El Gobierno dio a conocer ayer a sindicatos y grupos parlamentarios su propuesta para la reforma laboral, que prevé aprobar el miércoles próximo. Con independencia de los retoques que se puedan introducir en las próximas horas por la necesidad del Ejecutivo de asegurarse respaldos políticos, el texto introduce cambios sustanciales en las reglas del juego del mercado laboral que, evaluados en su conjunto, conducirán a un escenario de mucha mayor flexibilidad, en la línea de las exigencias liberales. Los puntos más lesivos para los derechos de los trabajadores son la extensión del contrato con indemnización de 33 días, la inclusión de la pérdida económica "no coyuntural" de la empresa como causa de despido procedente (20 días de indemnización) o la concesión de facilidades a las empresas para modificar sus condiciones laborales. También resulta polémica la propuesta de sufragar parcialmente con fondos públicos los despidos para los contratos de 33 días de indemnización.

En el otro lado de la balanza, figuran algunas medidas que pretenden combatir la elevada tasa de temporalidad laboral, que no contentaron ni a la patronal ni a los sindicatos, a los primeros por excesivas y a los segundos por insuficientes. El presidente ha recibido en los últimos días grandes elogios por sus decisiones en materia económica, en su inmensa mayoría procedentes de organismos y líderes de marcada tendencia liberal. Cometería un error si no aprovecha el escaso margen de maniobra que le dejan "los mercados" para reequilibrar su propuesta, demasiado escorada a los postulados de la patronal.