Opinion · Crónicas insumisas

La paranoia de la seguridad en Barcelona

Pere Ortega, Centre Delàs d’Estudis per la Pau

Desde la 11-S de 2001 vivimos una época con estados de emergencia permanentes, alertas antiterroristas y amenazas de todo tipo. Sin duda, una percepción subjetiva creada desde los aparatos de las grandes potencias con el apoyo de determinados sectores económicos, corporaciones transnacionales, con el fin concreto de crear miedo entre la ciudadanía y así poder aumentar aquella seguridad que beneficia sus intereses, entre otros, los de las empresas militares y de seguridad.

Un discurso del miedo que ha facilitado que los gobiernos arbitraran muchas medidas securitarias que, combinadas con la crisis económica de 2008, han propiciado la aparición de partidos políticos ultra nacionalistas que han responsabilizado a los migrantes de las inseguridades que, por otro lado, son inevitables en un mundo dominado por una mercantilización de todas las relaciones humanas. Hecho que, a su vez, provoca muchas desigualdades económicas y sociales, y que deja desvalida a mucha ciudadanía. Un discurso del miedo que, desgraciadamente, ha calado entre la ciudadanía que pide más seguridad.

Ahora esta ola de inseguridad ha llegado a la ciudad de Barcelona y Cataluña hasta alcanzar cierta paranoia en determinados sectores empresariales, los ligados al turismo, la hostelería, restauración y comercio.

Los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en esta alarma securitaria, porque durante el último año, en Barcelona, cualquier pequeño delito lo han convertido en noticia, dando mucha audiencia a las críticas de la mayoría de los partidos políticos para así desgastar el gobierno de la ciudad de Ada Colau.

Los millones de turistas anuales que llegan a Barcelona atraen el crimen organizado, que viene a Barcelona a delinquir, de aquí que aumenten los hurtos, robos, la droga y prostitución. Esta llegada masiva de turistas convierte la ciudad en un gran negocio para los sectores hoteleros, de ocio nocturno, comercio, promotores de vivienda y plataformas de pisos turísticos como Airbn. Además, existe otra cuestión importante, la desigualdad económica, aquel 20% de población que vive en el umbral de la pobreza (Informe Caritas), que provoca marginación social en barrios degradados, factor que desgraciadamente favorece la delincuencia.

Si bien es cierto lo que muestran las estadísticas, el aumento de un 30% de los delitos en Barcelona. Una de las principales reivindicaciones de los sectores empresariales que tienen la ciudad como negocio, es la de aumentar la presencia policial de control del espacio público y una mayor represión al delincuente. Pero un gobierno con compromiso social tendría que contrarrestar el discurso del miedo y de la inseguridad, arbitrando medidas de confianza mediante los medios clásicos de policía y justicia (sería demagógico no decir que se tiene que contar con ellos). Aunque, eso sí, introduciendo cambios en sus actuaciones, por ejemplo: el guardia urbano de proximidad, de barrio, aquel que pasea a pie y es reconocido por los vecinos. Pero también, introduciendo medidas de cuidado a la población que no tienen sus necesidades más perentorias cubiertas, con servicios sociales, culturales, de vivienda, renta mínima garantizada…

También, y es fundamental, se tendría que arbitrar mejor la participación de la población en los asuntos públicos, entre ellos el de la seguridad. Existen mesas de mediación y participación en los distritos, pues hacerlas mes operativas con la participación de todos los agentes sociales organizados en los barrios, porque ellos puedan ayudar a romper el ciclo del miedo y la inseguridad y ayudar a la convivencia ciudadana.

Barcelona y el resto de las ciudades de Cataluña son seguras, como lo son la gran mayoría de las ciudades europeas. La seguridad ciudadana forma parte del gran esfuerzo que las sociedades europeas hicieron después de la 2ª Guerra Mundial para construir el estado del bienestar. Los gobiernos de los ayuntamientos, la Generalitat y del Estado, por un lado, deben combatir la percepción y el discurso del miedo; adecuar, según las necesidades, los recursos clásicos de guardia urbana, policía y medios judiciales; pero también, combatir la aparición de grupos autoorganizados pues eso abre el camino a que la extrema derecha imponga la ley en el espacio público; por último, el ya indicado de disponer del máximo cuidado de las personas que no tienen cubiertas sus necesidades básicas. Seguro que eso aumentaría la seguridad y la convivencia en las ciudades.