Pese al controvertido veto del Gobierno de JOSÉ SÓCRATES a la operación, Teléfonica no ha perdido la esperanza de hacerse con el control de Vivo. Su oferta de 7.150 millones de euros, que la junta de Portugal Telecom (PT) aceptó el pasado miércoles por amplia mayoría, seguirá en pie hasta mediados de julio. Entretanto, se espera un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE contrario a la pervivencia de la acción de oro todavía vigente en Portugal.

Sin embargo, aunque el fallo se produzca en los términos previstos, no hay garantía alguna de que el Gobierno luso vaya a prescindir de inmediato de un instrumento tan valioso. España, sin ir más lejos, tardó dos años y medio en hacerlo. La sentencia se conoció en mayo de 2003, siendo vicepresidente económico RODRIGO RATO, pero la acción de oro siguió existiendo hasta su derogación por PEDRO SOLBES en noviembre de 2005.

Es verdad que no fue utilizada formalmente ni antes ni después de que el Tribunal de Justicia de la UE declarara su ilegalidad. Ahora bien, la espada de Damocles siempre estuvo ahí, a modo de amenaza para quien tuviera la tentación de meter la nariz en las grandes empresas públicas privatizadas.

Este sombrío precedente no desanima a CÉSAR ALIERTA, que ha echado el resto para quedarse con Vivo, consciente del prometedor futuro del mercado brasileño. Su oferta equivale a 35 veces el beneficio de esa operadora y supera también la capitalización que tenía PT antes de que se supieran las intenciones de Telefónica. No puede extrañar, por ello, que el 74% del capital representado en la junta, incluyendo elementos del núcleo duro portugués, admitiera la propuesta.

El veto de Sócrates, con independencia del tiempo que esté en vigor, no sólo supone un serio revés para los planes de Telefónica, sino que probablemente tendrá consecuencias indeseadas también para Portugal. En Bruselas se lo han tomado como un desafío, a pesar de que la acción de oro no ha sido abolida definitivamente debido, al menos en parte, a la falta de diligencia de las instituciones comunitarias. Y algunos inversores nacionales y extranjeros, tan refractarios al proteccionismo cuando no les interesa, van a renegar de Portugal mientras el Gobierno conserve este tipo de mecanismos de defensa.