España es un país de puteros. Suena duro, pero es así. Quienes se sientan ofendidos no deberían proyectar su enojo contra esta sentencia, sino contra quienes la confirman, que son ese puñado de puteros y prostituidores que convierten a España en el tercer país consumidor del sexo de pago del mundo, sólo por detrás de Tailandia y Puerto Rico.

Es una lacra que nunca ha interesado realmente resolver, hasta el punto de que no se realizan estudios exhaustivos y, cuando se hacen, se enfocan únicamente en las mujeres explotadas sexualmente, y no en los prostituidores y los puteros. Esta dejación se percibe también en los tribunales: el pasado mes de octubre tuve el honor de participar en Help Me Please, una iniciativa granadina que este año recaudó fondos para luchar contra la trata de personas. En aquel foro, una jurista nos recordaba que entre 2012 y 2016 sólo ha habido 46 sentencias condenatorias en causas de desarticulación de mafias de trata de personas. Así no hacemos nada.

Más del 90% de las mujeres implicadas en el sexo de pago no lo hacen de manera voluntaria; son víctimas del machismo que lleva a considerarlas productos de consumo, de usar y tirar. La cosificación es absoluta, como esta misma semana se puede comprobar en Barcelona durante el Mobile World Congress, que ha propicipado un incremento de la demana del sexo de pago en un 30%.

La clave son los puteros y, estadísticamente hablando, si usted toma al azar a 10 de sus amigos, unos 4 han pagado pro sexo alguna vez en su vida. Sólo así se consigue que la explotación sexual genere en nuestro país más de 5 millones de euros al día de beneficio (unos 18.000 millones de euros al año). Explotar sale barato: prácticamente no hay sentencias, el coste de traer a una víctima de la trata de personas no llega a 2.000 euros y, sin embargo, al año aporta un beneficio de más de 50.000 euros.