Cifuentes vende humo y Madrid lo paga caro

Sol Sánchez Maroto

Coportavoz de IU Madrid

Carlos Sánchez Mato

Responsable de políticas económicas IU

El vergonzoso escándalo del máster “cursado” por Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos ha tenido la virtud para la presidenta de disimular su deficiente gestión al cargo de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Hace poco más de dos semanas, volvió a ejercer sus dotes de vendedora de humo para anunciar una rebaja fiscal. Las medidas supondrían, en caso de ser aprobadas, una rebaja de medio punto en el tipo mínimo del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para conseguir el dudoso honor de ser el más bajo de toda España (9%). Además, se crea una bonificación del 15% en el impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos y del 10% entre tíos y sobrinos carnales. Estas medidas, que supondrán una rebaja 125 millones de euros al año, no hacen más que profundizar la situación en la que la Comunidad de Madrid se ha colocado en estos últimos años: la de ser el paraíso fiscal que compite deslealmente en un marco general profundamente injusto de financiación autonómica.

Llueve sobre mojado porque los pasos dados previamente ya habían dejado claro cuál es la política del Partido Popular en este ámbito. Según los datos de la AEAT de 2015, 15.000 contribuyentes con bienes superiores a los 2,7 millones de euros dejaron de pagar más de 600 millones de euros por la supresión de facto del Impuesto sobre el Patrimonio. Se trata de beneficiar al 0,5% de madrileños y madrileñas y por eso siempre las enmascaran con medidas más generalistas con la única intención de disimular su objetivo de favorecer a las élites.

Imaginen ustedes que van a comprar un determinado producto a una tienda y negocian una rebaja de precio sobre el valor fijado. Y el comerciante acepta ese menor precio dándole la posibilidad de contraer un préstamo bancario para sufragar la diferencia. Si acepta la operación, se irá a casa muy feliz con un producto adquirido a un precio aparentemente inferior y con una deuda que tendrá que pagar a la entidad financiera. Lo que no creo que pueda, después de haber sufrido este timo, es que considere que el responsable del mismo es un buen gestor para la Hacienda Pública.

Aunque pueda parecer cómico, así es como ha financiado el Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en el conjunto del estado estas políticas fiscales de rebajas impositivas. Pidiendo dinero prestado a las entidades bancarias para poder sufragar las reducciones de recaudación derivadas de sus decisiones políticas. Desde junio de 2015 a diciembre de 2017, los datos publicados por el Banco de España dejan muy clara la estafa ya que la Comunidad de Madrid ha incrementado su deuda en 5.610 millones de euros y en el último ejercicio liquidado su déficit ha sido de 1.025 millones de euros, el 27,6% del total de las comunidades autónomas.

No es un proceso nuevo porque la deuda de la Comunidad de Madrid ha pasado de 4.218 millones de euros en el año 2000 a alcanzar la monstruosa cifra de 32.783 millones de euros a finales de 2017. Aunque supere en ritmo de crecimiento a la deuda de Cataluña, por motivos obvios, no será motivo de especial preocupación en los círculos especializados en materia económica.

Nada tendríamos que objetar si el incremento de la deuda de la Comunidad de Madrid hubiera ido destinado a paliar el enorme déficit social en sanidad y educación que no hace más que incrementarse con el paso del tiempo. Pero no. Las políticas del PP, jaleadas y votadas por su fiel aliado Ciudadanos, siguen enterrando las necesidades de la mayoría social deteriorando los servicios públicos para poder seguir beneficiando a las rentas más altas. Porque una rebaja fiscal que podría suponer para cada contribuyente, en el mejor de los casos 35 euros permite a Cifuentes esconder que los 15.000 beneficiados por las medidas que siguen en vigor en relación al Impuesto sobre el Patrimonio, se ahorrarán una media de 40.974 euros anuales. En las modificaciones anunciadas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se estima una pérdida de recaudación de 32,5 millones de euros en favor de unos 10.900 contribuyentes. Es decir, de media supondrá 2.980 euros por beneficiario. Ese cuantioso regalo fiscal, que no alcanzará esa cifra para la mayoría, si permitirá beneficios fiscales enormes para las rentas más altas.

Y, lo “mejor” de todo es que el menor coste fiscal lo pagaremos con más endeudamiento y con deterioro de nuestros servicios públicos.

Hay que reconocer que esa “calificación fantasma” de notable en la asignatura de Financiación Autonómica de ese máster presencial al que no asistió, le ha cundido a la todavía presidenta de la Comunidad de Madrid porque no puede tener otro adjetivo su forma de vender humo que entre todas y todos pagamos.