Opinion · Contraparte

¿Por qué una política pública queer-feminista municipalista?

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Fefa Vila Núñez (@fefusv)
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Los años noventa fueron el escenario de la aparición, primero en los países anglosajones y después en otros lugares, como en nuestra ciudad, Madrid, de las políticas queer, protagonizadas por grupos que desde los movimientos identificados como LGTBI, pretendían dar un giro y articular una crítica a las tendencias más asimilacionistas, dirigidas mayoritariamente a la homonormalización a través de estándares que privilegiaban al gay blanco, sano, pudiente, joven, no migrantes, etc., que se habían dado en la década anterior y que se asentará, bajo la senda de una acrítica tolerancia, posteriormente. Se trata de un movimiento dentro de la tradición feminista que produce un discurso en primera persona que se distancia de la definición, y de todos los estereotipos que le acompañan, que se le había impuesto al homosexual. También se alejará de todas aquellas prácticas reguladas desde las instancias legítimas de poder. Será un movimiento social que articulará discursos propios y que se legitimará por oposición a dichas instancias en un momento definido por la crisis: la crisis del sida y el efecto de las políticas neocón y los procesos de globalización sobre nuestros cuerpos-vidas. Desde entonces, la sexualidad será entendida como una parte radical y determinante del ámbito de lo social y por lo tanto constituida por relaciones de poder.

La sexualidad es un espacio político. Históricamente, la delimitación y especificación de este campo se ha construido bajo el efecto de un dispositivo normativo muy concreto que ha actuado sobre los cuerpos y los placeres. ¿Qué vidas y cuerpos son dignos de ser vividos, amados, respetados y reconocidos como sujetos políticos? Esta pregunta sigue vigente décadas más tarde en un espacio social redefinido por la acción renovada, creativa y luchadora de jóvenes generaciones militantes que emerge en toda su potencia con el 15M en 2011. Pero a pesar de la inmensa proliferación de identidades sexuales y de género en nuestros entornos urbanos, la actual es una realidad que nos quiere homogeneizadxs en su hegemonía mundial. Una hegemonía definida por un modelo capitalista de finanzas y heteropatriarcal, un modelo que insiste en su expansión en cerrarlo todo haciéndolo a su imagen y semejanza, encerrarnos en ese todo que presume coherente. Pero paradójicamente, en este proceso disciplinario que consiste en ponernos en orden, unas detrás de otras, no cesa de producir a todxs sus otros en los márgenes, unos otr+s que somos muchxs de nosotrxs, una base cada vez más ampliada que hay que sujetar. Nos arrojan como abyectes, peligrosas, inútiles, improductivas, minoritarios, sospechosas, irreconocibles, extranjeras, rares, exóticas o extravagantes. Si antes eran los sidosos, las marimachos y las locazas ahora son, además, las bolleras migrantes, las trabajadoras sexuales, l+s mayores pobres, l+s jóvenes expulsados de sus entornos familiares, las trans discriminadas en el empleo, les niñes sin referentes educativos o culturales y, todxs juntxs, cada vez que somos golpeadxs por la violencia homófoba en las calles o en las instituciones democráticas de nuestra ciudad. Madrid, una ciudad que emergió al mundo del turismo de masas como la capital, por excelencia, del mundo gay. En este espacio de derechos frágiles, de relaciones de poder, de conflicto y de violencia, habitamos, convivimos no con pocos problemas.

Aunque muy recientemente, se han llevado a cabo acciones dirigidas al colectivo de personas LGTBI+ en las ciudades más progresistas y avanzadas en diferentes partes del planeta, así como en varias ciudades europeas, y en concreto en las del Estado español, donde Madrid no es la excepción; sin embargo, éstas no siempre han ido acompañadas de los recursos necesarios para su desarrollo e implementación, quedando a menudo en una mera declaración de intenciones o política de gestos; escoradas en las políticas sociales, culturales o de igualdad de los ayuntamientos de turno. Tampoco han sido integradas como partes fundamentales de las llamadas políticas públicas de igualdad de género, dirigidas exclusivamente a paliar las discriminaciones que sufren las mujeres, cishetero, en relación a los hombres, cishetero. Por estas razones, se ha desatendido, o aplazando en el tiempo, lo que a gritos se reclama como inaplazable, el desarrollo de una política dirigida a la consecución de la igualdad real entre sujetos diversos que exceden o problematizan, ya no sólo el clásico binomio de género hombre/mujer, si no toda una sucesión de binomios –norte/sur, payo/gitano, hetero/homo, blanco/negro, rico/pobre, ciudad/pueblo, capacitado/discapacitado, etc.- que interactúan produciendo múltiples discriminaciones.

A pesar de la profusión de medidas y proyectos propios, como efecto de la llamada activa y militante, para ampliar la perspectiva de género a la diversidad afectivo-sexual y que recogen diferentes medidas y recomendaciones legislativas, lo cierto es que todo lo referido a personas disidentes sexuales rara vez ha formado parte de las líneas estratégicas o estructurales de las políticas públicas locales. Y la ciudad de Madrid no ha sido una excepción. El aparente clima de reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGTBI+ en el Estado español, con Madrid a la cabeza como ciudad abanderada, ha estado atravesado por circunstancias adversas, como la persistente injerencia de la iglesia católica en asuntos públicos. La iglesia católica ha influido (en ocasiones mediante injerencias totalmente ilegítimas) y, lo sigue haciendo en muchos campos, particularmente en la educación y los derechos sobre la sexualidad y la salud reproductiva. También se siguen identificando procesos de invisibilización, discriminación y violencia contra las personas LGTBI por parte de instituciones públicas, de los medios de comunicación y de subculturas o estratos sociales no siempre minoritarios o en regresión.

Por lo tanto, desarrollar una política queer-feminista de partida es comprometerse con una voluntad que atienda y entienda el momento de reflexión y el debate actual que está ampliando las perspectivas en torno al género y la sexualidad en el propio seno de la política feminista y, por otro, entender un contexto nuevo e incorporar las demandas que desde la disidencia sexual organizada en posiciones y experiencias políticas y vitales muy diversas, se le exige a las instituciones públicas, y al Ayuntamiento de Madrid específicamente. Un derecho fundamental, el derecho de todas las personas a ejercer la acción política, a intervenir en el diseño y aplicación de las políticas públicas, de forma directa o mediante representación, individual o colectivamente, para incidir en la toma de decisiones sobre asuntos de interés general, así como participando en los órganos de representación existentes en el Ayuntamiento o creando otros con carácter deliberativo, consultivo y vinculante. Y aquí es donde la participación cobra todo su sentido ya que no solo mejora notablemente los procesos de elaboración e implementación de las políticas públicas si no que reconoce a LGTBI+ como agentes y sujetos políticos de primer orden.

Pero además, no olvidemos, que todo esto ocurre bajo un contexto marcado por el avance de políticas y escenarios sociales reaccionarios, dirigidos a mermar los derechos alcanzados y la expresión social y cultural de lesbianas, gais, trans*, bisexuales, intersexuales, etc., lo que dotaría a cualquier acción política institucional, feminista, no sólo de coherencia sino de urgente oportunidad.

La administración local en el ejercicio de su acción institucional, de su gobierno y de su gestión ha sido interpelada desde diferentes frentes para que no siga posponiendo una estrategia de género que integre la disidencia/diversidad sexual y de género. Aterrizar propuestas concretas en la ciudad para transformarla en más justa y democrática, haciendo de la diversidad y de la diferencia motores del cambio social y de lucha contra la segregación y la discriminación como elementos de inicio para ampliar y problematizar la propia igualdad y extender la justicia social; la exigencia de una igualdad real que no pase por la mera homogenización cultural y política, si no más bien por iniciar un camino que ponga en marcha una serie de acciones que amplíen y democraticen la categoría género-sexo en todos sus barrios y en escenarios concretos de la ciudad –educación, salud, violencia intragénero y delitos de odio, urbanismo, seguridad, vivienda, cultura, empleo, trabajo, democracia y participación , etc.- y en el seno de la propia institución Ayuntamiento de Madrid. Por consiguiente, debe ser necesariamente un eje con un presupuesto económico avanzado y un proceso que se evalúe y que crezca abierto a la escucha, la confrontación, al disenso y al diálogo permanente entre los diferentes agentes sociales e institucionales y que necesariamente deberá ser repensado siempre en su proceso, y por esta razón siempre abierto a un presente y a un futuro que está dibujando el movimiento y el pensamiento queer-feminista. Un feminismo no excluyente, que no excluya a trans* o invisibilice la sexualidad lesbiana o condene a sujetos de no derechos a las trabajadoras sexuales, un movimiento feminista que resiste al neoliberalismo y a la precarización de la vida. En definitiva un feminismo que a escala global y local se siga ampliando para consolidarse como una alternativa política a la globalización neoliberal y que está en una posición aventajada para ejercer una firma oposición al fascismo y al racismo en nuestra ciudad, y en otras muchas latitudes del planeta. Un feminismo amplificado y combativo que ponga coto a la maquinaria de muerte y dolor con la que demasiadas veces estamos obligadas a hacer nuestras vidas, que le ponga coto votando pero sin renunciar a imaginar lo que otro mundo, otra ciudad, es posible, que nunca renuncie a lo indispensable.