Con la declaración del estado de alarma para cortar por lo sano el chantaje de los controladores aéreos hemos invocado a todos nuestros demonios. Todavía permanece en la retina de varias generaciones la utilización de los estados de excepción por parte de la dictadura como instrumento infame para prevenir y reprimir las protestas ciudadanas. Pero las palabras, fuera del diccionario, tienen una vida propia, con su pasado y su carga emocional, dependiendo de a quién han servido. Y entre ellas se encuentran estado de alarma y ejército.

Lo mismo le ocurre a la voz represión, que es tanto la base de la educación como la espada que ha reprimido históricamente la libertad y la justicia. En el caso del conflicto de los controladores se reproduce la dualidad: se declara el estado de alarma para calmar esa alarma que padecen miles de ciudadanos que se ven maltratados por un puñado de trabajadores, y se alarma al mismo tiempo la clase política que considera que podría haber gato encerrado tras medidas tan extremas.

Hay una izquierda que sospecha dos cosas, que ya es sospechar: sospecha que los controladores pertenecen a la clase obrera, y sospecha además que el fin último de alargar la declaración del estado de alarma es el aplazamiento de una posible huelga legal diseñada en la sombra para estas vacaciones navideñas.

La derecha heredera del franquismo, tan pródigo en recetar estados de excepción (40 años, más o menos) no soporta constatar que la declaración de fuerza por parte del gobierno haya calmado la alarma de los viajeros que tienen entre sus planes volver a casa por Navidad en avión. Y la tranquilidad, ya sabemos, no es buena para los vendedores de alarmas.