El juicio contra el generador de contenido para OKdiario, Alejandro Entrambasaguas, ha quedado visto para sentencia. Se le acusa de un presunto delito de acoso a los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias entre noviembre y diciembre de 2019. Los testimonios expuestos ante el tribunal no pueden ser más dispares: mientras Entrambasaguas resta importancia a sus interacciones con los progenitores y la cuidadora, éstos hablan de hostigamiento, ansiedad, miedo... Incluso los agentes de Policía admiten que la situación sugirió que la seguridad de los menores estaba comprometida.

Entrambasaguas no sólo se hace llamar "periodista", sino que se autocalifica "periodista de investigación". Sin embargo, su calidad profesional es tal que para confirmar si la relación laboral entre la cuidadora y la pareja Montero-Iglesias era o no irregular no dudó en recurrir al acoso, según relatan los querellantes. A eso parecen limitarse sus recursos como periodista de investigación.

Profesionalmente, me duele que Manuel Cerdán, jefe del acusado en OKdiario, se haya visto salpicado por estos lamentables sucesos. Él sí tiene el recorrido, la experiencia y los reportajes que le atesoran como un buen periodista de investigación que, inexplicablemente, ha recalado en un medio como el que dirige Eduardo Inda. Supongo que cada uno es preso de sus circunstancias y el broche que Cerdán está poniendo a su carrera es una verdadera lástima. El juicio a Entrambasaguas así lo demuestra.

Esta causa no es una cuestión de ideologías, de derecha contra izquierda, por mucha carga política que traiga consigo. Es una cuestión de derechos, de salvaguardar la privacidad y la seguridad de las personas, máxime cuando se trata de menores. Según describen Montero, Iglesias y la propia cuidadora, que refiere un mes de acoso, la situación creada por el supuesto periodista originó tal miedo e indefensión que obligó a cambiar de rutinas, limitar las salidas de los menores al parque e, incluso, terminar por cambiar la guardería y optar por la del Congreso por motivos de seguridad.

A este respecto, las consideraciones deberían ser idénticas se trate de los gemelos de Montero e Iglesias, de Pablo Casado y su cónyuge o de Perico el de los Palotes y su pareja. Es indiferente, ese derecho a la seguridad y a la privacidad es universal y bajo ninguna circunstancia debería traspasarse el límite.

Se da la circunstancia añadida de que tiempo después de los hechos que sientan en el banquillo a Entrambasaguas, ya en 2020, se producirían meses continuados de acoso y hostigamiento al domicilio de Galapagar de la ministra de Igualdad y el todavía entonces vicepresidente del Gobierno. Un acoso, incluso, que continuaría durante las vacaciones de la familia en Asturias.

Jamás en toda la historia de esta que llaman "democracia plena" un servidor público ha sufrido un hostigamiento semejante. No hay ni acción ni ideología que lo justifique; ni siquiera José María Aznar, que metió a España en una guerra inventada en contra de la opinión pública, lo ha sufrido ni lo merece —merecería, eso sí, un juicio acusado de supuestos crímenes de guerra—.

Quienes hablen ahora de "jarabe democrático" o comparen lo vivido por Montero e Iglesias con escraches puntuales no sólo caen en la demagogia, sino que abren una ventana muy peligrosa, porque ni las prácticas de Entrambasaguas cumplen un mínimo de deontología periodística, ni se mueven por el legítimo derecho a la libertad de información. Sus motivaciones son bien distintas, haciendo del amarillismo su forma de vida, tanto, que ha acabado siendo protagonista y víctima de su mala praxis.

Una condena a este sujeto no ha de concebirse ni como venganza, ni como revancha; si me apuran, ni siquiera como castigo al propio Entrambasaguas, pues ha de convertirse en una línea roja, en un stop como una catedral a una forma de generar contenido disfrazado de periodismo, que vive de la crispación, de la manipulación parasitando las redes sociales. Es una cuestión de higiene democrática.