• "Por las refugiadas, las supervivientes precarizadas que no pueden acceder al trabajo por no tener papeles y las que trabajan sin que se respeten sus derechos laborales", reza la petición.

Salvador Carnicero / Fundación porCausa

Las personas migrantes en situación irregular no pueden acceder al sistema sanitario o a unas condiciones laborales dignas, y esta condición de vulnerabilidad se agrava en un contexto de crisis sanitaria y económica. Es por eso que, bajo la campaña #RegularizacionYa, más de 120 organizaciones, colectivos, asociaciones y fundaciones pro derechos humanos han firmado un documento colaborativo en el que piden a las autoridades la regularización de todas las personas migrantes en territorio español, así como otras medidas urgentes para garantizar sus derechos.

La iniciativa #RegularizacionYa, de carácter espontáneo y horizontal, nace de "una acción articulada en una red estatal de colectivas migrantes y antirracistas  autoorganizadas" que "alza la voz por las personas confinadas en los CETI y las que puedan quedar en los CIE, por la infancia que migra sola y por quienes quedaron silenciadas en el mar", así como por "las refugiadas, las supervivientes precarizadas que no pueden acceder al trabajo por no tener papeles y las que trabajan sin que se respeten sus derechos laborales".

La campaña cita las declaraciones del relator especial de Naciones Unidas sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos, Philip Alston, tras su reciente visita a los temporeros de Huelva y a las trabajadoras del hogar y los cuidados en Madrid. El representante de la ONU afirmó ya en febrero y antes de que la crisis de la COVID-19 llegara a España que el Gobierno estaba "fallando" a los más vulnerables y que "no se toma en serio" su situación de emergencia vital.

Entre los más de 120 colectivos firmantes se encuentran redes migrantes, como la Comunidad Centroamericana en España; asociaciones de trabajadoras del hogar como el Sindicato de Cuidadoras Sin Papeles y los sindicatos de manteros y vendedores ambulantes de Madrid y Barcelona. También suscriben esta campaña la Fundación porCausa y diversos colectivos, como SOS Racismo y la Asociación Antirracista Raíces, al igual que organizaciones feministas como la Associació Ca la Dona y la Assemblea Feminista 8M València. El documento está dirigido al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, el vicepresidente Pablo Iglesias, la ministra de Igualdad, Irene Montero, la de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y los titulares de las carteras de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, e Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como al Defensor del Pueblo.

Peticiones al Gobierno

Los colectivos firmantes piden al Gobierno su actuación en diversos puntos concretos que requieren una acción coordinada entre los diferentes ministerios. El más general es la regularización "amplia y extraordinaria" de todas las personas migrantes que viven en territorio español, medida que pide que se priorice su condición de habitantes a los requisitos "que impone la Ley de Extranjería". 

Más concreta es la resolución "favorable e inmediata" de todas las solicitudes y expedientes de asilo y refugio, paralizadas durante la crisis del coronavirus. Los demandantes también añaden la petición de que el Gobierno asegure "procedimientos y medios administrativos expeditos para la tramitación y resolución" de dichos expedientes.

En el aspecto del cuidado a los menores y chavales extranjeros "sin referentes adultos en el Estado español", piden priorizar "el derecho a la vida familiar y el interés superior del menor" en los trámites de regularización familiar frente a otros requisitos administrativos, así como un sustento económico y apoyo socio-educativo para la infancia y la juventud migrante.

Con relación a los mecanismos de control migratorio, el documento pide la liberación "inmediata" de las personas internas en el CIE de Algeciras y en los CETI de Ceuta y Melilla, por medio de la "anulación de todos los expedientes de deportación". En este sentido, exige la "agilización de los laissez-passez" y el cierre definitivo de estas instalaciones. Por último, demandan la erradicación de las acciones discriminatorias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la violencia policial contra las personas migrantes. También proponen "sanciones efectivas" en respuesta a esta violencia.

La petición de estos colectivos al gobierno de España se produce en el marco de la crisis del covid19, que pone de relieve la vulnerabilidad y desprotección de buena parte del colectivo migrante, y llega dos semanas después de que  el Gobierno portugués anunciara la regularización exprés de las personas que se encontraban a la espera de tramitar su residencia. "Asegurar el acceso de los ciudadanos migrantes a la salud, a la Seguridad Social, a la estabilidad en el empleo y la vivienda es un deber de una sociedad solidaria en tiempos de crisis", afirmó el primer ministro luso, António Costa.

Las demandas de la campaña se apoyan en el mensaje estatal de responsabilidad individual y colectiva para superar la crisis (#EsteVirusLoParamosUnidos, #QuédateEnCasa), incidiendo en la necesidad de igualar los derechos de los colectivos más vulnerables a los del resto de ciudadanos: si la responsabilidad de combatir el virus es de todos los habitantes, los derechos de los colectivos más vulnerables deben ser los mismos que los del resto de la ciudadanía. En otras palabras, los mismos deberes exigidos deben acompañarse de los mismos derechos.