Opinion · Crónicas insumisas

Corrupción en las exportaciones de armas: el caso DEFEX

Pere Ortega
Centre Delàs d’Estudis per la Pau

La empresa pública DEFEX, controlada por la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales) con el 51% de sus acciones, tiene como actividad las exportaciones de armas producidas por industrias españolas de defensa. Esta empresa está siendo investigada por el juez José de la Mata de la Audiencia Nacional, por una presunta trama de corrupción ligada a la exportación de armas a Angola.

Sobre este escándalo ahora han aparecido nuevas informaciones que ligan a directivos de esta empresa con nuevas operaciones de exportaciones de armas, en concreto a Egipto, donde se sospecha que también han incurrido en corrupción. Los imputados son, el expresidente de DEFEX, José Ignacio Encinas Charro, al director comercial Manuel Iglesias Sarria, y el exdirectivo y coronel de las fuerzas armadas españolas Ángel María Larumbe, a quienes se imputa de cinco delitos: corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La trama corrupta se sospecha que actuaba desde hace 20 años y se puede haber apropiado de decenas de millones de euros en comisiones ilegales, que se habrían repartido entre funcionarios de países compradores y los altos cargos mencionados de DEFEX. El caso de Angola, en 2008, consistió en la venta de material policial por valor de 152 millones de euros, pero en realidad solo se envió material por valor de unos 50 millones de euros, repartiéndose los 102 millones restantes entre autoridades angoleñas y los directivos mencionados de la empresa DEFEX a través de un entramado de sociedades ubicadas en paraísos fiscales. Entramado que gestionó Beatriz García Paesa desde paraísos fiscales quien aparece en los papeles de Panamá. Beatriz Paesa es sobrina del que fuera espía del CESID, Francisco Paesa, que intervino en el caso del exdirector de la Guardia Civil José Luís Roldán, a quien ayudó a huir de España y actuó como testaferro en operaciones de ventas de material de seguridad en la misma Angola.

La trama DEFEX se sospecha que operó de la misma forma que en Angola, en Arabia Saudí y Camerún por valor de varios millones de euros, y ahora aparece Egipto, país a quien en el verano de 2010, se le exportó por valor de 30 millones de euros en equipos de seguridad y defensa. La operación corrupta consistía en que Egipto pagaba como si hubiera recibido todo el pedido, mientras que solo se le suministraba una pequeña parte del material, así las ganancias podían ascender entre el 200 y el 300 por ciento, que se repartían entre los funcionarios corruptos egipcios y los responsables del entramado en España.

El coronel Larumbe, ejecutivo de DEFEX, actuaba a través de sus influencias en el Ministerio de Defensa, sobre la JIMDDU, la Comisión interministerial que autoriza las exportaciones de armas de España, para que ésta autorizara las exportaciones que, en el caso de Angola habían sido denegadas, y que Larumbe medio para que fueran autorizadas.

La trama de corrupción de DEFEX, se suma a otras aparecidas en la contratación de servicios dentro del Ministerio de Defensa actualmente en proceso de instrucción judicial, algunas ya denunciadas por el teniente Luís González Segura en diferentes artículos, y es probable que no sea un hecho aislado dentro del comercio de armas español. La política de fomento de las exportaciones de armas del Gobierno español, así como la opacidad y el secretismo que existen en la Ley de Comercio de Armas de España, dificultan los controles efectivos. En definitiva, se debería acabar con el secretismo de las actas de la JIMDDU que aprueban las exportaciones de armas, y que están fueran públicas y estuvieran a disposición del Congreso de Diputados, así como se informara del tipo de armas que se exportan; saber el nombre del fabricante exportador; saber el nombre del comprador, si es un particular o una empresa, y no solo, como ocurre ahora, el nombre del país comprador.

La falta de información y transparencia favorece la corrupción y es impropio de un Estado que se proclama como una democracia.