Dominio público

De Lisboa a Porto: de la Europa Sostenible a la Europa Social

Estrella Durá Ferrandis

Eurodiputada, S&D Group

Las banderas de los países miembros de la UE delante de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. AFP/SEBASTIEN BOZON
Las banderas de los países miembros de la UE delante de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. AFP/SEBASTIEN BOZON

La Estrategia de Lisboa, puesta en marcha en Marzo de 2000, se planteó como objetivo hacer de Europa la economía más próspera, dinámica y competitiva del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social. Casi 10 años después, en Diciembre de 2009, el Consejo Europeo se propuso revisar la estrategia de Lisboa, lanzando la denominada "Estrategia Europa 2020". Esta estrategia tenía como objetivo, no sólo superar la crisis del 2008, sino también  apostar por un modelo de crecimiento distinto: más inteligente (a través del conocimiento y la innovación); más sostenible (basado en una economía más verde, más eficaz en la gestión de los recursos y más competitiva), y más inclusivo (orientado a reforzar el empleo, la cohesión social y territorial).  Esta estrategia finaliza en Diciembre de este año y es momento por tanto de evaluar sus resultados y definir la futura estrategia de crecimiento a nivel europeo.

Para ello es imprescindible contextualizar la Estrategia de Lisboa entre los dos acontecimientos que la han delimitado temporalmente: la crisis del 2008 y la pandemia de la covid en el 2020.  Así, sus inicios se enmarcan en un contexto político de recuperación, tras la crisis del 2008, centrado en la reducción del gasto público, la consolidación de la deuda y la contención del déficit, que llevaron a la subordinación a los mismos de los objetivos sociales; es decir, a pesar de los adjetivos de "sostenible" e "inclusivo", la implementación de la Estrategia de Lisboa privilegió el crecimiento económico frente a los objetivos sociales. Y, por el otro lado, a punto de finalizar su periodo de vigencia, en el año 2020, Europa se enfrenta a la mayor crisis sanitaria desde hace varios siglos y que ha dado lugar a una crisis económica y sobre todo social que puede tener consecuencias todavía más negativas que la del 2008.

Estos factores políticos, económicos y pandémicos, han ocasionado que los resultados de la Estrategia de Lisboa a nivel social no sean satisfactorios: la reducción de las desigualdades, el pleno empleo de calidad, la pobreza o la exclusión social, siguen siendo desafíos pendientes. Europa se enfrenta a la mayor crisis social desde hace décadas y, ante esta situación, no sólo hace falta más Europa, sino más Europa Social, más Europa con resultados tangibles que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.

Cierto es que una agenda social fuerte se encuentra a menudo limitada por la distribución de competencias entre la UE y los Estados Miembros, pues a la primera le corresponde un papel subsidiario y de apoyo en muchos aspectos. Sin embargo, estas limitaciones han sido típicamente exageradas para disfrazar una oposición ideológica a los avances sociales por parte de las fuerzas conservadoras y liberales. No olvidemos que lo social es el área donde se concreta y focaliza el eje divisorio entre izquierda y derecha y donde se producen los enfrentamientos más enconados. Si la Europa Social avanza poco, mal o de manera tambaleante no es por falta de voluntad de la socialdemocracia, sino por la predominancia de una visión economicista del proyecto europeo que supedita el progreso social al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, a la consecución de los objetivos de déficit y deuda, a la competitividad y al crecimiento a secas.

Con la presión de la socialdemocracia europea en el Parlamento Europeo durante la legislatura anterior conseguimos que se relajaran en cierta medida la aplicación de los criterios de consolidación fiscal y estabilidad presupuestaria, dejando margen a la inversión, pero esto no es suficiente para que se materialice una verdadera Europa Social. También desde el Parlamento Europeo se pidió a la Comisión una propuesta de Pilar Europeo de Derechos Sociales que fue aprobada conjuntamente por Parlamento, Comisión y Consejo en la cumbre de Gotemburgo en Noviembre de 2017, sentando así las bases de lo que a futuro ha de ser la construcción de esta Europa Social;  sin embargo su materialización sigue siendo un reto pendiente.

En este camino hacia una auténtica Europa Social, es necesario diseñar una ambiciosa agenda política, con objetivos claros y vinculantes  e indicadores de sostenibilidad Social. La Cumbre Social Europea prevista para Mayo de 2021 en Oporto es una gran oportunidad para ello. El grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo estamos trabajando ya en lo que consideramos deben ser las prioridades de la Agenda de Oporto; y ello desde dos perspectivas: por un lado, el establecimiento de objetivos e indicadores concretos que orienten la implementación de políticas sociales y su posterior evaluación y, por otro: el diseño de un nuevo marco de gobernanza que controle la implementación de estos nuevos objetivos sociales. Entre los primeros proponemos indicadores cuantitativos para, por ejemplo, salarios mínimos, cobertura a través de convenios colectivos, estabilidad del empleo, directivas para regular el teletrabajo, el derecho a la desconexión, o la salud y seguridad en el trabajo; indicadores de exclusión social (pobreza, sinhogarismo), e indicadores de inversión en sistemas públicos de bienestar social. Por el lado de la gobernanza, consideramos imprescindible que los objetivos sociales tengan algún tipo de exigibilidad obligatoria (al igual que los económicos y ambientales) y que se traduzcan en objetivos nacionales en cada país de la UE. En este sentido, las reformas nacionales, vinculadas con el plan de recuperación, deben incluir Planes específicos de Progreso Social.

Los derechos sociales son un elemento esencial de la ciudadanía europea. No hay futuro para Europa, para una unión civil, política y económica sin una fuerte y verdadera Europa Social. Pero si queremos una verdadera Europa Social, hay que elevar los derechos sociales más allá del paradigma ético, hay que dotarles de eficacia jurídica, hay que otorgar prominencia a las políticas sociales y de empleo junto a las políticas económicas y ambientales. Este es el reto al que se enfrentan las instituciones europeas. La Comisión Europea, y con ella el Consejo y el Parlamento en su labor de colegisladores deben abordar la agenda social desde una perspectiva más transversal y conectada directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. No olvidemos que la parte social es una de las tres dimensiones de este desarrollo sostenible, junto a la económica y medioambiental. El camino de Lisboa a Porto, de la EU2020 a la EU2030 requiere avanzar de la Europa Sostenible a la Europa Social.

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