Pilar Estébanez,
miembro de La Comuna

Hoy Sábado 27 de febrero, hasta 50 ciudades del Estado español  exigirán vías seguras de acceso a Europa para las personas migrantes y refugiadas en una manifestación que ha venido a clamar un #PasajeSeguroYa...

Los refugiados, la vergüenza europea

La llamada crisis de los refugiados en Europa, con más de 2 millones de personas huyendo de las guerras, no tiene precedentes. La larga guerra de Siria, que dura más de 5 años, los conflictos cronificados de Afganistán, Pakistán, Sudán, Somalia, etc., más los desplazameintos debidos a la instalacion en paises de Oriente Medio del ISIS son sus principales causas. Además, las sequias que asolan el Cuerno de África y la zona Subsahariana, que se añade a su pobreza estructural, están generando también desplazamientos de población hacia Europa.

La respuesta humanitaria está siendo escandalosamente insuficiente y adolece tanto de falta de voluntad política como presupuestaria para hacer frente a las necesidades de esta población. Muchos de estos refugiados e inmigrantes mueren antes de alcanzar nuestras fronteras: han sido registrados ya 3.200 casos de personas ahogadas en 2015 en la  llamada fosa común del Mediterráneo, a los que habría que añadir otros miles de ahogamientos sin registrar.

Quienes consiguen atravesar el Mediterráneo y llegar a nuestro país o son recogidxs en sus frágiles, abarrotadas e inhumanas embarcaciones, muchas veces diezmadas por el mar durante el trayecto, pueden terminar su viaje en un CIE (Centro de Internamiento para Extranjeros), que como veremos son centros de detención que violan los más elementales derechos humanos.

Incumplimiento de la razón de ser de los CIEs

Los CIEs fueron creados por Orden Ministerial en 1999, si bien la reclusión de emigrantes irregulares existe desde 1985. El objetivo de la creación de estos centros dentro de la UE fue el internamiento de personas migrantes, en tanto se tramitaba su posible expulsión a sus países de origen. La normativa española define a estos centros como "establecimientos públicos de carácter no penitenciario", existiendo actualmente ocho en estado español, dependientes del Ministerio del Interior, donde conviven personas con causas penales a la espera de expulsión, junto con otras, la mayoría, que simplemente han cometido una falta administrativa: la de no tener papeles.

El tiempo máximo de internamiento fijado por la ley es de 40 días, que habitualmente se excede ampliamente, y se basa en un informe policial y una decisión judicial que exigen el análisis y la verificación de requisitos como circunstancias personales, arraigo, consulta a ACNUR (organismo de Naciones Unidas para los refugiados) sobre la situación en el país de origen, etc. Sin embargo, la realidad es que no se cumplen dichos requisitos, y se está expulsando a personas a países como Mali y Nigeria, con conflictos bélicos graves.

Tampoco se está cumpliendo el criterio humanitario del arraigo, pues según datos de la propia policía, el 80% de personas internadas llevaban más de cuatro años en España, encontrándonos así actualmente con personas que han huido de la guerra ó de alguna forma de persecución, personas que han logrado escapar de mafias esclavistas, y en general personas que necesitan protección internacional, a las que en cambio se castiga con la privación de libertad en condiciones, como veremos, inhumanas, entre los barrotes de los CIES.

Múltiples testimonios, denuncias y tragedias

Las organizaciones que han logrado visitar esos centros narran que las condiciones son peores que las de las cárceles, ya que, frente a estas, los CIEs están amparados por una opacidad que impide saber las razones de retención o las condiciones y garantías aplicadas,... si es que disponen de garantías. Coinciden también en señañar que lo habitual es la arbitrariedad en cuanto al tiempo de internamiento, así como a la forma y condiciones de expulsión.

El trato indigno empieza desde su llegada, cuando se sustituye su nombre por un número, despersonalizando e invisibilizándoles, práctica denigrante que no se aplica ni en carceles de máxima seguridad. Las comunicaciones con el exterior son inexistentes, no está permitido el uso de móviles, y las visitas de familiares están muy restringidas.

La atención médica no está garantizada, careciendo muchos de los CIEs incluso de enfermería. No existe servicio médico durante las veinticuatro horas, como sí hay en los centros penitenciarios. Sólo se pasa consulta por la mañana, y no se ofrece tratamiento para enfermedades infecciosas, pudiendo estas negligencias dar lugar a trágicos hechos como el sucedido en 2011, como lo que ocurrió a Samba Martine que murió por una meningitis en el CIE de Aluche por falta de atención médica.

Aunque todos los internos tienen por ley asignado un abogado, las condiciones para el desarrollo de su labor es, en general, muy precario. Por ejemplo, cuando un inmigrante es trasladado a otra localidad, su abogado sigue siendo el de la ciudad de la detención, por lo que, en la práctica, deja de tener abogado.

Las quejas de los internos deben tramitarse a través del director del centro, no estando garantizada la posibilidad de que se dirijan directamente al juez de control. Dado que sus quejas en la mayoria de ocasiones están relacionadas con malos tratos y vejaciones de la propia policía, la dirección del Centro las suele utilizar para acelerar el procedimiento de expulsión.

Carlos Olalla, en un reciente e interesante artículo en este mismo diario definía los CIEs como auténticos Guantánamos jurídicos que tenemos en nuestro país. Y relacionaba acertadamente su opacidad con la criminalización del emigrante, de cara a obtener el respaldo social para su expulsión, con el efecto consiguiente de aumento de la xenofobia.

A lo largo de casi 20 años de existencia de estos Centros han sido múltiples las denuncias de las ONGs. En particular, SOS Racismo ha denunciado reiteradamente malos tratos a los internos, tanto psicológicos como físicos. En  abril 2015, el Tribunal Supremo anuló cuatro artículos del reglamento de los CIEs, al admitir parcialmente a trámite los recursos de SOS Racismo, Federación Andalucía Acoge y la Asociación Proderechos Humanos contra su funcionamiento y régimen interior. Según el Tribunal Supremo, esos artículos contradecian las directivas  europeas; pero las direciones de los Centros continuan saltándose estas directivas.

Naciones Unidas (en concreto su grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria) condenó en octubre de 2012 a España por detención arbitraria, discriminación racial y torturas en el CIE del madrileño barrio de Aluche, por el caso del interno magrebí El Hadj, tal y como documenta un informe de SOS Racismo de enero 2013.

Por el cierre inmediato de los CIEs

En síntesis, los CIES son lugares inaceptables desde la perspectiva de los Derechos Humanos y de las bases mismas del Estado de Derecho. Resulta intolerable que en un país como el nuestro, donde las personas detenidas disponen de unas garantías legales de obligado cumplimiento, exista un sistema paralelo y arbitrario de detención de personas cuyo único delito es haber entrado sin permiso en el país, en el que no se aplican ni reconocen esas garantías ni se respetan unas condiciones de internamiento dignas exigibles para cualquier ser humano.

Desde la Comuna, como asociación que tiene su razon de ser fundamental en la persecución de los crimenes del franquismo y la solidaridad frente a todas las formas de represión política y social, consideramos una obligacion moral dar respuesta a estas formas actuales de tortura y represión, y animamos a apoyar todas las iniciativas reclamando el cierre inmediato de los CIES, así como a exigir una urgente política activa y solidaria de Europa hacia la población refugiada.