El debate nuclear en España hierve a la misma temperatura que la política. Al contrario que la disputa partidaria, que es de ebullición constante, la polémica sobre las centrales nucleares guarda desde hace tiempo largos periodos de reposo y sólo entra en ignición cuando se produce un hecho relevante.
Ahora le toca el turno al previsto cierre de la central en activo de Santa María de Garoña (Burgos), como hace poco le tocó a la de Zorita asumir el cierre. Cuando el 19 de octubre de 1989 un incendio dañó gravemente la estructura del edificio que alberga al grupo Vandellós I, se impuso el desmantelamiento por razones de seguridad. Nadie se opuso, aunque aún se ignora el coste total de esa obra que pagamos entre todos.
En nuestro país funcionan ocho grupos nucleares, pertenecientes a tres generaciones distintas, distribuidos en seis instalaciones que generan el 20% de la energía eléctrica. Hace pocos años representaban un tercio del total, pero entonces nuestro país tenía déficit y hoy exporta electricidad. El aumento de la potencia instalada, gracias a la eólica y a nuevas centrales de ciclo combinado, ha disminuido el peso relativo de lo nuclear en el mix de producción energética.
Los defensores de la energía nuclear sostienen que es un recurso imprescindible y mucho menos contaminante que el carbón o el petróleo. Sus detractores mantienen que es un riesgo incontrolable en caso de accidente gave, además de que los residuos representan un peligro de contaminación de alta intensidad para generaciones futuras (algunos isótopos del plutonio conservan alta radioactividad durante 24.000 años).El mejor argumento nuclear es la rentabilidad frente a otras fuentes de energía. Sin duda esto es cierto en Francia, que ha hecho de las centrales nucleares una opción de Estado y construido un modelo estandarizado que produce el 75% de la energía nacional bajo la gestión de la empresa pública EDF.
En España hacer números es más difícil.Nuestro país se incorporó a lo nuclear a finales de los sesenta, cuando esta industria, que nació inicialmente como un proceso intermedio para el acceso al arma atómica, se abrió paso como alternativa a las crisis del petróleo. Las inversiones para acometer las centrales de primera generación (Vandellós I, Zorita y Garoña) se hicieron con créditos referenciados con el dólar a 190 pesetas.La organización terrorista ETA, tras el secuestro y asesinato del ingeniero Jose María Ryan, fue determinante en la moratoria nuclear decretada por el Gobierno socialista en octubre de 1983. Pero no sólo Lemóniz, sino otras centrales en construcción o en proyecto fueron paralizadas. Las compañías recibieron en compensación un 2,89% del recibo de la luz que pagan los españoles. Ese porcentaje se elevó después al 3,89%.No fueron esas las únicas ayudas que recibieron las eléctricas y nunca quedó claro qué parte del dinero sufragado por los consumidores fue destinado al coste de la moratoria nuclear y cuál a la reorganización y saneamiento financiero de las compañías.
En paralelo a ese recargo en el recibo, el Gobierno arbitró en 1985 el intercambio de activos entre las empresas que perseguía ese doble objetivo. Esos intercambios, que contribuyeron al equlibrio financiero de las eléctricas, culminaron hace pocos años con Rodrigo Rato en el Gobierno. A Rato también se deben los llamados costes de transición a la competencia (CTC) que la prensa bautizó como “el billón para las eléctricas”.Las centrales nucleares son el único negocio privilegiado que no se hace cargo de todos sus costes. Ni asume la gestión de los residuos ni corre con el riesgo de accidentes, porque ningún consorcio de seguros en el mundo cubre esa póliza. Los paga la sociedad. En el caso español es otro recargo en el recibo que rige desde 1984 hasta el próximo 30 de junio. Enresa ha acumulado así más de 2.800 millones de euros, pero aún no hay fecha para el cementerio nuclear y estos residuos peligrosos, a un ritmo de 1,8 toneladas al año, se amontonan al aire libre porque las piscinas de algunas centrales nucleares están saturadas.
Sobre el cierre, las nucleares españolas se construyeron con una vida útil de 25 años. Luego se concedió una prórroga de 15 más, que para Garoña se cumplen en 2011. El sector pide ahora alargar la vida hasta los 60 años. ¿Y el riesgo?
Algunos políticos pisabrotes, que no pisaverdes, muy en sus zapatos aplastan con decisión las sospechas aunque luego se les escurran por debajo de los pies. Forman esa vanguardia de seguidores de ciertos propagandistas de culto, escritores de tirada larga y ética invisible, que defienden que este no es tiempo de principios sino campo abonado para el interés compuesto. El futuro, vienen a decir, es para gente decidida, que aprovecha el momento y logra beneficios. El cómo apenas importa.
La primera tesis general, que actúa como envolvente de un escenario en el que sólo vale el triunfo, es que con el dinero privado todo el mundo puede hacer lo que quiera. Falso. Existen límites legales y la barrera de que nadie se puede lucrar vulnerando los derechos de otro. Además, está sobre la mesa el ejemplo de cómo la falta de controles permitió crear una estafa financiera que se ha convertido en una crisis económica que sufrimos todos. Principalmente en Estados Unidos, la burbuja financiera causó la quiebra de bancos, que han tenido que ser rescatados con dinero público.
En nuestro país, la teoría de moda es la de que las elecciones lo lavan todo, como si fueran jabón. Olvidan sus defensores que las responsabilidades políticas son personales y el escudo del partido no es de uso recurrente. Pero, ¿cómo va a ser cierto si el sistema electoral español es de lista única bajo unas determinadas siglas? La hipótesis del perdón automático llevaría a hacer responsable a toda una organización de cualquier error de uno de sus militantes. Conduciría a la destrucción y renovación permanente de las estructuras políticas por la conducta de un solo individuo.
Todo esto viene a cuento de la colusión frecuente entre corrupción y política. Por desgracia en España abundan los casos, pero el de actualidad más viva es la trama Gürtel, que lleva cuatro meses en boca de todos. A la hora de las incriminaciones, los representantes elegidos gozan de más protección jurídica; por eso los parlamentarios están aforados. Se trata de un seguro del sistema democrático para salvaguardar la soberanía popular de cualquier ataque interesado. A cambio, los políticos no deben sólo parecer honrados, tienen la obligación de serlo. La razón es que administran el dinero de todos, el que los ciudadanos pagan con sus impuestos.
Cuando se inició la investigación por parte del juez Garzón, la primera reacción de los líderes del PP fue explicar que los contratos con el empresario Francisco Correa y sus socios se habían interrumpido en cuanto Mariano Rajoy pisó la sede del PP en la madrileña calle Génova como presidente del partido. Como esa declaración asumía un problema del pasado y chocaba con los contratos que esa red mantenía en comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por el PP, a los dos días se decidió una nueva estrategia. La ejecutiva nacional en pleno salió a acusar de persecución y campaña inventada la actuación del juez instructor.
Quince iniciativas judiciales del PP contra el magistrado fueron rechazadas. La propia Fiscalía instó al juez a inhibirse en favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia porque resultaron implicados diputados regionales, entre ellos, el presidente valenciano, Francisco Camps. Algunos alcaldes y concejales se vieron forzados a dimitir, no así los parlamentarios. Hace unos días, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el juez instructor del Superior de Madrid elevó el caso al Tribunal Supremo, por la inculpación del eurodiputado Gerardo Galeote, el diputado Jesús Merino y el senador Luis Bárcenas, tesorero del PP.
La estrategia del “todo es falso” ha tenido un recorrido de pasos hacia atrás que pone al partido de espaldas contra la pared. ¿Qué hacen sus líderes respaldando a un tesorero que se paseaba con 330.000 euros en billetes de 500 por si en el camino le salía un cuadro de ocasión? A Bárcenas se le acusa de hacerse con más de un millón de euros en recompensas de la trama y de evasión fiscal en un paraíso aislado y con palmeras. Alguien debe explicar por qué no se defiende solo. La doble tesis de una campaña política, primero para impedir ganar al PP Galicia o las europeas, y luego como venganza, no basta. Queremos saber dónde está el dinero de todos destinado a contratos para amigos y prebendas.
Todas las fuentes que conocen los entresijos de la más alta instancia judicial española coinciden esta vez en un mismo vaticinio: la Sala de lo Penal del Supremo le va a sentar la mano a Garzón. Si así va a ser, tendrán razón los que sospechan que a veces se hacen esbozos de sentencia antes de saber si hay bases para convocar juicio oral por presunta prevaricación.
No es el destino del juez, que tendrá recursos para su defensa y cuenta a su favor con el precedente de que la Junta de Sala de la Audiencia Nacional no apreció delito, lo relevante de este caso, sino la circunstancia de que el Supremo aprovecha este viaje para arremeter de paso contra la Ley de la Memoria Histórica. Y lo hace admitiendo una querella del sindicato franquista Manos Limpias, al que este mismo tribunal en su día rechazó otro recurso por acusación infundada.
La pobre Ley de la Memoria es un piadoso pero inútil intento de permitir que muchos humillados puedan recuperar el nombre de sus antepasados que fueron injustamente fusilados. El Supremo está obligado a respetar las leyes, aunque sabe de sobra que esta norma que tanto parece molestarle es simple papel mojado. No cumple ninguna de las tres pautas que marca la jurisprudencia internacional: ni permite conocer la verdad, ni posibilita restablecer la justicia, ni ofrece reparación. Tampoco facilita medios ni permisos para buscar a los desaparecidos.
Acaso no es tarea del Supremo, pero sí del Poder Judicial, impedir que haya jueces que nunca encuentren tiempo de levantar acta de unos huesos desenterrados que permanecen al sol como si hubieran pertenecido a perros. ¿Más de 70 años después todavía es posible añadir tanta crueldad al dolor de unos familiares que sólo quieren que los restos de los suyos descansen de una vez en una tumba normal? Esa ley, que los jueces están obligados a cumplir, es ya letra muerta.
En la provincia de León, en el alto de Ocero, en un lugar conocido como “La V” por la intersección que dibujan dos carreteras, hay un frondoso pinar de troncos republicanos. Diseminados en ese bosque yacen más de cien paseados, gente fusilada sin juicio, que tuvo que cavar su propia tumba antes de recibir la descarga de unos
desalmados que, en muchos casos, se beneficiaron de los bienes de los muertos. Era un reclamo para activar las denuncias que alimentaron la barbarie. Cuando hace años se amplió la calzada, en el destierre aparecieron restos, pero nadie dijo nada para no parar las obras. Lo urgente era el progreso.
Una viuda que ya es bisabuela costeó con sus ahorros un proceso, buscó testigos, pagó edictos publicados en el BOE y en periódicos sólo para conseguir que su padre pasara de desaparecido a la condición de muerto. Como no hay dinero ni permisos para excavar en terrenos privados, esta señora se tuvo que conformar con un bloque de granito y una placa en la que figura grabado el nombre de su progenitor. Sembró flores en torno a este túmulo figurado y muchas de las veces en las que acude a honrar la memoria de aquel minero las encuentra pisoteadas. Pero esta es una historia triste y humilde que jamás debe enturbiar el afán de justicia del Supremo.
Sin embargo, el Alto Tribunal, a la hora de arremeter contra la ley, aunque el interés primario pueda ser Garzón, no ha dudado ni un instante en elegir como ponente a un juez contaminado, Adolfo Prego. Este magistrado firmó un manifiesto que es un delirio revisionista contra la ley y a favor de la sanguinaria dictadura de Franco, la única en el mundo que se ha ido sin pagar responsabilidad alguna.
Pero los jueces, piensen lo que quieran, no pueden pronunciarse contra las leyes aprobadas por la soberanía que da el pueblo al Congreso, porque su deber es aplicarlas y para ese fin los contribuyentes les pagan. Que está contaminado Prego lo sabe un alumno de primero de Derecho, pero el Supremo aún no se ha enterado.
En las comidillas de Madrid, un destacado miembro del Poder Judicial está dando por sentado ante grupos de periodistas que el supuesto cohecho de Camps quedará archivado antes del próximo 15 de julio. Lástima que la lentitud histórica del Tribunal Supremo no nos permita a la vez ir de vacaciones con más cuentas saldadas y, desde luego, sin memoria.
