En defensa de la vida

La obstinación de la jerarquía eclesiástica en la defensa de la sinrazón convierte un sectario y anticientífico comentario de Benedicto XVI en una campaña que, sin duda, incurre en un delito contra la salud pública. Si la primera obligación de todo gobierno es procurar el
bienestar a sus ciudadanos, deberemos asumir que por encima de esa encomienda está la de garantizar su vida, la de luchar contra todo aquello que amenace la supervivencia de la población.

En África, la plaga del sida, en la etapa previa a las campañas de difusión del preservativo, se extendió de una manera terrible alcanzando la cifra de unos 25 millones de afectados. No se entiende que el arzobispo de Granada afirme que “está perfectamente constatado” que el uso masivo de preservativos ha propagado la
enfermedad.

Una vez introducido el debate, el Gobierno debe estudiar a fondo las razones que aportan estos señores y las asociaciones que les representan. Si es cierto que el preservativo propaga la enfermedad en lugar de disminuir el contagio, deben tomarse medidas urgentes y rectificar de inmediato las campañas de prevención. Ahora bien, si, como parece, es lo único efectivo, debe actuarse de forma contundente contra aquellos que intoxican a la población con información sectaria de consecuencias gravísimas. La salud no admite ideología. Del mismo modo que nadie puede hacer proselitismo del consumo y difusión de drogas en los colegios, tampoco se puede permitir que se esté favoreciendo la propagación de una enfermedad incurable. El delito está tipificado. Actúese contra unos, o contra otros, pero no nos dejen a la intemperie.