Opinion · Crónicas insumisas

Programas de armas y el presupuesto de Defensa

Pere Ortega, Centro Delàs de Estudios por la Paz

El ministro de economía en funciones, Luís de Guindos, ha transmitido a la Comisión Europea (CE) que España, por falta de Gobierno, no presentará el presupuesto para 2017, y prorrogará las cuentas de 2016.

Desde la perspectiva del gobierno español, es una buena jugada, pues de esta manera evita aplicar los ajustes (recortes) que la CE había exigido a España por incumplir el objetivo de déficit del 4,2% del PIB y que en 2015 fue del 5,16% y que representan alrededor de 10.000 millones. Recortes que la CE exigía se implementaran en el presupuesto de 2017. En cambio no lo es para la población española, porque prorrogar un presupuesto, representa limitar mucho el margen de maniobra de las políticas económicas e impedirá el aumento de las pensiones, del sueldo de los funcionarios, no aumentar impuestos y aplicar superávits de muchas administraciones. En definitiva, es una pésima noticia para el país, cuándo un gobierno con vocación de revertir la política de austeridad y ajustes emanada de la CE, debería no admitir más recortes en su presupuesto en los ámbitos sociales y de apoyo al empleo para evitar una mayor depresión de la economía y tampoco prorrogar el presupuesto.

Pero ligada a la prórroga del presupuesto de 2017, existe otra cuestión de relevancia no desvelada: es la referente al pago de los compromisos adquiridos con los Programas Especiales de Armamentos (PEA) del Ministerio de Defensa. Estos últimos años, el Gobierno, recurría a una fórmula falaz, aprobar un crédito extraordinario. Este mecanismo, permitía aprobar el presupuesto inicial de Defensa con un importe muy inferior al real, entre 1.000 y 1.500 millones de euros según los años, para después, en el transcurso del ejercicio, aprobar un crédito extraordinario para el pago de esos PEA a las industrias militares. Unos pagos a los que el Gobierno está comprometido a hacer frente por la existencia de unos contratos de armamento que, en algunos casos, se alargan hasta el año 2030, y que dependiendo de quién hace las cuentas, oscilan entre 27.000 y los 30.000 millones.

Pero en el mes de julio pasado hubo un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que impide al Gobierno español aprobar créditos extraordinarios sin que pasen por el Congreso de Diputados, es decir, sin debate parlamentario, pues hasta ahora eran aprobados en el Consejo de Ministros. Desde luego un mecanismo tramposo, pues permitía aprobar el presupuesto del Ministerio de Defensa en un 20% inferior a su gasto real, cómo se podía comprobar en la liquidación de las cuentas a final de año.

Hay que recordar que los PEA, son unos programas de armas iniciados en la etapa de la llegada del PP al gobierno, en 1996, con José María Aznar como presidente, que consistían en los aviones Eurofigther, blindados Leopardo y Pizarro, fragatas F-100, así hasta catorce grandes programas entonces valorados en 20.000 millones que debían fabricarse en los próximos 25 años, que luego se ampliaron a 19 programas hasta alcanzar los 37.000 millones. Una fabulosa cifra que creaba una enorme deuda. Cuándo se tuvo que hacer frente a los pagos de esa deuda comenzaron las dificultades de tesorería. Inicialmente, en la etapa de desarrollo de los PEA, se arbitró una fórmula ingeniosa, se adelantaban recursos en concepto de créditos en I+D desde el Ministerio de Industria a las empresas fabricantes de las armas, y cuándo se entregaran, las industrias retornarían esas ayudas. Esos créditos, que hoy ascienden a 17.000 millones, las empresas aducen que cuándo entregan las armas les son descontados de los cobros. Con lo cual se ha establecido una entelequia (ingeniería tramposa) contable en las cuentas públicas. Las empresas exigen cobrar de acuerdo con los compromisos contraídos con Defensa. Defensa o el Gobierno, como se quiera, dilata en el tiempo la recepción de las armas para disminuir los pagos anuales, pero éstos se alargan y contraen nuevos incrementos por intereses de demora. El resultado final es esa colosal cifra de endeudamiento en armas que en la actualidad representa unos 27.000 millones.

Este año 2016, estaba previsto un pago de 1.100 M€ a las empresas en concepto de los PEA, pero después del fallo del TC, éste no se podrá realizar. Con lo cual, el presupuesto de 2017 debería afrontar los pagos de los PEA de dos años, es decir, unos 2.300 M€. Se imaginan la reacción de la opinión pública y de los partidos de la oposición ante la propuesta de aumentar un 33% el presupuesto de Defensa mientras se reduce el gasto en otros ministerios en 10.000 millones por exigencia de la CE. Sin duda, un enorme escándalo. Pero la fórmula escogida por el Gobierno de prorrogar el presupuesto, con respeto a los PEA, empeora la situación, pues atrasa el pago a 2018, que entonces será de 3.500 millones y representará un incremento del 50% del presupuesto en Defensa.

Además, las empresas militares, ¿se conformarán estar dos años sin cobrar? Seguro que alguna compensación exigirán, sobre todo porque dependen mucho de las ayudas públicas. Empresas militares que están concentradas en un oligopolio que controla hasta el 75% de la producción de los PEA, y son el grupo Airbus, Indra y Navantia, de las que el propio Estado es accionista a través de SEPI; el 25% restante se lo reparten unas veinte empresas entre las que destacan ITP, Santa Bárbara, Expal, Tecnobit y Sener.

Los engaños en el gasto de Defensa se multiplican por otros caminos. Así, en la liquidación del presupuesto del Estado a 31 de julio pasado, aparecía que el Ministerio de Defensa se había incrementado en 1.162 millones, y no eran para pagar los PEA, sino para hacer frente al gasto ordinario de las fuerzas armadas, en especial las intervenciones militares en el exterior.

Resumiendo. No cabe duda que el gasto militar en España es muy superior al declarado al inicio del ejercicio, que mediante una u otra fórmula, supera siempre los 2.000 millones en la liquidación de final de año. Pero lo verdaderamente alarmante es esa colosal deuda acumulada por los grandes programas de armamentos que tiene atrapadas la cuentas del Estado y por extensión a toda la ciudadanía. Una deuda que cuándo se abona se convierte en déficit y crea problemas con la CE. Un gobierno alternativo al actual del Partido Popular debería afrontar una revisión de los PEA, y en lugar de aplazarlos en el tiempo, que los convierte en más costosos, anularlos. Hay que recordar que los mismos mandos militares, cuándo dejan el servicio activo, acusan a algunas de esas armas de inservibles para la defensa nacional.