La violencia tiene muchas lecturas y aproximaciones. La Ley incorpora una gran parte de ellas. La Justicia actúa (cuándo así lo quiere o tiene la capacidad de hacerlo) sobre muchas, pero olvida demasiadas. Los pequeños o grandes actos de violencia directa son los más perseguidos, son fáciles de ver y suelen ser cometidos por los más desfavorecidos de la sociedad. Esta violencia debe ser perseguida, sin lugar a dudas. Sin embargo, la violencia estructural y cultural, donde encontramos la pobreza, carecer de una vivienda o trabajo dignos, la falta de garantías democráticas, la represión política... y tantas otras que dice asegurar nuestra Constitución, no llega a los tribunales.

Con la detención de varios de los identificados como violentos en las pasadas protestas del 15M en el Parlament de Catalunya, tenemos un ejemplo de la aplicación de la Ley cuestionable y con métodos policiales desproporcionados. La detención por los Mossos podría haberse evitado enviando una citación a estas personas, como en tantos otros casos. El resultado judicial está por ver. El juez o jueza que se encargue del caso deberá tener en cuenta lo ocurrido y, si hubo violencia, estas personas deberán ser procesadas y condenadas, aplicando la Ley con la proporcionalidad que corresponda. Pero en principio son inocentes, que no se olviden. Y la violencia deberán probarla.

Esto cabe recordarlo porque da la impresión de que el objetivo de estas detenciones, si tenemos en cuenta la forma en que se han realizado, buscan uno de los objetivos preferidos por políticos con tics antidemocráticos: criminalizar a los movimientos sociales y así pasar el mensaje de que protestar es peligroso. Porque si nos quedamos con la idea de que protestar es un crimen, nos dará más miedo salir a la calle.

Esta estrategia de los poderes establecidos es aparentemente inteligente, sí, pero si le damos la vuelta, no lo es tanto. Hoy tenemos otra razón para seguir cohesionando al movimiento 15M y conseguir más apoyo social. Las muestras de solidaridad con las personas imputadas servirán para reactivar el movimiento e incluso conseguir apoyos de la sociedad civil organizada, que ya ha sufrido en otros momentos la criminalización. El reto será comunicar adecuadamente con esa mayoría de gente no movilizada que hasta ahora había mostrado simpatía por indignadas e indignados que se han atrevido a salir a la calle a protestar contra nuestro sistema político y económico. Eso sí, si se prueba que ha habido algún violento entre los detenidos, tendrá que asumir las consecuencias y apartarse del 15M, que ha demostrado sobradamente ser un movimiento pacífico. Pero que no condenen a nadie por protestar, porque protestar no es un crimen.