante y al ámbito local.
La propuesta refleja la debilidad de la identidad cívica en la democracia española y las tensiones que estamos viviendo en el Estado de las autonomías. Por un lado, resume la poca influencia que hemos sido capaces de ejercer los ciudadanos en las políticas para salir de la crisis y, por el otro costado, abona la idea de que el voto autoriza a que cada gobierno haga de su capa un sayo y trace los límites de la ley en su territorio. Se sustituye la democracia institucionalizada por la “delegada”.
En el ámbito inmigratorio, el precedente de esta propuesta fue la ideología del inmigrante como trabajador excedente que, con la crisis, debía retornar a su país. Lo cierto es que no hubo retorno masivo sino aumento del desempleo y de la irregularidad y ahora lo que sobran son usuarios de los servicios públicos.
La iniciativa de Vic ha madurado en un contexto de aumento de la vulnerabilidad social que el racismo ha vampirizado electoralmente. Existe la idea de que los inmigrantes están sobreprotegidos. El anterior alcalde de Vic reaccionó ante esta percepción dispersando a los alumnos por los colegios públicos, pero la medida ha resultado insuficiente para fomentar el contacto intercultural y detener la fuga hacia la enseñanza privada. La solución que ahora ofrece el gobierno municipal es clandestinizar a los inmigrantes y a sus hijos.
La medida, de ponerse en práctica, aumentará de inmediato la pobreza de los inmigrantes y su exclusión del espacio público. El proceso de integración legal de los extracomunitarios empieza por los empadronados en situación irregular, prosigue con los residentes iniciales que pueden renovar sus permisos o recaer en la irregularidad y culmina con la obtención del permiso permanente. Al impedir el empadronamiento se dinamita el puente que permite acceder a la legalidad mediante el arraigo social o la regularización colectiva. Reconozcamos que, en medio del vendaval, es difícil que los actores políticos amplíen su horizonte temporal, pero si el consistorio no ofrece otra alternativa, debiera hacerse cargo de los costes de expulsarlos al país de origen para que su iniciativa no repercuta en los municipios vecinos.
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC
Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
Los primeros que apostaron claramente por lo que ahora llamamos sociedad de la información fueron algunos intelectuales marxistas que, en los años sesenta del siglo pasado, analizaron lo que entonces llamaban la revolución científico-técnica. De aquella época es La civilización en la encrucijada, una obra colectiva dirigida por Radovan Richta dedicada a examinar las consecuencias que la automatización de la producción industrial debía tener sobre la organización del trabajo, el desarrollo de las contradicciones internas del capitalismo y el advenimiento de una sociedad sin clases. Duró poco la utopía: los tanques soviéticos se encargaron de borrarla por las calles de Praga en la primavera del 68.
Pero los ecos de aquella idea de la revolución científico-técnica resuenan desde entonces en los discursos sobre la revolución digital y la sociedad de la información. Hay quien ya piensa que la libre descarga de música, películas o libros en Internet es una manifestación palpable del advenimiento de una sociedad igualitaria. Aunque en el bando contrario nos encontramos también con algunas de las otrora llamadas fuerzas de la cultura y de las ahora conocidas como multinacionales del entretenimiento que, para perseguir la piratería digital, estarían dispuestas a imponer un canon hasta para la lectura de libros en las bibliotecas.
Lo primero que deberíamos reconocer es que los cambios tecnológicos a los que asistimos son realmente extraordinarios y, por lo tanto, nadie tiene respuestas definitivas para los nuevos problemas. Así que no tenemos más remedio que ir tanteando y ensayando soluciones. Algunos de esos ensayos, por cierto, están teniendo éxito e implicaciones sociales esperanzadoras: el software de código abierto, las licencias copyleft y la cooperación intelectual, anónima y desinteresada de la Wikipedia, por ejemplo.
Lo segundo es que, en cualquier caso, las soluciones que ensayemos deben partir del reconocimiento de que el creador tiene derecho a intentar vivir libremente de sus creaciones, lo que significa que la propiedad intelectual debe ser protegida de alguna forma (respetuosa con las intenciones del creador) y la piratería digital perseguida por la ley de forma eficaz, pero proporcionada y sensata, claro está.
La tercera consideración es que no debemos empeñarnos en encerrar los nuevos vinos en los odres viejos. Las tecnologías digitales no sólo amplían las posibilidades creativas, sino también los formatos de distribución, uso y disfrute de las obras del espíritu. La vieja amalgama de los contenidos culturales con sus soportes físicos se ha roto para siempre y ahora deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en sacar las consecuencias de esa ruptura para la renovación de la industria cultural.
Las tecnologías nos permiten hacer cosas nuevas, pero la forma como nos organicemos socialmente para gestionarlas no viene impuesta por ellas, sino que depende de lo que nosotros seamos capaces de imaginar y conseguir. La revolución científico-técnica no fue suficiente para preservar la primavera de Praga y ahora ya deberíamos saber que la revolución digital no es la revolución, aunque tampoco permite que las cosas se queden como están.
ÓSCAR CELADOR
Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
El secreto de la buena política consiste en gobernar para todos, pese a que la labor de gobierno normalmente obliga a los políticos a tomar decisiones impopulares que satisfacen a unos pero descontentan a otros. El proyecto de ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo, que acaba de aprobar el Parlamento portugués, es un excelente ejemplo de lo que no debe hacerse en política, pues ha conseguido generar el descontento unánime entre todos los sectores sociales implicados. Los grupos más conservadores, como ya ocurrió en España, no están dispuestos a que se mancille la institución matrimonial permitiendo que dos hombres o dos mujeres contraigan matrimonio entre ellos; mientras que los colectivos defensores de los derechos de los homosexuales critican el hecho de que se les permita contraer matrimonio pero se les prohíba adoptar.
Portugal está a punto de ingresar en el club de países –por cierto, cada vez más numeroso– que reconocen el matrimonio entre dos personas del mismo sexo; sin embargo, puede caer en la incongruencia de ser el único país europeo que reconoce este tipo de uniones pero al mismo tiempo las estigmatiza en el terreno de la adopción. El Parlamento portugués está mandando un mensaje muy peligroso al colectivo homosexual pues, de una parte, ha decidido reconocerle el ejercicio de un derecho, pero, de otra, no lo considera capacitado para ejercer la responsabilidad más importante que pueden asumir los titulares de dicho derecho por razón de su orientación sexual.
El debate portugués sobre la adopción es muy similar al que en su momento se produjo en nuestro país, y está repleto de falsos estereotipos y de prejuicios morales sobre la idoneidad de los adoptantes por su orientación sexual. En la actualidad, numerosos países europeos –incluso algunos de los que no reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo–, permiten que las parejas de hecho puedan adoptar con independencia de la orientación sexual de sus integrantes por dos motivos. Primero, para conceder cobertura jurídica a aquellos supuestos en los que uno de los miembros de la pareja no puede generar vínculos jurídicos con el hijo o el adoptado por su pareja, pese a que en la práctica viene realizando las labores de padre o madre adoptiva. Y, segundo, debido al entendimiento de que la sexualidad y las relaciones de pareja pertenecen a la esfera más íntima y privada de las personas, por lo que no pueden ser utilizadas como vara para medir la capacidad de los individuos para ejercer la adopción.
La homosexualidad ha pasado de ser una práctica perseguida por los poderes públicos a convertirse en una manifestación más del derecho al libre desarrollo de la personalidad en el terreno de la sexualidad, cuyo ejercicio está amparado por el Estado de derecho. De ahí que no tenga sentido y, además, sea hipócrita justificar que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio para evitar su discriminación por razón de la orientación sexual de sus integrantes, y a renglón seguido prohibir que puedan adoptar precisamente debido a su específica orientación sexual.
RAMÓN COTARELO
Catedrático de Ciencias Políticas
Una de las acusaciones más frecuentes de la oposición conservadora al Gobierno es que carece de proyectos concretos y actúa a golpe de improvisaciones y ocurrencias. Es decir, que funciona de modo oportunista. Sin embargo, tal parece ser la línea de conducta de esa misma oposición en lo que constituye un ejemplo claro de mecanismo de transposición o proyección.
A la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el Estatut catalán, recurrido por el PP, el presidente de honor del partido requiere a Rajoy para que defienda más la unidad de España. Pero, en casi todas las cuestiones concretas que configuran esa unidad, la política del PP es distinta, incluso opuesta a sí misma, en cada comunidad autónoma. Recurre en un estatuto lo que aprueba en otros, se opone a la posible prohibición de una fiesta en Catalunya que él mismo suprime en Canarias o rechaza en unas comunidades en que gobierna la implantación de medidas del Gobierno central que acepta en otras.
Ante el riesgo del agravamiento del escándalo de corrupción con el desarrollo procesal del caso Gürtel, aprueba súbitamente un nuevo código ético que, sin embargo, no aplica a los casos pendientes ni a los que sobrevienen.
Enfrentado el partido a reiteradas acusaciones por espionaje ya en los tribunales, responden sus dirigentes formulando otras al Gobierno de igual naturaleza pero mayor calado sin substanciarlas en la vía judicial.
Requerido reiteradamente a que explicite sus fórmulas para resolver la crisis, especialmente en el aspecto del desempleo, Rajoy propone una nueva forma de contrato laboral que reduzca la indemnización por despido a cambio de mayor estabilidad, siendo así que la estabilidad depende en buena medida de la indemnización.
Animado el PP a manifestar lealtad institucional, no es infrecuente que juegue con la estabilidad de las instituciones –bloqueando la renovación de órganos– o que cuestione el funcionamiento de aquellas, sea el Poder Judicial o las fuerzas de seguridad del Estado.
Exhortado a abstenerse de utilizar los asuntos de Estado –desde la lucha contra el terrorismo a la política exterior– para hacer política de partido, recrudece su oposición bien condicionando el apoyo al Gobierno, bien cuestionando o desacreditando su política exterior.
Es cierto que, a más de dos años de las elecciones generales, los sondeos reflejan una pequeña ventaja del PP en intención de voto que corre paralela con el hecho ominoso de que Rajoy aparezca siempre peor valorado que Rodríguez Zapatero. Al margen de que, tratándose de un Gobierno que ha de hacer frente a la peor crisis económica de los últimos tiempos, aquella ventaja resulta casi insignificante, el hecho es que la oposición no muestra proyecto coherente alguno que permita consolidarla y hacerla realidad. Al contrario, da la impresión de actuar según los vicios de que acusa al Gobierno, acumulando ocurrencias e improvisaciones, con lo que, mediando algún tipo de recuperación económica ya en ciernes, resulta verosímil que en el momento de la votación aquella ventaja se trueque en desventaja.
CARLOS TAIBO
Profesor de Ciencia Política
El desalojo policial en Madrid de un centro social okupado, el Patio Maravillas, ha reabierto la magra discusión que entre nosotros provocan proyectos que, como ese, en modo alguno son residuales. Bueno es recordar que la presencia de esta suerte de centros es, muy al contrario, común en muchos de nuestros medios urbanos.
Los centros sociales okupados muestran, como poco, dos dimensiones interesantes. Olvidaré ahora la primera de ellas, que no es otra que la posibilidad de que jóvenes y no tan jóvenes encuentren cobijo en un escenario marcado casi siempre por alquileres próximos a la usura. Mayor interés tiene en estos momentos la segunda dimensión, que nos habla de esos centros como notabilísimos y estimulantes focos de irradiación cultural y pensamiento crítico.
A título de ejemplo, el Patio Maravillas madrileño, como tantos otros, ha acogido en los últimos 30 meses un sinfín de actividades, entre las que se cuentan conciertos, talleres, servicios de asesoría legal y actos públicos a menudo masivos. Un buen termómetro de lo que tenemos entre manos lo ofrece el hecho de que una parte de las sesiones del Foro Social de Madrid previstas para finales de este mes había de celebrarse en ese recinto (y se celebrará, por lo que parece, en su sustituto).
Sí hay que mencionar, con todo, dos carencias que arrastran estos locales: la primera la aporta su indisimulada condición generacional –a poco más atraen que a jóvenes–, en tanto la segunda llega de la mano del escaso atractivo que tienen para lo que llamaré con ligereza la izquierda tradicional, acaso más culpa, bien es cierto, de la miopía de esta última. Agreguemos, para cerrar el panorama, que frente a la imagen, tantas veces difundida por los medios, de antros cerrados, marginales y fuente de delincuencia, es harto frecuente que iniciativas como la del Patio Maravillas disfruten de un general apoyo entre los vecinos del barrio en que han cobrado cuerpo.
Pero, más allá de lo anterior, hay que prestar atención a lo que los centros sociales okupados significan en el terreno de la contestación de dos miserias ingentes que marcan de forma indeleble el derrotero de nuestras sociedades. La primera es la radical supremacía que corresponde a un ocio –el que se ofrece a los jóvenes– dramáticamente impregnado de consumo, de dinero y de atontamiento; importa subrayar la gratuidad, frente a ello, del ocio y de los servicios que proporcionan los centros que ahora nos atraen.
La segunda miseria la configura, cómo no, una especulación inmobiliaria que entre nosotros lo inunda casi todo. A duras penas puede ser casual que, en muchos casos, los inmuebles objeto de okupación sean propiedad de personas de dudosa moralidad que bien saben lo que es el negocio sucio y la presión sobre los dirigentes políticos. Qué tiempos estos en los que quienes especulan y se lucran con el trabajo de los demás campan por sus respetos, mientras son frecuente objeto de represión, demonización y criminalización muchos jóvenes que buscan, con talento y compromiso, horizontes distintos. Los mismos tiempos, bien es cierto, que permiten que quienes llevan años alentando un visible deterioro en las condiciones medioambientales del planeta pongan en la cárcel, incomunicados, a quienes han tenido el coraje y el buen sentido de plantarles cara.
