2023 está siendo un año trágico en España en lo que a ahogamientos se refiere. Sólo en lo que se va de año, más de 220 personas han muerto ahogadas, según la Federación de Salvamento. En el país europeo por excelencia de sol y playa esta realidad debería hacer que las Administraciones Públicas se cuestionaran si están haciendo bien su trabajo y el veredicto es claro: no.
Durante esta semana, sólo en una jornada hasta 8 personas fallecieron por esta causa, tres de ellas menores. No ha terminado julio y, si sumamos las muertes por ahogamiento de junio, rondan el centenar. En plena era de los datos, es preciso dar un paso atrás y ver la panorámica general, analizar con calma lo que está sucediendo. Si descartamos todos los lugares a los que la vigilancia no puede llegar, como calas retiradas o buena parte de los tramos de río, así como las imprudencias de los bañistas -incluido no vigilar a menores en piscinas-, el margen de mejora continúa siendo amplio.
Tal aseveración no parte de este juntaletras, sino de los propios socorristas, que denuncian la falta de medios y recursos. Hablando en plata, son pocos y, por lo general, con unas condiciones laborales que dejan mucho que desear. En lugares tan turísticos como la costa malagueña, un servidor ha visto cómo las licitaciones de los ayuntamientos eran tan raquíticas, que las empresas adjudicatarias no sólo pagaban una miseria a los jóvenes socorristas, sino que éstos habían de orinar en una botella en sus torretas por no tener relevo.
Las Administraciones Locales son las encargadas de destinar recursos a sus playas y muchas de ellas están fallando. ¿El motivo? Recortar el gasto para poderlo destinar a otros menesteres en plena temporada estival, como las ferias. Otro buen ejemplo del mal hacer de estos consistorios lo encontramos en los horarios de vigilancia. De nuevo en la costa malagueña, podemos encontrar pueblos en los que los socorristas no inician su actividad hasta las 12:00 de la mañana, que prácticamente coincide con la hora en la que todos los expertos desaconsejan la exposición al sol. ¿No tendría más sentido adelantar la hora de vigilancia a las 10:00 de la mañana, dado que cada vez con más frecuencia las personas adelantan su hora de baño?
En este mismo sentido, cada vez las olas de calor se adelantan y con ello los baños en las playas y ríos y la apertura de piscina. A pesar de ello, los Ayuntamientos continúan empeñados en mantener el servicio de socorrismo únicamente del 15 de junio al 15 de septiembre. ¿Cuántas de las 57 muertes registradas el pasado mes de junio podrían haberse evitado si hubiera habido vigilancia la primera quincena?
En primer lugar, quienes vivimos en zonas costeras y, en segundo, los miles de turistas que disparan la población en estos municipios merecemos una seguridad mejor. Ser un destino turístico de primer orden todavía fuerza más a las Administraciones a no escatimar en medios y, sin embargo, lo hacen. Con esta gestión tan deficiente, ponen en peligro nuestras vidas.
De nada sirve sacar pecho de liderar ránkings de destinos vacacionales si sólo se hace para llenar las arcas y no se reinvierten parte de esas ganancias. La primera industria del país, 'el sol y playa', está siendo gestionada de un modo patoso, cortoplacista. A la hostelería ya le ha pasado factura, encontrando que no cuidar a sus camareros y camareras les ha llevado a tener déficit de personal. La diferencia, en lo que al ciudadano afecta, es que en un bar puedes tardar más en tomarte una caña, pero si estás en una playa antes del mediodía y te da un tirón en el agua, puedes morir. No parece tan difícil de entender, pero continúa importando más una buena feria que salvar vidas.