Opinion · Posos de anarquía

Caza de brujas a la marihuana

Fernanda de la Figuera a la salida de los juzgados, luciendo el ramo de marihuana con que le obsequiaron colectivos llegados de toda España – David Bollero.

Hace dos días escribía sobre Fernanda de la Figuera, conocida como la ‘Abuela Marihuana’ por las décadas de activismo en pro de la legalización y el autocultivo del cannabis. El juicio al que se enfrenta por hechos acaecidos en 2014 podría conducirla a la cárcel durante cuatro años. No es la única, el que fuera tesorero y también quien hizo las veces de secretario de la Asociación Marías por María (legalmente constituida en la Junta de Andalucía) también se enfrentan  a penas de cárcel, como relata mi colega Santiago F. Reviejo en su crónica del miércoles.

Tras estar presente en el juicio que tuvo lugar ayer en Málaga por espacio de casi cuatro horas, más convencido estoy de que huele a caza de brujas. A la salida de los juzgados, la propia Fernanda admitía que «a veces sí temo una pena ejemplarizante, porque soy una persona muy incómoda para el lobby de las farmacéuticas. Llevo toda la vida peleando por el autocultivo. He estado en el Parlamento español, en el Senado, en el Parlamento europeo…». A continuación enumero algunos de los hechos que hacen que todo este proceso esté impregnado por un tufo que no sugiere nada bueno:

¿Por qué en 2014? No deja de llamar la atención que Fernanda tenga la plantación desde la década de los 90 y cuente a sus espaldas con sentencias judiciales previas en las que fue absuelta por ello, al no considerarla traficante. Sentencias, por otro lado, en las que la cantidad de marihuana era muchísimo mayor que en el juicio ahora en curso. El momento no fue casual. Por aquel entonces, las farmacéuticas y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ya preparaban el terreno para conceder licencias para cultivar y comercializar cannabis en España. Y, como habrán adivinado, esas licencias no fueron a parar a quienes llevan años de activismo a favor de la legalización, sino a una élite con el millonario Juan Abelló a la cabeza, uno de los reyes de los opiáceos legales.

La mano derecha de la Guardia Civil no sabe lo que hace la izquierda. La causa se articula en dos frentes: por un lado, en el local que la asociación tenía en Málaga, que era donde se dispensaba y consumía la marihuana a los socios, bien con fines lúdicos o terapéuticos. Por otro, en la finca ‘El Refugio’ de Fernanda en Alhaurín de la Torre, donde se encontraba el cultivo compartido de la asociación.

Según algunos agentes de la Guardia Civil, su equipo de investigación había montado un operativo en la finca ‘El Refugio’ y en otra parcela de la localidad malagueña de Cártama. Mientras los responsables del operativo irrumpían en Cártama, en la finca de Fernanda lo hacía el puesto de la Benemérita de Alhaurín, pero no como parte de ese operativo, que aseguraron desconocer, sino como producto de una patrulla rutinaria. Según declaró uno de los Guardias Civiles, les llamó la atención el fuerte olor a marihuana y encontraron la finca. Fernanda lleva 40 años viviendo en el pueblo, donde su finca y su plantación es sobradamente conocida, incluso por la Guardia Civil, tal y como se puede comprobar tirando de hemeroteca.

Sin órdenes judiciales. Tanto en la sede de la Asociación como en la finca ‘El Refugio’ las Fuerzas del Orden procedieron al registro sin orden judicial. En el caso de la Asociación, la propia Policía Local de Málaga admite que solicitó la autorización de Fernanda para el registro 25 minutos después de haber irrumpido y haberla detenido. La versión de Fernanda niega tal solicitud, asegurando que al estar ya detenida los agentes le pusieron por delante los papeles a firmar.

En el caso de ‘El Refugio’, la activista afirma que la Guardia Civil pidió entrar con aire de compadreo, pues se trataba de agentes conocidos desde hace años en el pueblo, por lo que ella, «que no tengo nada que ocultar», accedió a darles paso. Fernanda aseguró que los agentes que declararon en el juicio de ayer, que aseguraron no conocerla, no fueron los mismos que entraron en su casa.

Vulneración de la cadena de custodia. La defensa de la persona que ejerciera funciones de secretario pone en duda la cadena de custodia de lo incautado, sin que ninguno de los agentes que ayer declaró pudiera ofrecer garantías de que ésta no se rompió. Entre la fecha de incautación de la marihuana y la fecha de recepción en el laboratorio transcurrieron cinco días, sin que nadie sepa qué fue de ella. Además, los recipientes en los que se encontraba la sustancia fueron cambiados por bolsas. Por si esto no fuera poco, el informe de los peritos policiales contempla hasta tres pesajes distintos de la marihuana, con el agravante de que el peso neto es superior al bruto, algo imposible.

Sin posibilidad de hacer contraanálisis. A pesar de las reiteradas solicitudes por parte de las defensas de las personas acusadas, no se permitió que un perito independiente realizara un análisis de las sustancias decomisadas. Se destruyeron antes de que éstas pudieran volver a analizarse. A pesar de ello, un perito independiente asegura que, a la luz de lo reflejado en el informe oficial, se vulneraron los convenios internacionales al pesar la marihuana sin haber retirado las hojas, que no son consideradas estupefacientes según las convenciones. Un hecho crucial, puesto que de superar los 10 kg, se aplicaría la agravante especifica de notoria importancia prevista en el articulo 369.3 del código penal, algo que no parece ser el caso.

Sin ánimo de lucro. La propia Fiscalía, en su exposición final, admitió que la asociación no tenía ánimo de lucro. Así lo declararon, no sólo las personas acusadas, sino testigos (socios), en su mayoría mujeres de avanzada edad que se habían asociado para poder sobrellevar mejor casos de cáncer, VIH, hepatitis C, cuadros de ansiedad, depresiones. En los testimonios se evidenció que la cuota anual se destinaba a cubrir los gastos del cultivo y el mantenimiento del local de la asociación, cuentas que se presentaban con facturas en la Asamblea General Ordinaria cada año.

Sin rastro de la página web. Especialmente llamativa fue la declaración de uno de los agentes de la Policía Local de Málaga que llevaron a cabo la actuación en el local de la Asociación. Según este agente, su investigación en redes sociales e internet les llevó a descubrir una página web de Marías por María con la que intentaba atraer a más personas. Dicha página web no aparece en ningún atestado ni informe policial y el agente no puedo recordarla. Además y por primera vez desde que arrancó el proceso, este agente empleó la expresión «captación» de personas, lo que abrió la puerta a la Fiscalía -aunque sin pruebas- para indicar que se realizaba promoción, favorecimiento o facilitación de las sustancias, algo expresamente prohibido en los estatutos de la organización.

¿Tenían que haber registrado los bolsillos de los socios? Uno de los reproches por parte de la Fiscalía es que la marihuana salía del local, algo que está prohibido. En este sentido, el registro se produjo después de que dos socios entraran en el local y pocos minutos después, sin tiempo para haber consumido, lo abandonaran. Se les encontró marihuana y se procedió al registro del local, encontrando a una docena de personas en el interior fumando cannabis. Todos los testigos aseguraron que las instrucciones eran claras en lo referente a fumar sólo en el interior del local. Cosa bien distinta, como indicó Fernanda, es que cuando abandonaban el local se registrara los bolsillos de los socios a los que se había dispensado los gramos que constaba en su ficha.

Setencias del Supremo avalan la absolución. Tanto la Fiscalía como la defensa de Fernanda recurrieron a varias sentencias del Tribunal Supremo. En ellas, cuatro de los requisitos requeridos a los clubes cannábicos es que los socios sean consumidores habituales, el consumo se realice en el local, sea un grupo reducido y no se dispensen cantidades que excedan el consumo individual.

En este sentido, todos los socios de la asociación recurrieron a ésta por ser consumidores habituales y encontrar una opción más segura y legal de obtener la marihuana sin tener que recurrir al mercado negro y el menudeo. Las instrucciones sobre el consumo internas eran claras y se daban a todos los socios, cuyo número ascendía a 180, una cifra muy inferior a los varios cientos o incluso miles que reflejan las sentencias del Supremo. Asimismo, la dispensación media de marihuana por persona era de uno o dos gramos, según se desprende de las declaraciones de las testigos. No parece razonable pues, hablar de que «el concepto de autoconsumo se desborda», tal y como afirmó la fiscalía.

 

La causa ha quedado vista para sentencia, aunque Fernanda tiene muy claro que «yo siempre he pretendido ayudar a los demás, y hemos ayudado a muchas mujeres enfermas que, como yo,  necesitan cannabis para su salud. Los hombres tienen muy fácil echarse a la calle, pero las mujeres lo tienen muy difícil, no se atreven a ir a ciertos barrios a buscar a un dealer«.

Este juicio, como todos los precedentes, debería encaminarse a la absolución y, además, servir para que de una vez por todas surjan políticos y políticas con coraje que continúen la senda que Fernanda ha abierto hacia la legalización y el autocultivo de la marihuana. Arropada por autobuses llegados de toda España, contando con el apoyo de más de 70 organizaciones, la activista cerraba ayer una dura jornada declarando que «llevo muchos años trabajando por la legalización del cannabis y me parece que soy una figura muy molesta hoy en día que se están dando licencias para cultivar. Lo que hay que hacer es que cada cual cultive sus plantas y fume de lo que cultiva, porque nunca vas a fumar nada tan bueno como lo que tú cultivas«. Y se marchó con su ramo de cannabis.