Solidaridad en acción
Sin duda son fechas que animan a la solidaridad y una prueba evidente es la reciente donación de terrenos, por parte de un empresario de Vilagarcía, a la Fundación Amigos de Galicia para la futura construcción de un almacén para albergar alimentos, ropa y otros artículos básicos que luego servirán para entregar a personas y familias con escasos recursos o que padecen algún tipo de exclusión social de todo el país.
Actuaciones como las que realizan diariamente, y a lo largo de todo el año, Amigos de Galicia, Cáritas, Cruz Roja y otras ONG son muy importantes y necesarias para garantizar un más justo y real estado de bienestar general entre todos los ciudadanos, al no ser capaces, o no querer ni intentarlo, las diferentes administraciones públicas españolas, que son las que, en realidad, deberían garantizar una protección social, económica y jurídica universal para todos, independientemente de su
nivel de renta.
La propia Constitución establece una serie de principios rectores de la política social y económica de obligado cumplimiento, y así señala que "los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa...". ¿ Qué ocurre con las más de 30.000 personas que viven actualmente, en nuestro país, en la más
absoluta indigencia y carecen de techo? ¿Qué sería de todas estas personas si no existieran estas asociaciones y ONG
que velan por la propia dignidad humana?
José Manuel Pena
Riveira (A Coruña)
Curiosa combinación de fuerzas
Cuatro noticias se unen en lo que parece ser una trampa mortal para el currito. A las crecientes tasas de desempleo de nuestra economía se le une una inflación sin precedentes en los últimos 20 años. Mientras que los bancos publican excelentes cuentas con ganancias superiores al 30%, los dos partidos políticos mayoritarios se esfuerzan por reducir la presión fiscal a los más ricos proponiendo la eliminación del impuesto sobre el patrimonio. Curiosa combinación de fuerzas que auguran un negro futuro para los que siempre han pasado por caja.
Diego Andrino Mata

Madrid

No hay motivos para las medallas
"Esperamos que el año acabe con menos de 3.000 muertos". La frase fue pronunciada por el ministro del Interior, quien consideraba que de ser así se estarían cumpliendo los objetivos de la DGT después de las diferentes medidas emprendidas durante el año para reducir la siniestralidad en nuestras carreteras, reforma del Código Penal incluida. Ya tenemos a Rubalcaba, como suele ser costumbre, poniéndose medallas. Por desgracia, el número de accidentes sigue siendo tan elevado en las carreteras españolas que cualquier reducción nos parece una noticia positiva, aunque hablemos de que el número de víctimas mortales se acerque a las 3.000.
La entrada en vigor de sanciones más duras, que castigan hasta con penas de cárcel a los infractores, y el importante aumento de los controles de alcoholemia son medidas necesarias para conseguir que los conductores se conciencien del peligro y la responsabilidad que implica ponerse frente al volante. No obstante, pienso que siempre sería mejor la educación que la sanción. Pero ya se ve que la primera, la educación vial, no funciona, entre otras cosas porque tampoco funciona la educación general. Después estaría el ejemplo, pero si el mismo director general va a 130 km/h por una carretera cuyo límite son 90, mal vamos. Si después de las contundentes medidas punitivas no bajamos más que en unos pocos muertos, el fracaso es monumental. No hay motivos para las medallas.
Jaume Catalán Díaz

Girona

No al Gran Scala
También nosotros escribimos una carta a SS.MM. los Reyes Magos. Y aunque desde las instituciones de esta Comunidad pidieran para nosotros carbón, resulta que SS.MM., que por lo que parece también son defensores del medio ambiente –no en balde llevan más de 2.000 años utilizando el camello como medio de locomoción–, pues oiga, que nos han traído lo que les pedimos.
¿Qué nos han traído? La constitución de una plataforma en contra del mega-proyecto del Gran Scala en Aragón. El próximo 19 de enero, en una asamblea que se celebrará en Fraga, echaremos a andar.
En contra de lo que los promotores de la idea (ILD) y el Gobierno de la Comunidad se empeñan en contarnos un día sí y otro también en los medios de comunicación, existen fisuras. Muchos no estamos de acuerdo con este proyecto. Y no sólo somos los denostados ecologistas los que mostramos nuestro desacuerdo. Gentes de tan variadas y distintas procedencias como la universidad, agricultores y ganaderos de la zona, docentes de Monegros, asociaciones de padres y madres de alumnos, asociaciones vecinales y multitud de ciudadanos dicen no a esta mega-locura. Incluso IU y los Verdes se han atrevido honrosamente a salir a la palestra a opinar en contra. Otros partidos y sindicatos se han posicionado a favor y algunos esperan acontecimientos para dar su opinión.
Solamente hemos echado en falta la opinión de la Iglesia, pero claro, temas como la ludopatía, el modelo de vida y desarrollo para Aragón, la precariedad laboral y la falta de ética u honestidad de este proyecto carecen de importancia para ellos, embarcados como están en hacer campaña para las próximas elecciones.
Nos tildarán de ilusos, de cenizos, del "no a todo", pero sin un debate previo, sin transparencia en las negociaciones y sin dejar oír la opinión de la sociedad aragonesa no estamos dispuestos a dar un cheque en blanco a nuestro Gobierno. Tenemos derecho a saber, a controlar los multimillonarios gastos que se van a generar en este proyecto, a conocer cómo se gastan nuestros impuestos, a luchar por otro modelo de desarrollo para el Aragón rural, a que se proteja el medio ambiente, a un modelo de ciudad sostenible. Sobre todo tenemos derecho a decidir; es el tiempo de la participación social y democrática.
M. Isabel Martínez Álvarez

Zaragoza