Las cajas de ahorro siempre han sido unas entidades especialmente cerradas en sí mismas, cuyas tripas empiezan a asomar ahora por el desgarrón que la crisis inmobiliaria ha inferido a algunas de ellas. En conjunto, su exposición al ladrillo representa un 70% de total de los créditos que tienen concedidos (la de los bancos es del 50%) y, según están las cosas, es inevitable que eso afecte a sus resultados. Un ejemplo: CAJA ESPAÑA ganó en 2008 un 70,1% menos porque, con una mora cercana al 4%, tuvo que dedicar a saneamientos 214 millones de euros, cifra que casi quintuplica sus beneficios.

El miedo a que colapsen las cajas, que tienen por lo general un notable arraigo social, y a que pongan en entredicho la tutela pública a la que están sujetas, ha precipitado movimientos de distinto alcance. En unos casos se trata de fusiones dentro de una misma comunidad (País Vasco y Castilla y León) y en otros de inusuales operaciones interregionales (UNICAJA y CAJA CASTILLA-LA MANCHA). Pero, de momento, pese a que traen causa de un manifiesto impulso político, o precisamente por ello, todos han resultados fallidos o pueden tropezar con una contestación muy fuerte.

La frustrada unión de la BBK y la KUTXA DE GIPUZKOA, que la asamblea de esta última echó por tierra a finales de noviembre cuando parecía atada y bien atada, fue una clara advertencia. El PNV deseaba vivamente que el proceso se llevara a término antes de las elecciones autonómicas, en previsión de un revés que le apee del Gobierno y merme su influencia en ambas cajas. Sin embargo, otros intereses se cruzaron en el camino de los nacionalistas, y eso permitió que el PSE, partidario de esperar al 1 de marzo por razones obvias, se saliera de rebote con la suya.

En Castilla y León tampoco ha prosperado la integración de las seis cajas de la región propuesta por la Junta, en manos del PP, que ha tenido que enfrentarse a una rebelión de sus máximos responsables. Tras descartar el proyecto por no ser "conveniente ni oportuno", en el futuro serán los consejos de administración los que tomen la iniciativa de emprender una eventual negociación. Con esta bofetada se ha puesto de manifiesto, una vez más, la creciente reticencia de las cajas, no necesariamente filantrópica, a someterse sin más a los designios políticos.

Solidaridad socialista

La operación más avanzada a día de hoy es la que puede culminar con la fusión de Unicaja y Caja Castilla-La Mancha, alentada por el PSOE, que tiene el control sobre ambas. Con ella se pretende paliar el agujero que en la segunda ha causado de las suspensiones de pagos de MARTINSA FADESA (90 millones de euros, una tercera parte de su beneficio de 2007) y DHO. Por culpa de estos y otros quebrantos, Caja Castilla-La Mancha ganó el año pasado un 81,1% menos que el anterior.

Unanimidad imposible

Los gobiernos de Andalucía y Castilla-La Mancha aceptan la fusión, aunque a Manuel Chaves costó convencerlo por el lastre que puede endosarle a Unicaja. Sin embargo, parece inalcanzable un consenso político al respecto, pues el PP se niega a dar su respaldo en las dos regiones, consciente del rédito que probablemente obtendría si cayera una caja administrada por los socialistas. En el consejo de Unicaja, aunque por razones distintas, tampoco entusiasma la idea de un matrimonio a la fuerza.

¿Qué fue de Caja Madrid?

En medio de este ajetreo, poco destacable ha vuelto a saberse de la lucha en torno a CAJA MADRID, que ha pasado a un segundo plano tras la aparatosa irrupción en escena de los episodios de espionaje y corrupción que asedian al gobierno de Esperanza Aguirre. Si hace un par de meses parecía que a la presidenta le iba la vida en el asalto a la cuarta institución financiera del país, ahora sus prioridades son otras. Pero seguro que, tarde o temprano, vuelve a la carga con tanto brío como antes.