CARME MIRALLES-GUASCH
Profesora de Geografía urbana
Una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra política de transporte es la utilización del ferrocarril para mercancías. El tren sólo realiza el 4% del transporte total de mercancías. Una asignatura que suspendimos hace años y que nos resta competitividad y eficacia, especialmente en los sectores exportadores.
Francia, uno de los países conectores de las diversas redes nacionales de infraestructuras terrestres europeas, hace tiempo que lo tiene claro y ha puesto en funcionamiento una autopista ferroviaria. Con un itinerario de 1.060 km que conecta Le Bolou (en la frontera francoespañola) con Bettenbourg, en Luxemburgo. Unos trenes que transportan camiones minimizando las rupturas de carga, bajan los índices de accidentes, reducen el tiempo de viaje en un 15% y las emisiones de CO². Además, las inversiones requeridas para su funcionamiento son mucho menores: la totalidad de la autopista ferroviaria francesa costó al presupuesto público 36 millones de euros, lo mismo que cuatro kilómetros de autopista.
Parece que este tipo de iniciativas toma cuerpo en nuestro país. Algunos organismos públicos autonómicos, ciertos puertos del litoral mediterráneo, empresas privadas y RENFE están impulsando la primera autopista ferroviaria española en el corredor del Mediterráneo, desde Algeciras a la frontera francesa.
Además, el Ministerio de Fomento ha anunciado que el impulso del transporte ferroviario de mercancías es prioritario y no puede verse afectado por los recortes presupuestarios. Dicho ministerio está ultimando un plan para dinamizar este tipo de transporte con el objetivo principal de aumentar la cuota de transportes de mercancías. Un objetivo que sólo puede ser creíble si se mejora la conexión ferroviaria con los puertos y se utilizan las redes de ancho ibérico e internacional.
Los días 8 y 9 de junio se celebrará una reunión en Zaragoza de la Comisión Europea para hablar de la Red Transeuropea de Transporte en la que es importante que se aborde el papel del ferrocarril en el transporte de mercancías y su necesaria conexión con los puertos del Mediterráneo. Y que ello sea prioritario para Europa. Sólo así serán creíbles las palabras del ministro cuando habla de conectividad, intermodalidad, tiempo de viaje y seguridad, como los nuevos parámetros que tienen que definir las políticas de transporte en tiempos de recortes presupuestarios.
CARME MIRALLES-GUASCH
Profesora de Geografía Urbana
En muchas ciudades españolas, en algunos centros de trabajo e incluso en ciertas universidades se han organizado Mesas de la movilidad. Una iniciativa que requiere de la participación ciudadana para consensuar las políticas públicas que se quieren implementar sobre movilidad e infraestructuras. La Mesa de movilidad es un instrumento de trabajo que tiene como objetivo llegar a compromisos compartidos sobre un tema, tan importante, polémico y contradictorio, como es la movilidad en la ciudad. Esta iniciativa, que adopta la forma de fórum permanente, es un organismo que, organizado desde la Administración, incluye todas las asociaciones y grupos que de un modo u otro están relacionados con los desplazamientos cotidianos de los ciudadanos: empresas de transporte, lobbies, representantes sindicales y representantes de vecinos y de usuarios de algún modo de transporte.
Esta iniciativa pone de relieve dos aspectos fundamentales de las nuevas políticas públicas urbanas. Por un lado, la participación ciudadana como una de las estrategias imprescindibles para que la ciudad sea el resultado de la corresponsabilidad entre los distintos intereses en juego, sean privados o públicos. Y, por otro lado, para que los ciudadanos se sientan parte del problema y también de la solución, como una nueva forma de entender las capacidades de gobierno colectivas. En ella, los distintos actores urbanos tienen que debatir y ponerse de acuerdo sobre qué modelo de movilidad es más adecuado, cómo se reparte el espacio público entre los distintos modos de transporte y a quién se le concede más protagonismo en las calles.
Además, este instrumento de participación ciudadana pone de relieve, sentando en una misma mesa, los intereses legítimos pero contrapuestos de los distintos agentes sociales. Los ciclistas, los peatones, los conductores, los comerciantes, los vecinos, entre otros, perciben y ven los desplazamientos de formas muy distintas. Unos requieren velocidad y otros seguridad. Unos reivindican aceras más amplias y otros tener más espacio en calzada. Los autobuses necesitan vías segregadas y los ciclistas también. ¿Quién tiene derecho a aparcar su coche si no hay lugar para todos? Las Mesas de la movilidad son instrumentos de participación ciudadana que además de convertir a los ciudadanos en protagonistas de decisiones colectivas, les sumergen en las contradicciones y en las dificultades de llegar a compromisos en un tema tan complejo como este.
