Por Diana Moreno (@_diana_moreno_)

Antes de ser la número 3.106 tenía un nombre: Samba Martine. Llegó de República Democrática del Congo y el día que pisó Melilla probablemente imaginaba, como cualquier viajero, que alguien la recibiría y le preguntaría cómo había sido su viaje. ¿Había atravesado el desierto? ¿Había dormido en el Gurugú? Pero en lugar de eso, su nuevo país la recibió con la cárcel: el CETI, un centro de internamiento abarrotado, sin camas suficientes, repleto de otras personas que habían entrado en el país de forma irregular, como ella, y donde los periodistas no tenían acceso. Tres meses allí se hacen largos. Era agosto de 2011.

En el Centro de Estancia Temporal de Melilla no había sitio para Samba. Contra su voluntad, de nuevo sin que nadie la preguntara, cambió el clima melillense por Madrid, una prisión por otra. Era ya noviembre. Samba Martine pasó 38 días retenida en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, donde dejó de tener un nombre y se convirtió en la número 3.106. El nuevo edificio era de color ámbar y tenía ventanas azules y opacas. Esa opacidad no era sólo física: tampoco los periodistas tienen acceso a ese centro, y las historias que ocurren dentro quedan escondidas, no narradas, como si no hubieran sucedido nunca. Ahora, ocho años después, empieza el juicio para que su muerte no corra esa suerte y para tratar de unir los pedazos que faltan: por qué Samba encontró la muerte en aquel CIE tras una larga agonía, cómo es posible que muriera por enfermedades que podían haber sido tratadas, por qué nadie la escuchó pedir ayuda y, en definitiva, cómo puede existir un sistema que convierte a personas como ella en números y les niega el derecho, incluso, a ser escuchadas.

"En mi opinión, el sistema de funcionamiento del centro de internamiento tiene una estructura que propicia y ha propiciado el fallecimiento de Samba", explica a los medios Ramiro García de Dios, quien fuera el juez de control del CIE de Aluche el día que ella murió. Lo dice a las puertas del Juzgado de lo Penal nº 21 el pasado 3 de junio, día de la primera jornada del juicio. Samba estuvo en unas condiciones, añade, que no le extraña que condujeran a su muerte. En ninguna cárcel debería negarse el auxilio médico, y menos en una donde no hay delincuentes sino personas que simplemente han cometido faltas administrativas. Dicen que Samba pidió ayuda hasta once veces. Un informe de Cruz Roja, una de las pocas organizaciones a las que permiten entrar en el CIE de Aluche, ha revelado el abandono que la mujer atravesó, como quien cruza un desierto, los días antes de su muerte. García de Dios admite haber visto muchas veces en el CIE a personas con 41 grados de fiebre tiradas en el suelo: "Lo único que decían era que como el centro estaba a su máxima capacidad, no se podía hacer otra cosa", señala. El malestar de Samba era tan evidente y el abandono tal que sus compañeras llegaron a pedir papel y sobres para escribir una carta al juzgado de control, para denunciar la desatención que había hecho empeorar a su compañera. Sólo cuando el estado de Samba ya era crítico fue trasladada al hospital; la llevaron en coche policial y no en ambulancia, como para que no olvidara la sombra del supuesto delito. Una de las agentes de policía sugirió que fuera descalza, que "daba igual", según el informe de Cruz Roja. Uno de los policías se negó a ayudarla a bajar las escaleras hacia el coche y dijo que no era su trabajo. En el juicio, una testigo de Cruz Roja recordó cómo Samba, ya en el coche policial que la llevaría al hospital, repetía las palabras "me muero". Efectivamente, no pudieron hacer nada y Samba murió poco después, el 19 de diciembre de 2011.

"Samba sabía que se moría pero nadie la escuchó", apunta Patricia Fernández, abogada y representante de la acusación popular, quien denuncia que se dieron una serie de imprudencias graves y por lo tanto criminales. En el reconocimiento médico debieron haberle preguntado y no lo hicieron, explica. No se realizó ni una prueba diagnóstica durante los 38 fatídicos días. "Todas las pautas clínicas que se hicieron fueron puramente sintomáticas para paliar los síntomas, pero no para tratar la enfermedad", denuncia Fernández. No se sabía qué tenía, por lo tanto no se trató, por lo tanto se murió, concluye.

Por el contrario, el Juzgado de Instrucción nº 38 expresó en su día que no existió conducta negligente por parte de los médicos y archivó la denuncia presentada por la familia de Samba y por SOS Racismo y Ferrocarril Clandestino. El caso fue reabierto por la Audiencia Provincial de Madrid debido a la insistencia de esta acusación popular y el juicio comienza ahora. Hay tres personas acusadas de homicidio por imprudencia, aunque sólo una se ha sentado en el banquillo: el médico que atendió a Samba los días 15 y 30 de noviembre. Los otros dos (un doctor y una enfermera) están en búsqueda y captura. Todos trabajaban para la empresa Sermedes S.L., que por entonces prestaba el servicio de atención sanitaria al CIE.

Para Fernández, es evidente que el CIE no es un lugar para personas enfermas, y cree que es el momento de exigir "que se arroje luz sobre lo que ocurre en el interior" de estos centros, "que los principios de humanidad, dignidad y de los derechos humanos sean reconocidos a todas las personas migrantes". Para ella eso exige el cierre de los CIE, ya que casos como éste demuestran que son "incompatibles con la dignidad de las personas". Le dan la razón testimonios recientes que aseguran que en el CIE de Aluche se tortura. García de Dios opina que las condiciones de este centro han mejorado desde que él se jubiló, en 2018, en parte debido a que establecieron sistemas  "para que quedara muy claro cuál era la asistencia efectiva que se había prestado a las personas internamente", porque, según opina, "en las épocas que ocurre la muerte de Samba no había absolutamente ninguna garantía de control".

Aún hoy es difícil explicar por qué nadie escuchó a Samba. Quizá no entendieron su idioma, o su angustia; quizá existe un sistema diseñado para silenciar a personas como ella y borrar sus historias. ¿Puede cargarse toda la responsabilidad de su muerte sobre un solo médico y una empresa? Algunos creen que no y apuntan a quien fuera jefe de seguridad en la época de la muerte de Samba, hoy director del CIE de Aluche: Antonio Montes Rodríguez. Según Ramiro García de Dios, "el director del centro de internamiento actual, que era jefe de seguridad, es un hombre que en vez de velar, como su deber de garante se lo impone, por las garantías de salud de las personas internadas, está preocupado nada más con una mentalidad securitaria, represiva". Coinciden los colectivos que, también a las puertas del juzgado, han realizado una concentración para exigir justicia, el cierre de los CIE y el cese inmediato de Montes Rodríguez, a quien consideran "el responsable último". Aquel encuentro estuvo encabezado por organizaciones como Karibú, Red Interlavapiés, CIEs No o la Red Solidaria de Acogida, que se ha sumado a los numerosos actos de homenaje ofrecidos a Samba Martine en estos últimos ocho años por parte de quienes sí le habrían preguntado por su viaje, la habrían llamado por su nombre y habrían querido conocer su historia.