13/06/2009

ANTONIO IZQUIERDO 

Al abrir el contenedor social, hemos encontrado el brazo amputado de Franns Rilles. Esta es la foto que nos deja. Los medios de comunicación informan con dos semanas de retraso, los vecinos llevaban dos años comiendo pan irregular sin darse cuenta, el inmigrante hacía tres años que vivía en España en situación irregular y recorrió tres comunidades autónomas trabajando en tres actividades distintas sin contrato y, por último, ningún control interno funcionó. Todo lo cual se resume en la extensión de la cultura de la irregularidad y en el autismo de la política y de la información respecto de
la sociedad.

La noticia trasnochada muestra la distancia que separa a los políticos y a los medios de información de la dinámica social. La concentración de focos mediáticos en Valencia durante los últimos meses y en la campaña a las elecciones europeas no ha sido capaz de mostrar el crecimiento de la economía sumergida en la CCAA, que presenta la tasa más alta de inmigración irregular en España. Los medios se miran en su espejo.

El trabajo oculto tiene una larga tradición en el Levante español. Mucho antes de que llegaran los inmigrantes, los trabajadores nativos, incluidas mujeres y niños, vivían esa misma explotación laboral en varios sectores de actividad. Ahora son los forasteros los que ocupan su lugar. La familiaridad de haber crecido en medio de esa cultura de explotación y de irregularidad es la que ha insensibilizado a la población ante esta putrefacta realidad. Una sociedad informal produce inmigración en situación irregular.

El comportamiento de los dueños de la empresa es amoral. Niegan haber abandonado al herido antes de llegar a las puertas del hospital, niegan que en su empresa se practique la explotación, que se concreta en horarios crecientes y salarios menguantes, y sólo admiten que el trabajador herido estaba trabajando sin contrato. Y después de negar por tres veces todas las irregularidades menos una, acusan al inválido de trabajar en estado de embriaguez. El empresario intimida y acusa al vulnerable.

¿Es un caso de siniestralidad laboral entre cuántos? No lo sabemos. El Ministerio no compila esa estadística, aunque probablemente la incidencia de los accidentes de trabajo sea mayor en el trabajo clandestino. Pero sí que sabemos que el accidentado llevaba años trabajando sin papeles, en la construcción madrileña, en un aserradero murciano y ahora en la panadería valenciana. Se ha recorrido media España trabajando en la economía sumergida. El cierre social de los inmigrantes se resume en: irregularidad prolongada, aumento de la economía sumergida y debilidad de los controles internos.

En la crisis disminuye el flujo de entrada, de modo que hay que reforzar los controles interiores para que los sin papeles generados aquí no superen a los que llegan. La irregularidad hacia dentro es, ahora, la que más nos debe preocupar. De no ser así, antes o después habrá que hacer otra regularización general de inmigrantes. Eso si no la prohíbe el Gobierno de turno para que no podamos seguir el rastro que deja la miga del pan.

Antonio Izquierdo es catedrático de Sociología