Opinion · Posos de anarquía

Justicia hipotecada

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. / EFE

La justicia, ya sea con mayúscula (como tercer poder) como con minúscula (como concepto), está hipotecada en España. Lo sentimos la ciudadanía, convencida de que fue una llamada telefónica el motivo del Tribunal Supremo (TS) para recular en su decisión sobre el pago del impuesto de las hipotecas. Lo supimos tod@s, cuando a la propia banca no le tembló la voz cuando aseguró que si le toca pagar, lo repercutirán en l@s clientes.

El tan esperado fallo del TS de hoy no supondrá grandes cambios en nuestras vidas. Si me apuran, hasta casi sería preferible que sean l@s clientes quienes continúen haciéndose cargo del impuesto, con la salvedad de quienes que podrían recuperar lo que ya les han robado los bancos. De fallarse lo contrario, ¿de veras creen que no habrá que litigar con las entidades bancarias para conseguir que se cumpla una setencia judicial?

Ya ha sucedido con las preferentes o  con las plusvalías. Un pago por parte de la banca que debería ser inmediato está, pese a las sentencias, condicionado a que l@s afectad@s tengan que llevar caso por caso a los tribunales. Un escándalo que horroriza a todas las personas menos a la clase política, a la banca y a la Justicia. Exactamente lo mismo sucede con las fórmulas que aplican las Comunidades Autónomas (CCAA) para poner valor a los inmuebles de segundamano cuando hay compraventa: a pesar de existir sentencia del Supremo que la tira por tierra -entre otras cosas, porque ni siquiera esa fórmula se basa  en las particularidades del inmueble-, las CCAA continúan reclamando a las familias compradoras miles y miles de euros. Nos roban, nos roban al amparo de la Justicia.

Tome la decisión que tome hoy el Supremo ha quedado a la altura del betún con su presidente, Carlos Lesmes, apareciendo como un pusilánime indigno del cargo (y los más de 135.000 euros al año que se embolsa). Condicionar su fallo, como de hecho ha hecho, al impacto económico que podría tener (hablamos de un pago de unos 640 millones al año y de familias pudiendo reclamar más de 2.300 millones), es admitir que la justicia no existe, que nos encontramos en el más absoluto desamparo. El TS ha perdido nuestra confianza, sentencie lo que sentencie hoy, y tardará mucho en recuperarla, si es que lo consigue alguna vez.