CARME MIRALLES GUASCH

La Estrategia Española de movilidad sostenible que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de abril es una hoja de ruta que marca los objetivos y las directrices generales que permitirán un cambio de modelo en los transportes en España, de manera que estos sistemas se rijan por criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social. Tiene el objetivo de reducir el consumo energético y las emisiones a través de disminuir el uso del vehículo privado a favor del transporte público, con especial atención al modo ferroviario.

Una Estrategia de esta importancia tiene que inspirar la ley de economía sostenible que anunció el presidente en el Debate del Estado de la Nación de mediados de mayo. Esta ley está dirigida a renovar el modelo de crecimiento de la economía española a partir de tres estrategias complementarias. Sostenible a nivel económico significa elevar los niveles de competitividad, lo que requiere elevar la economía del conocimiento y la innovación. Sostenible a nivel social implica estabilidad en el empleo, igualdad de oportunidades y cohesión social. Y, por último, sostenible a nivel medioambiental significa encarnar un modelo de crecimiento que cumpla con los objetivos europeos en energía y lucha contra el cambio climático.

En este momento estamos en una etapa de transición del paradigma conceptual, del frame, que dicen los norteamericanos. Estamos abandonando la modernidad y el crecimiento ilimitado para adoptar la sostenibilidad y los límites materiales del desarrollo. Esta etapa de cambio también es un periodo de desconcierto y de contradicciones, ya que se anuncian con grandes palabras nuevos criterios pero se siguen con políticas de vieja tradición.

Es decir, se apuesta por una movilidad sostenible y, por lo tanto, por impulsar políticas que promuevan el traspaso de los modos de transporte más contaminantes a los menos, de los privados a los públicos, de los viarios a los ferroviarios y, a la vez, se están subvencionando la compra de automóviles y de motocicletas. Todo ello acompañado de una disminución de las partidas que impulsan la economía del conocimiento y la investigación, pilares de la sostenibilidad. Estas contradicciones refuerzan la etapa de transición en la que estamos y que se tienen que visualizar si queremos avanzar.

Se propone una directriz –de movilidad sostenible– y una ley –de economía sostenible– que intentan poner las bases para un nuevo modelo de movilidad (y con él de territorio) y un nuevo crecimiento de la economía española, sin embargo, lo que sorprende es que, a pesar de su calado y su impacto a medio y largo plazo, no hayan propiciado más debate público y mediático.

No se pueden cambiar los modelos sin razones y contra razones, sin polémica, sin conocimiento e investigación. Somos un país de debates epidérmicos, donde cuesta entablar diálogos en profundidad, donde se ensalzan las criticas pero no se escuchan las opiniones. A no ser que no nos creamos los cambios o que nos den miedo.

Profesora de Geografía Urbana