El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, al que regalan trajes, va a empezar el curso con una cena taurina con militantes. Camps es un hombre frágil que necesita mucho cariño. Eso lo sabe el magistrado De la Rúa y el presidente nacional del partido, Mariano Rajoy, que tanto le debe. A darle ánimos acudirán los vocalistas de la canción del verano: nos espían, nos escuchan, nos persiguen… esto es la Inquisición. Algunos van entendiendo que no les persiguen a ellos, sino el delito, pero siguen tarareando el pegadizo estribillo.
Camps, al que regalan trajes y necesita mucho cariño, posee dos grandes ventajas: la primera, que no sale caro en ropa para el comienzo de curso, y la segunda, que economiza muchísimo en libros. Desde el año 2006, este hombre ha procurado un ahorro bibliográfico de 7,8 millones de euros, nada menos. ¿Cómo es eso? Muy sencillo. Año tras año y curso tras curso rechaza el dinero del Ministerio de Cultura para adquirir libros, incluso en inglés, para las bibliotecas públicas de la comunidad que preside.
Con los datos contrastados, como no podría ser de otro modo, el presidente valenciano ha privado de una provisión de 621.141 libros a sus conciudadanos. Eso es, al menos, lo que resulta de dividir los 7.888.496,93 euros que ha rechazado entre 12,7 euros de coste medio por ejemplar. En eso se ha distanciado de los demás gobernantes autonómicos que, avaros ellos, se han aprestado a recoger la cuota que corresponde a sus comunidades.
¿Por qué razón Camps desprecia el dinero para libros? Tal vez porque la norma le obliga a añadir del presupuesto de su comunidad una cantidad igual a la que recibe y su prioridad sea satisfacer el canon de 90 millones de euros por esa Fórmula 1 que tanto beneficia al conseguidor Alejandro Agag, yerno del amado Aznar. O tal vez porque en España hubo un tiempo, del que algunos no quieren separarse, en el que se consideraba el saber cantidad negativa. Según Mayor Oreja era un tiempo buenísimo. La ley Fraga permitía aplicar el procedimiento de la Inquisición de secuestrar libros y periódicos, reinaba el silencio sobre los abusos del poder y no había que pasar los engorrosos exámenes de la opinión pública.
Sus iniciales aparecieron en un periódico gaditano. Para cometer la fechoría no usó un disfraz, sino unas gafas ahumadas y una gorrilla de propaganda. Pertenecía al “ejército de reserva”. Había militado en el paro obrero y formado parte de lo que el sabio tatarabuelo de los ultraliberales de ogaño, Adam Smith, llamaba “el peso muerto del Estado”. Ahora, ni eso, pues ya no le pagaban el subsidio de desempleo.
Muchos suponían que sobrevivía de exprimir el aire y obtener zumo como los selenitas, pero, en realidad, la parienta y los niños chicos comían en casa de los abuelos y él pateaba la ciudad en busca de trabajo y descansaba en una biblioteca pública, muy fresquita, en la que leía gratis los periódicos y seguía anotando ofertas de empleo para proseguir la búsqueda.
Al anochecer se apostaba en la esquina de un gran supermercado y esperaba a que los empleados sacaran los capachos con los productos caducados, pan duro, fruta pasada y demás materia orgánica aprovechable. Se abalanzaba sobre ella, en feroz competencia con compatriotas e inmigrantes magrebíes, andinos, africanos… Si no andaba listo, aquellos famélicos le birlaban el condumio.
En eso leyó que el Consejo de Ministros se había reunido el 13 de agosto y arbitrado una dádiva de 420 euros para los parados que hubiesen agotado el subsidio de desempleo. Sintió un cosquilleo de alegría; aunque era una limosna, el Gobierno se acordaba de él. Acudió a solicitar la ayuda a aquel organismo que empezaba por la cola y le dijeron que ni saltando más vallas que Marta Domínguez tenía derecho a la misma, pues el efecto retroactivo del decreto era desde el 1 de agosto y él había agotado la prestación varios meses antes.
Cavilando sobre la retroactividad de la limosna, que suele ser la propaganda de los ricos, llegó a la Plaza de la Comparación: 90.000 millones del Estado para socorrer a la banca y sólo 642 para auxiliar a los parados exánimes. Llenó una garrafa con gasolina, agarró una caja de fósforos, entró a una sucursal bancaria, derramó la gasolina, encendió una cerilla y amenazó con soltarla si no le daban la pasta de la caja. Se llevó 5.000 euros. Cuando le detuvieron, dijeron que era un tipo frío, peligrosísimo.
Érase una vez un candidato que prometió no robar. La gente le votó, alcanzó el poder e incurrió en varios delitos de corrupción. Los electores le reprocharon su comportamiento y él argumentó que las campañas electorales son muy caras y que la petición de dinero a los beneficiados de concesiones urbanísticas, obras y adjudicaciones de todo tipo era una práctica común.
Nada más había que hojear la memoria de la Fiscalía para toparse con los Alpes de la corrupción, una montaña con más de 2.000 causas distribuidas por los juzgados de toda España. “Ya, pero usted prometió ser honrado”, insistieron los electores, a lo que él replicó: “Yo les prometí que no robaría, no que no mentiría”. En eso seguía el libro de estilo de sus jefes.
Cuenta José Manuel Caballero Bonald que cuando José María Aznar fue a hacerse la foto con Rafael Alberti, en plena campaña electoral de 1996, este, ya con la mente alejada de la realidad, le recibió porque le dijeron que venía a verle un poeta de Valladolid, no el candidato de la derecha a la Presidencia del Gobierno.
Se desconoce la rentabilidad electoral de aquella foto a traición, pero las privatizaciones a favor de los amigos, los indultos a quienes le ayudaron en Castilla y León, los favores a los que soltaban dinero a las fundaciones instrumentales del partido, etcétera, acabaron siendo simple anécdota en comparación con las mentiras con las que apoyó la guerra de Irak y ante el engaño sobre la autoría de la masacre del 11-M con el que culminó su mandato. Las mentiras del presidente valenciano, Francisco Camps, sobre el pago de los trajes que le regalaban los gürtelianos, no han podido ser soslayadas ni por su incalificable amigo, el magistrado De la Rua, y revelan que Aznar creó escuela.
Luego ya, el afán de impunidad ha llevado a Javier Arenas Bocanegra a quejarse de “una persecución de la Fiscalía y la Policía como no se había visto en 30 años de democracia”. Tal vez no recuerde que al ministro José Luis Corcuera le juzgaron (y absolvieron) por pagar con fondos reservados la bisutería navideña que regalaba a las esposas de altos mandos policiales. Ni antes ni ahora nos merecíamos tantas mentiras.
Los españoles vamos a disponer de la información nominal y rigurosa sobre los campos y batallones de trabajo en los que redimieron su pena más de 200.000 republicanos tras la Guerra Civil. La información se guardaba en los sótanos del Tribunal de Cuentas y ahora va a ser ordenada y digitalizada por la dirección general de archivos del Ministerio de Cultura, de la que es titular Rogelio Blanco, para que pueda ser consultada por los
interesados.
Sólo el índice de los batallones de trabajo a lo largo y ancho de la geografía española ocupa 500 folios por ambas caras. El listado de condenados es enorme. El 1 de enero de 1941, la base de penados del dictador Franco recogía 103.369 personas, de las que 10.000 eran mujeres. La cantidad de obras civiles, puentes, vías ferroviarias, carreteras, diques y restauraciones de edificios que realizaron las brigadas penitenciarias dependientes de aquel organismo denominado “Regiones Devastadas” supera las 50.000 en toda España.
La Iglesia católica, que apoyó la sublevación contra la República y bautizó la guerra como “cruzada”, se benefició como ninguna otra institución del trabajo de los presos. Les obligaron a restaurar parroquias y conventos, a trabajar en sus fincas y curatos, a construir la basílica del Valle de los Caídos en Cuelgamuros, el lugar elegido por el dictador de acuerdo con el constructor Banús para edificar su mausoleo.
Grandes constructoras todavía existentes y decenas de empresas mineras se lucraron del trabajo de los presos, cuya paga era de 2 pesetas al día. De esa cantidad les restaban 1,50 para su manutención, de modo que sólo recibían en mano 0,50 céntimos, según el primer decreto regulador de la remuneración. El salario medio de un trabajador libre era de 10 a 14 pesetas diarias.
Contaba Felipe González que el general Manuel Gutiérrez Mellado le pidió que esperase a que la gente de su generación hubiera muerto para destapar esos datos de la posguerra civil. Han pasado 70 años y llega la hora de contar la historia con pelos y señales, no sólo, como decía Jonh Berguer, para que entendamos lo afortunados que somos ahora, sino, tal vez, para que sepamos que lo contrario del relato es el silencio y el olvido.
