Antonio Antón
Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid.

Existe una dura y persistente pugna sociopolítica y cultural en torno a dos polos: la dinámica de ‘normalización’, como legitimación del actual orden institucional y económico hegemonizado por la derecha, y la tendencia de cambio social y político. La primera, promovida por el entramado de poder político-económico y mediático que representa el Gobierno del PP. La segunda, representada políticamente por las llamadas fuerzas del cambio: Podemos y sus aliados de Izquierda Unida, convergencias –catalana, gallega, valenciana...- y candidaturas municipalistas, así como otros grupos menores. El PSOE juega un papel ambivalente: mientras la mayoría de su actual dirección participa en la primera, priorizando la gobernabilidad de las derechas y el continuismo estratégico, el grueso de su militancia y su electorado desea diferenciarse del PP y tender puentes con la segunda, apostando por una opción de progreso.

El diagnóstico conlleva cierta prescripción. Hay que ser objetivo y realista en la interpretación de los hechos, al mismo tiempo que explicar el sentido de cada opción política o tendencia social. La tesis aquí defendida es que todavía persisten graves problemas sociales, políticos y económicos que afectan a la mayoría de la población y que, a pesar de la colaboración actual del aparato socialista que le procura la estabilidad del dominio institucional de las derechas, la gobernabilidad no se asienta en un consenso ciudadano mayoritario y la normalización no está asegurada y menos en el medio plazo. Persisten dinámicas favorables al cambio.

Por tanto, el aspecto principal a explicar son las dinámicas de fondo en la sociedad española, aun contando con ese desfavorable contexto económico e institucional, así como del marco europeo. El dilema a responder es: ¿existen suficientes tendencias en las mayorías sociales que indican un proceso adaptativo a la gestión continuista de las derechas y una renuncia a un cambio sustantivo?; ¿se ha iniciado una etapa de ‘post-malestar’, una fase de resignación, con un agotamiento o minoración de las energías transformadoras, reducidas a sectores minoritarios? Adelanto mi respuesta: NO.

El consentimiento al continuismo no es mayoritario

En los aparatos mediáticos dominantes, las opciones centrales bajo las que enmarcan las actitudes de la población, la realidad social y cultural, son dos: O bien, el consentimiento mayoritario a la estabilidad del Gobierno de la derecha y sus principales políticas (económicas, institucionales y territoriales), con leves retoques promovidos por el Partido Socialista; o bien, la simple protesta social minoritaria y radical, con la inoperancia trasformadora, política e institucional. O posibilismo adaptativo, o idealismo estéril.

Al menos desde el año 2010, junto con las graves consecuencias de la crisis, se han implementado de forma autoritaria las políticas regresivas y antisociales del poder liberal conservador europeo. Existe la responsabilidad en su gestión de gobiernos socialdemócratas, que han entrado en crisis, y de forma más cruda de las derechas. Paralelamente, se ha generado un amplio espacio popular progresista y democrático, especialmente en España, y una nueva política alternativa de progreso y cambio institucional, realista y de amplia base ciudadana. Pues bien, los poderosos siguen sin reconocer estos hechos centrales de la experiencia popular y la conciencia ciudadana. Pero, toman nota y buscan la normalización y neutralizar la dinámica de cambio social y político.  

En ese sentido, los programas de Unidos Podemos y sus aliados están conectados con la mejor experiencia popular y democrática. Reflejan aspiraciones de la mayoría ciudadana y expresan un doble cambio político, a corto y medio plazo, basado en la justicia social y la democratización. Por una parte, una democracia económica y social, la consolidación de los derechos sociales y laborales, un Estado de bienestar más protector y redistributivo, un plan de emergencia social o rescate ciudadano... Por otra parte, la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, así como la solución democrática a la cuestión territorial.

Es un plan de reformas sustantivas con un perfil social y democrático, para la mejora inmediata de la situación de la mayoría popular que, evidentemente, choca con los planes de austeridad y la gestión regresiva y prepotente de la crisis sistémica del poder liberal conservador de España y la UE.

En ese marco interpretativo dominante en los grandes medios, las fuerzas continuistas del PP, PSOE y C’s, se supone que ocupan la centralidad del tablero político y la completa hegemonía en la sociedad: es lo sensato, lo seguro o ‘su’ sentido común. No habría alternativa a ese poder establecido y sus políticas; su orientación, especialmente en el ámbito europeo, es una democracia débil y mayor subordinación popular. El cambio real o sustantivo, aunque sea pequeño y lento, no sería posible. Es la vuelta al argumentario oficial, iniciado ya en el año 2010, de la clase gobernante y los grandes medios para justificar la inevitabilidad de los planes de austeridad y neutralizar la indignación cívica y las opciones de cambio de progreso.

Al mismo tiempo, la oposición sociopolítica o la impugnación a esa dinámica sería extremista, minoritaria e irreal, o simplemente estética o simbólica; siempre sin apoyo social ni influencia transformadora, es decir, ‘perdedora’. Es el enfoque falso y sesgado desde el que se intenta marginar y descalificar a Unidos Podemos y sus aliados adjudicándoles esa posición extrema, encerrada en sí misma y sin arraigo popular. Es también cómo se ha querido interpretar la pugna interna en el proceso de Vistalegre 2 y, particularmente, condenar a la nueva dirección de Podemos a la irrelevancia política.

Pero ese marco interpretativo es falso, oculta las bases sociales para el cambio y tiene la intencionalidad política de normalizar la gestión liberal conservadora.

Una mayoría social descontenta

Veamos algunos datos ilustrativos. Según Metroscopia, con datos de primeros de 2017, en los años 2015 y 2016 han disminuido las percepciones negativas sobre la situación económica y política de España. Así, según el gráfico adjunto, la valoración crítica con la dinámica económica ha pasado de más del 90% entre los años 2011-2014, al 80% en el año 2015 y casi al 70% en el año 2016. Una bajada de unos 22 puntos porcentuales. Es significativo ese segmento de casi el 30% de la población que sale de la desconfianza en la evolución político-económica. Igualmente, hay que valorar ese incremento de la aceptación de la situación, aunque no está claro que se vaya a prolongar mucho.

No obstante, el aspecto principal a recalcar es que, aun con esa última tendencia, persiste ese 70% de la población que insiste en esa opinión negativa. Comparado con la fase previa a la crisis económica, entre los años 1996 y 2007, en que la valoración negativa no llegaba a un 30%, tenemos una diferencia de 40 puntos; o sea, ahora los sectores intermedios de la población por sus actitudes críticas se suman a los grupos más desfavorecidos y constituyen una mayoría social descontenta con la gestión económica.

Al mismo tiempo, respecto de la situación política, permanece con ligeros altibajos desde 2012 una percepción negativa de más del 80% de la sociedad (el 85% en marzo de 2017), que contrasta con el menos del 40% manifestado en la etapa pre-austeridad, sin tanto déficit democrático y con menor alarma social por la corrupción. El descontento político es incluso superior al económico.

Fuente: Metroscopia

Pero no es solo un descontento solo con la situación económica, sino también con la gestión gubernamental de la misma. Así, según Metroscopia, a la pregunta ¿Cree que el Gobierno está sabiendo gestionar de forma adecuada la situación económica?, el 73% contesta que NO (36% de los votantes del PP, 89% del PSOE, 97% de Unidos Podemos y 58% de Ciudadanos). Al mismo tiempo, a la pregunta ¿Cómo calificaría la situación política?, contestan el 80%, MALA (63% del PP, 88% del PSOE, 97% de Unidos Podemos y 84% de Ciudadanos). Es decir, hay una gran mayoría de la sociedad, de más del 70%, que expresa su malestar por la gestión económica y la situación política.

Por otro lado, según el último Barómetro del CIS de febrero de 2017, a la pregunta sobre el principal problema (y el 2º y el 3º), las respuestas son las siguientes: el paro, 72,2%; la corrupción y el fraude, 37,3%; los problemas económicos, 27%; los políticos, los partidos y la política, 23,4%. Y a mucha distancia, los demás. Además, en la valoración de la situación económica (en este caso las opciones son tres) los resultados son: 62,1%, MALA; 33,6%, REGULAR, y 3,7%, BUENA.

Tiene también interés la opinión sobre las tendencias y las expectativas. A la pregunta ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año?, las respuesta son: MEJOR, 18,6%; IGUAL, 52,2%; PEOR, 27,2%. Hay diferencias significativas entre los votantes del PP (33,8%, 44,5% y 20,3%) y de Unidos Podemos (7,3%, 52,1% y 40,2%), que indican confianza en un tercio de los votantes del PP y mayor pesimismo en el 40% de los de Unidos Podemos. Si consideramos que la valoración de ‘igual’, cuando se viene de una situación mala, supone consolidación de la gravedad, casi el 80% de la sociedad (64,8% del PP, 83,3% del PSOE, 92,3% de Unidos Podemos y 71,3% de Ciudadanos) considera que es negativa la situación económica del país.

Para contrastar las expectativas, las respuestas sobre cómo será dentro de un año la situación económica del país, son: MEJOR, 21,6%; IGUAL, 42,8%; PEOR, 21,7%. Aquí las diferencias entre los extremos son más grandes. En el caso del PP, expresan mejor el 42,1% e igual y peor el 44,4%; en el caso de Unidos Podemos, el 9% y el 82,5%, respectivamente.

El apoyo juvenil al cambio

Para complementar el análisis de estas tendencias sociales expongo varios datos significativos sobre la percepción de la gente joven (entre 18 y 34 años, con derecho a voto) sobre el cambio en la sociedad actual.

En primer lugar, con datos de Metroscopia, publicados este mes de marzo, para el año 2014 (entre paréntesis los de 2012): Debe cambiarse radicalmente, 25,7% (17,2%); Necesita reformas profundas, 59,7% (55,1%); Puede mejorarse con pequeños cambios, 13,4% (24,2%); Está bien como está, 0,7% (1,8%). Está claro que el continuismo, aun con pequeñas reformas, solo lo avala el 15% de personas jóvenes y la exigencia de reformas profundas o cambios radicales lo desea el 85% (72% en 2012).

En segundo lugar, no es de extrañar el descrédito de la clase gobernante, el bipartidismo del PP y PSOE, que pasa de un apoyo del 56% (23% PP y 33% PSOE) en el año 2008 al suelo del 20% en el año 2015 (9% PP y 11% PSOE), aunque remonta ligeramente en el año 2017 hasta el 27% (14% PP y 13% PSOE). Pero está clara, durante todo este periodo, la ilegitimidad entre la juventud de ambas élites gobernantes.

En tercer lugar, con datos del Centro de Investigaciones Sociológicas-CIS, hay que constatar el pronunciado envejecimiento del electorado del PP y del PSOE y el voto masivo joven a Unidos Podemos (y Ciudadanos). Así, (contando con un 36% de abstención, inferior entre la gente mayor) entre jóvenes (18 a 34 años) el voto a Unidos Podemos (38,7%) más que triplica al del PSOE  (12%) -y duplica al del PP (19%) y Ciudadanos (18%)-. Incluso le supera en el tramo de 35 a 54 años: 26,4% frente al 25,5%; y solo es ampliamente superado por el PSOE entre el electorado de 55 y más años: 37,7% frente al 14,6%, con la consideración que este último segmento de mayores es el doble (41%) que el joven (21%).

En definitiva, el consentimiento ciudadano al continuismo de las políticas socioeconómicas y la gestión autoritaria es minoritario. El malestar cívico por la deriva económica y política es mayoritario, especialmente entre la juventud. Dadas las valoraciones sobre las trayectorias y las expectativas en los últimos dos años se consolidan dos dinámicas: por una parte, se refuerza una minoría significativa, acomodada y conservadora, que considera aceptable la evolución económica y política, aunque no llega a un tercio de la sociedad; por otra parte, permanece una mayoría social descontenta y favorable a los cambios, aun con distinta intensidad.

Y existe una fractura generacional: por un lado, una fuerte composición juvenil que apoya a Unidos Podemos y desea cambios profundos; por otro lado, PP y PSOE se refugian en unas bases electorales envejecidas, sobre todo, entre los mayores de 55 años; en el medio con posiciones más paritarias los sectores de edad intermedia, decisivos. No obstante, se puede decir que el futuro favorece al cambio y que el conservadurismo es el pasado.

Por último, otro dato de interés es la situación objetiva de clase social. Según el estatus económico (con criterios convencionales de nivel de ingresos que usa el CIS) la media del censo estaría distribuida de la siguiente manera: clases trabajadoras, 67,4%; clases medias, 4,8%; clases altas o dominantes, 0,1%. No obstante, para el voto a Unidos Podemos la distribución es, respectivamente, 78,6%, 0,4% y 0%. Hay que advertir que en el primer caso no contestan el 27,8% y en el segundo el 17,9% y que, por otras referencias, podrían encajar mayoritariamente en las clases medias. La valoración, en todo caso, es que en el electorado de Unidos Podemos tienen mayor peso demográfico las clases trabajadoras y que las élites dominantes, económico-financieras e institucionales, se concentran en PP y PSOE.

En conclusión, no hay normalización política, hay bases sociales y culturales para seguir promoviendo el cambio político. Y toda la campaña de propaganda del poder establecido y los principales medios no ha podido torcer esa voluntad popular mayoritaria. El problema no está en la realidad social, sino en el reflejo de los equilibrios institucionales al haber renunciado la dirección socialista a un pacto de progreso por un cambio sustantivo, entrando en conflicto con gran parte de su base social.