Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas

El juez Garzón es el magistrado español más conocido, respetado y valorado en el mundo. Menos en España. Es tan clásico que aburre. Pero sigue indignando. El juez que procesó a los del GAL, propició decisivamente el fin de ETA, dio el primer y audaz paso en la jurisdicción penal universal, pretendió hacer justicia a las víctimas del franquismo y descubrió la increíble trama Gürtel, se sienta desde el lunes en el banquillo de los acusados ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se le acusa en tres causas distintas que presentan un cúmulo de circunstancias extrañas, paradójicas, inquietantes. Fiscales que no acusan, pruebas que no se admiten, recusaciones que tampoco, asombrosa disparidad de los tiempos procesales, auxilios sorprendentes del instructor a la acusación. Tantas que mucha gente habla de cacería judicial.

Desde el punto de vista político y moral, la situación de Garzón no es de recibo y hace llorar a Jerusalén, porque nadie es profeta en su tierra. Pero aquí, se dice, lo político y lo moral no cuentan; cuenta lo jurídico. Contará, pero con tan frágiles apoyos que ni la Fiscalía acusa y los que acusan parecen operar con criterios estratégicos, esgrimiendo formalismos. Es bastante probable que ni los formalismos sean reprochables, pero en todo caso, está claro que cuando no hay apoyo moral y lo jurídico se refugia en formalismos, no se hace justicia: se construye, que no es lo mismo. Justicia de Peralvillo en el siglo XXI. Con el agravante de que, siendo la acusación los acusados de la Gürtel, su triunfo sería el primer paso para pedir la nulidad de lo actuado. Correa en la calle y hasta podría pedir indemnización.

Está claro que no será así porque el Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial del país, sabe cuál será su responsabilidad, así como que, al comparecer ante él en única instancia, al juez Garzón se le está negando el derecho fundamental a la revisión de la sentencia ante una instancia superior. Esto se tendrá en cuenta, y si no se tiene, el condenado podrá acudir al Tribunal Constitucional, al de Estrasburgo y a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Un escándalo que probará la falta de juicio del juicio.