La vuelta al cole está suponiendo un auténtico quebradero de cabeza para los padres y madres que, en ocasiones, están divididos a la hora de decidir qué hacer. En todos los casos, su deseo es el de normalizar la situación, que el alumnado regrese a las aulas y, aún con todas las limitaciones impuestas, puedan acceder a su derecho a la educación y se relacionen con el profesorado y sus amig@s. Sin embargo, no existe una sola Comunidad Autónoma que haya conseguido convencer con sus planes anti-COVID. La improvisación es total y la coacción de la Fiscalía no ayuda a resolver la situación.
Las amenazas por parte de la Fiscalía de perseguir penalmente a los padres y madres que no lleven a sus hij@s al colegio no resuelven la ineptitud de las Comunidades Autónomas (CCAA) a la hora de crear un escenario seguro para el alumnado. Parece, más bien, un empujón al abismo. Los diferentes gobiernos autonómicos están cargando las tintas con el reparto de miles de mascarillas y litros de gel hidroalcohólico, así como con un refuerzo del profesorado -que por lo general está por debajo de lo reclamado por los sindicatos y, además, no llegan en la cuantía prometida-.
Sin embargo, el mayor problema no es ese: son los espacios. No existen las infraestructuras necesarias para garantizar la ratio de 20-25 alumnos por clase que, ya de por sí es elevada e imposible de conseguir con una separación de 1,5 metros. Así enviaran un millón de profesores y profesoras e impermeabilizaran al alumnado, que el problema continuaría.
Miremos a una comunidad como Andalucía, máximo exponente antes de la pandemia de centros con barracones y del hacinamiento del alumnado. En Rincón de la Victoria (Málaga), el déficit de institutos propicia que los centros tengan que acoger a un exceso de varios centenares de alumnos sin contar con la infraestructura necesaria para ello. Imaginen un centro construido para 800 alumn@s que ha de acoger a 1.500: el resultado son clases divididas por paneles de pladur de 40 alumn@s por aula. Pues bien, el profesorado acaba de incorporarse esta semana, sin que se les haya realizado ningún tipo de cribado de COVID-19, y ya denuncian que habrá 35 alumnos por clase. Mientras, la reuniones sociales sólo pueden ser de 10 personas al aire libre y se cierran las playas a las 21:30 horas. Inaudito.
Las Administraciones Públicas han tenido muchos meses para resolver este déficit de infraestructuras pero, si ni siquiera se han preocupado por reforzar la Atención Primaria, ¿qué se puede esperar? Volviendo a Málaga, hace meses que no se puede acudir a consulta y, al no haberse cubierto siquiera las vacaciones, la demoras de atención telefónica está en 14 días. Imaginen el estado de la Educación Pública.
Las mascarillas, el gel y el refuerzo (ficticio) del profesorado no ayuda a rebajar la ratio de alumn@s si no se cuenta con espacios en los que desdoblar las clases. Parece sencillo de entender, como 1+1=2, pero nuestra clase política es dura de mollera. Pudiera pensarse que, pese a las amenazas de la Fiscalía, la desobediencia civil de padres y madres ayudara a resolver la ineptitud autonómica, pero mucho me temo que no será así. El problema seguirá ahí. Una auténtica encrucijada en la que, lo único que es seguro es que nuestros gestores y gestoras no han estado a la altura.