Con negritas

Aguirre y la desunión del pequeño comercio

Los pequeños empresarios están que trinan por la ley de modernización del comercio que prepara el equipo de gobierno de ESPERANZA AGUIRRE, uno de cuyos pilares básicos es la ampliación de horarios, que la Comunidad de Madrid comenzó a ensayar en la concurrida zona de la Puerta del Sol hace ahora dos meses.

La Confederación Española de Comercio (CNC), que preside PERE LLORENS y tiene especial arraigo en Cataluña, ha salido en tromba contra la nueva ley por considerar que encierra una "salvaje liberalización" del sector que sólo beneficiará a las grandes superficies.

HILARIO ALFARO, líder de COCEM, que agrupa a las tiendas donde se venden productos textiles, a las perfumerías y a las peleterías, ha ido más lejos y ha cifrado en 100.000 puestos de trabajo el quebranto que la ley puede ocasionar en materia de empleo.

Los pequeños empresarios, sin embargo, no están unidos sobre el particular. La patronal regional, CEIM, y la Conferencia Madrileña de Comercio y Servicios (CECOMA) han dado abiertamente su visto bueno a la iniciativa de Aguirre, a sabiendas de que eso les iba a costar el reproche de algunos de sus compañeros.

Ambos apoyos eran, empero, previsibles. CEIM está controlada por el reputado restaurador ARTURO FERNÁNDEZ, cuñado del presidente de CEOE, GERARDO DÍAZ FERRÁN, que es a su vez una persona muy cercana a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Al frente de CECOMA, por otra parte, se encuentra SALVADOR SANTOS CAMPANO, máximo responsable también de la Cámara de Comercio de Madrid y a quien Aguirre marca de cerca desde que se resistió al controvertido nombramiento de LUIS EDUARDO CORTES como presidente de Ifema a finales del año pasado.

Pese al malestar interno que eso originó en la Cámara, Santos Campano acabó cediendo al comprobar la determinación de Aguirre a moverle el sillón si no se plegaba a sus deseos. Otro hombre de la cuerda de la presidenta, MIGUEL CORSINI, es el número dos de la institución desde entonces.

El rifirrafe entre patronales a propósito de la ley de modernización del comercio de Madrid viene a poner de manifiesto, una vez más, las viejas contradicciones del modelo organizativo de los empresarios españoles, que pretende integrar intereses a menudo contrapuestos en aras de una unidad que en casos así se revela inalcanzable.

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