¿Se imaginan a Rajoy presentando su dimisión después de una convocatoria exitosa de huelga general? ¿O dando un giro a sus políticas antisociales?  No, no me lo imagino, ni tampoco creo que  los sindicatos lo crean. En esta encrucijada histórica la huelga general no parece ser una estrategia destinada al éxito, por que el éxito de esta convocatoria de huelga no es la movilización en si, el éxito es conseguir el cambio de rumbo de las políticas del gobierno o la caída de éste. Por esta razón sería conveniente realizar una profunda reflexión sobre qué métodos son los más adecuados para presionar a los poderes por un lado y para cohesionar a la sociedad por el otro.

Los sindicatos, los partidos, las organizaciones sociales han de recuperar la confianza de los ciudadanos, contribuyendo directamente a la solución de sus problemas, y no sólo con iniciativas legislativas que chocan contra la mayoría que apoya al gobierno o convocatorias de huelga que son ninguneadas desde el poder.  Si el Estado no responde a las preocupaciones de sus ciudadanos y pisotea sus derechos sociales reconocidos en la Constitución, hay que suplantar al estado e intentar paliar de alguna manera el sufrimiento de los más perjudicados por la crisis.  Las formas de presión y de protesta deben evolucionar, ser más participativas, más impactantes en los media, han de exigir más compromiso a los que participan, han de involucrar a toda la sociedad y, sobretodo, han de cabrear al poder, se ha de pasar a la acción directa, sin violencia pero con rotundidad.

Hay muchos  antecedentes del éxito de la acción directa, las protestas de Gandhi en los años treinta contra el monopolio de la sal, las de Martin Luther King contra el segregacionismo, la huelga de los tranvías bajo la dictadura franquista en Barcelona, las acciones del Partido Radical en la Italia de los setenta o las movilizaciones contra los desahucios en muchos países. El Partido Radical hizo de la acción directa su modus operandi. En el año 1975 organizó una campaña de desobediencia civil en clínicas clandestinas a la que siguió el arresto de sus dirigentes, Gianfranco Spadaccia y Emma Bonino, que se declararon corresponsables de los abortos. Dos años más tarde se aprobaba una ley de interrupción del embarazo, después de recoger más de 800.000 firmas. La libertad exige, a veces, sacrificios.

Se me ocurren muchas opciones de acción directa, pero hay una que me estimula poderosamente. Se trataría de reunir cerca de mil millones de euros en una jornada de lucha y movilización de los trabajadores, con el propósito de recaudar todo el dinero correspondiente a lo que se perdería en una jornada de huelga. En lugar de hacer huelga, trabajamos y reunimos un capital.  Los trabajadores que vamos a ir a la huelga el próximo día 14 de noviembre, vamos a renunciar al salario de un día, un salario que se ahorrarán las empresas, tanto las públicas como las privadas.  La última EPA (Encuesta de Población Activa) cuenta 17,238 millones de trabajadores ocupados. El salario medio es de 22790 euros. Si todos los trabajadores contribuyéramos con el salario de un día a un fondo común  reuniríamos cerca de mil quinientos millones de euros, una cantidad nada despreciable. La cifra sería enorme aunque sólo participaran la mitad de los trabajadores.  Ese dinero debería tener un único fin: sustraerlo al Estado para dedicarlo a fines sociales. ¿Cómo? Descontándolo como una desgravación en la declaración de la renta, aunque ello suponga una infracción. El dinero recaudado debería ser gestionado por una fundación dirigida por personas de prestigio y de conducta intachable, de la talla de Arcadi Oliveras, por poner un ejemplo. ¿Qué se podría hacer con ese dinero? Lo que más urgiera. 1000 millones dan para cubrir un salario de 400 euros mensuales durante un año a más de doscientas mil personas. Sirven para gestionar 10 hospitales de tipo medio durante 1 año. O para hacer 2 millones de cursos de formación profesional. O para comprar cerca de 11000 viviendas. O para dar trabajo a cien mil trabajadores de asistencia social durante un año que puedan atender más de 300000 personas dependientes. O para alimentar a más de medio millón de familias durante 365 días. Y una sugerencia más que se me antoja de muy mala leche: con parte de esos recursos se puede investigar a fondo las corruptelas, chanchullos, delitos fiscales del conglomerado político, económico y financiero que apoya el Gobierno.

Alguien dirá con razón que todo eso no lo han de pagar los trabajadores, que se ha de ocupar el Estado, que han de pagar los que más tienen y los que defraudan. Pero mientras eso no ocurra, mientras no haya justicia, vamos a prestigiar a las organizaciones sociales y a la izquierda haciendo que los ciudadanos suplanten al Estado, vamos a ganar la confianza de la población , de los más desposeídos, ocupándonos de ellos, vamos a dar el primer paso para ocupar el poder y cambiar la política económica. Vamos a hacer una acción masiva que ponga en evidencia al gobierno.

Aunque estoy convencido que hay que cambiar de estrategia,  el próximo 14 de noviembre hemos de demostrar a los poderes políticos y económicos que somos más  y mas fuertes que ellos, aunque aparentemente no consigamos doblegarlos.