Opinion · Contraparte

Turismo a todo trapo o el caso de Divino Pastor

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Ana Encinas (@anaencinasd) y Sonia Martínez (@lventnousporte)

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El martes, en el próximo pleno del Ayuntamiento de Madrid, se somete para su aprobación el Plan Especial que convertirá el edificio situado en la calle Divino Pastor núm. 9 en apartamentos turísticos. Este inmueble está en el barrio de Universidad (Malasaña), dentro del distrito Centro, una de las zonas más afectadas por la saturación de oferta turística que se da en determinadas zonas de la ciudad. El documento para el cambio de uso se lleva al pleno de enero después de que se retirase por errores formales su inclusión en la sesión del mes de diciembre.

Esta nueva licencia para el hospedaje coincide en el tiempo con la apertura del debate sobre los efectos que la gentrificación o la turistización provocan en nuestras ciudades. Desde el mismo área de Desarrollo Urbano Sostenible han mostrado su preocupación por estos fenómenos, que se dan en niveles similares en los centros urbanos de Madrid y Barcelona, con la diferencia de que en la última llevan pasos de ventaja en lo que a limitación de licencias para la apertura de establecimientos dedicados a la oferta de alojamiento se refiere.

La oferta de apartamentos turísticos en Madrid se estima,según datos del informe elaborado por el área de Desarrollo Urbano Sostenible, en un total de 6.448 habitaciones, 657 de ellas en el distrito Centro. En relación a la oferta hotelera total (desde hoteles hasta albergues) “con diferencia, el distrito Centro es el que acoge mayor número de establecimientos, 476, con 18.500 habitaciones, lo que supone un 34% del total de las disponibles en la ciudad”, según se extrae literalmente del mismo documento.

En el barrio de Universidad, el porcentaje de población flotante es del 20%, calculado sobre la base de la población residente y tomando los datos del número de plazas turísticas reguladas del mismo informe del ayuntamiento. Esta cifra contrasta de manera preocupante con la media del 3% que se mantiene a nivel municipal. Madrid aún no ha encarado una regulación ante la concentración de la oferta turística, mientras que en Barcelona se abordó el proceso de turistización en marzo del año pasado con la aprobación del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos, en la “apuesta por un decrecimiento natural en el centro de la ciudad” y procurando un “crecimiento sostenido” en las zonas que no están saturadas.

En los sectores donde el porcentaje de población flotante respecto a la población residente supera el 15% no se permite, de acuerdo con esta regulación, la apertura de nuevos alojamientos cuando alguno cesa su actividad. Si esta normativa se trasladara al caso madrileño, no se abrirían nuevos hoteles en los barrios de Sol, Cortes, Universidad, Justicia y Palacio. Si además al calcularlo atendiésemos a la media de Madrid, donde este límite se situaría en el 6%, tampoco se permitirían más aperturas en el barrio de Embajadores.

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La venta de Divino Pastor, entre la Gürtel y la familia Capriles

El edificio que albergará los 14 apartamentos turísticos previstos tiene una superficie de más de dos mil metros cuadrados repartidos en cinco plantas, un sótano y una bajocubierta y pasará en su totalidad de uso para oficinas a terciario en clase de hospedaje. Fue de propiedad municipal hasta el año 2014, cuando fue comprado por la sociedad Fernando VI 10 S.L, después de que se convocasen (desde 2012) hasta 4 subastas para su enajenación que quedaron desiertas. La compra, al final, se produjo en agosto de 2014 de forma directa y con una rebaja importante del importe. Se vendió por 1,7 millones de euros, casi 2 menos que el precio de salida de la primera subasta.

Este edificio en pleno barrio de Malasaña fue adquirido, como decimos, por la empresa Fernando VI 10 SL, propiedad de la familia Capriles, parientes del venezolano Henrique Capriles y una de los clanes con mayor capital de Venezuela. Esta operación en el mercado inmobiliario de Madrid no es la primera de la sociedad, que también ostenta la titularidad de la antigua central de CUNEF en la avenida Serrano Aguita, BarquilloDoze y es el promotor de la venta de viviendas de lujo en el histórico edificio Lamarca Hermanos, en la calle Fernando VI número 10. Axel Capriles reconoce además en esta entrevista con el diario ABC haber aprovechado los años de crisis para realizar “inversiones fundamentalmente en el área residencial y en el centro de la ciudad. Compramos edificios, los rehabilitamos y construimos en ellos viviendas. Empezamos a invertir en España en 2011 en un momento en el que mucha gente no tenía confianza en el país y nosotros lo vimos como una situación coyuntural”.

La sociedad que compró Divino Pastor, 9 por venta directa por parte al Ayuntamiento de Madrid durante el gobierno de Botella, se llamaba, meses antes de la compra, Proyectos Empresariales Canelba S.L y su administrador único era, hasta abril de 2014, Luis Miguel Triguero Gómez, que fue sustituido el mismo día por Miguel Ángel Capriles López. El 2 de junio de 2014 se produce la inscripción como socio único de Invecap Inversiones Inmobiliarias, la empresa con la que la familia Capriles desembarca en el país para invertir en el sector inmobiliario. Casualmente, Triguero Gómez está relacionado con varias empresas relacionadas con la trama Gürtel como Real Estate Equity Portfolio. Además, era el administrador único de Lavisier Investments, S.L, filial de Blackstone, fondo que se hizo con las casi 2.000 viviendas destinadas a alquiler público que Ana Botella vendió en 2013. Parece relevante destacar que, entre las más de mil sociedades de las que ha sido administrador Luis Miguel Triguero se encuentra Comercial Mitford Spain, S.L, gestionada por Ana Aznar Botella.

Este martes, salvo sorpresa, la empresa de la familia Capriles culminará con la aprobación del Plan Especial un proceso que comenzó en 2015 y que se traduce en la autorización para convertir el edificio que albergaba parte de las oficinas del área de gobierno de Medio Ambiente en apartamentos turísticos para, a través de la sintonía de los sectores inmobiliario y turístico, aumentar sus beneficios a costa de la transformación del centro de Madrid en un espacio dedicado al sector servicios mientras se expulsa a su población residencial y que, además, en este caso se aprovecha del expolio que el patrimonio de Madrid sufrió durante los gobiernos del PP.

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Un proyecto para construir ciudad

Una de las últimas acciones de Ana Botella, mientras era alcaldesa,fue permitir la compra del edificio, que fue okupado por el Patio Maravillas el 11 de junio de 2015 y fue el primer colectivo que denunció el cambio de titularidad del edificio y la intención especuladora que existe tras la operación de venta. El desalojo llegó en agosto del mismo año

En una entrada de su página web del día 12 de junio de 2015, Patio Maravillas manifestaba haber “recuperado el edificio por ser un edificio público vendido, como tantos otros, a una constructora que lo mantiene absolutamente vacío desde hace más de un año. Hacemos responsables de estas situación al ayuntamiento de Madrid por despojar a la ciudad de sus recursos y su patrimonio y anunciamos que queremos iniciar conversaciones con la actual propiedad para garantizar la estabilidad necesaria del proyecto”.

Sin embargo, el crecimiento de la zona -con la complicidad de las administraciones públicas- pasa más por continuar la línea de constitución de una ciudad museo que por el refuerzo del tejido social. Una ciudad habitada, cada vez más, por población que está de paso y que va en camino de conformarse más por usuarios que por habitantes.

Construir la ciudad pasa necesariamente por investigar y detener las operaciones inmobiliarias que, durante el último período del gobierno de Botella, han dilapidado partes importantes del patrimonio público. Se trata de espacios, que usurpados a usos sociales, se han puesto de nuevo al servicio de grandes corporaciones y de inversores que sobrevuelan nuestros tejados con la intención de seguir apropiándose del patrimonio común. Construir la ciudad también es oponer resistencia a las operaciones que se han iniciado utilizando todos los mecanismos disponibles y sin caer en el error de aplicar una línea continuista. Sin esa resistencia perderemos la oportunidad de demostrar que llegamos aquí con un objetivo claro: recuperar nuestras ciudades para hacerlas más habitables y menos desiguales.