La erupción del volcán islandés Eyjafjalla está causando un serio quebranto a la aviación comercial, que para las seis principales líneas aéreas europeas (LUFTHANSA, AIR FRANCE-KLM, BRITISH AIRWAYS, IBERIA, EASYJET y RYANAIR) puede traducirse en una merma de los ingresos de entre 600 y 700 millones de euros. No resulta extraño, por ello, que se hayan solicitado ayudas a los gobiernos, teniendo en cuenta además que llueve sobre mojado, pues el sector arrastra varios años consecutivos de números rojos por culpa del retroceso de la demanda derivado de la crisis económica mundial. En 2009, según los cálculos de la IATA, la industria perdió en conjunto más de 8.100 millones y para el presente ejercicio la previsión era de otros 2.000 antes de que se desencadenara el fenómeno natural que desde el jueves ha obligado a cancelar miles de vuelos.

Que las compañías apelen al erario público para capear el temporal es comprensible, a la vista sobre todo de la prodigalidad que muchos estados demostraron, fundamentalmente con los bancos, cuando estaba en riesgo la estabilidad de los mercados financieros. Pero eso no quiere decir que exista la obligación de atender ipso facto sus demandas y menos aún que el apoyo, si finalmente se les presta, deba ser incondicional. Aunque el origen fuese imprevisible y ajeno a la voluntad de los operadores, el comportamiento de algunos de ellos con los pasajeros deja mucho que desear, ya sea porque simple y llanamente los han abandonado a su suerte en los aeropuertos o porque les están poniendo todo tipo de pegas para recuperar el dinero que pagaron. Sería paradójico que, a la postre, quienes han recibido semejante trato tuvieran que auxiliar luego a los culpables con sus impuestos.

Para crear mala conciencia a los gobiernos y así presionarlos, las líneas aéreas se quejan de que las medidas cautelares adoptadas en un primer momento se tomaron precipitadamente y "sin pruebas claras". Por supuesto, están en su pleno derecho de hacerlo si lo creen así, de la misma manera que las autoridades tienen el deber de proteger por encima de cualquier otra consideración la seguridad de las personas. Aunque voluntaria o involuntariamente se puedan pasar de frenada.