El huracán Bárcenas y las revelaciones publicadas hoy han conseguido desviar la atención sobre la constatación de que España se ha convertido en un Estado policial. El Gobierno del PP protege, consiente e, incluso, incentiva los abusos policiales denunciados en las redes sociales y la prensa internacional. Es un hecho y así lo confirma que Interior no sancione a ninguno de los antidisturbios -cada vez más conocidos como "prodisturbios"- por sus cargas policiales en la Estación de Atocha durante el 25-S.

La noticia -y eso es lo peor- no sorprende, porque si hay alguien en el Gobierno heredero directo de las tácticas de represión y dureza del régimen franquista, ese es Jorge Fernández Díaz, tan católico él, capaz de mover cielo y tierra porque un grupo de sindicalistas realicen un acto reinvidicativo en su supermercado pero impasible ante los abusos policiales. ¿Impasible? Bueno, en realidad no, puesto que aplaude esos abusos e, incluso, participa activamente en el indulto de torturas reconocidas y sentenciadas por los tibunales.

¿Cuál es el mensaje que transmite Interior y el Gobierno con su decisión sobre las cargas de Atocha? Son varios, en realidad. En primer lugar, que continúa la transparencia interna de Gobierno que ya denuncié desde aquí; en segundo lugar, que en una jornada que se salda con más de medio centenar de heridos, no hay un solo policía al que se le fuera la porra (o la escopeta de bolas de goma, que en Catalunya dejó tuerta a una manifestante y en Euskadi mató a otro).

El tercer mensaje y más preocupante, que este Gobierno no está dispuesto a consentir que nadie le plante cara, en ningún escenario. En los tribunales, arruinando la carrera judicial de quien investigue sus casos de corrupción como la Gürtel; en el Congreso, con una mayoría absoluta conseguida con mentiras y con la que se cree en posesión de imponer sin dialogar; y en las calles, silenciando a los movimientos sociales, bien criminalizándolos, bien moliéndolos a palos... o ambos.

La ciudadanía no puede creer en la Justicia con decisiones como la tomada por la cartera de Fernández Díaz. Es imposible y, así, el pueblo cada vez está más convencido de que lo legal no siempre es lo correcto, de que la desobediencia civil se antoja como una necesidad para conservar la libertad, para que la caricatura de democracia que aun conservamos no termine por ser una dictadura pura y dura, en la que las urnas sean una mera cita cosmética.

El Gobierno ha perdido una oportunidad de oro de mostrar que todavía le quedaba algo de honestidad, que de veras tiene vocación de servicio público a pesar de que todo cuanto tocan lo privatizan. En suma, Mariano Rajoy y los suyos, más allá de lo que apesta el caso Bárcenas, se han vuelto a retratar como un mal ejemplo, el peor, para un Estado de Derecho, y deben pagar por ello. Sólo espero que el pueblo se cobre esa cuenta cuanto antes.