Del consejo editorial

Infraestructuras: la realidad es la que es

CARME MIRALLES-GUASCH

Profesora de Geografía Urbana

Más allá de la lista de los grandes proyectos de infraestructuras que se anunciaron que se pararían o se retrasarían, de la intervención en la Comisión en Infraestructuras del Congreso del ministro Blanco hay dos ideas fundamentales. Una es la colaboración, a través del Plan Extraordinario de Infraestructuras, del sector privado, con el fin de movilizar 17.000 millones de euros. Una inversión privada para la ejecución de obra pública que, en plazos más o menos largos, se tendrá que reembolsar. La pregunta es quién, en qué plazos y en qué condiciones. La bondad o la maldad de la cofinanciación de las infraestructuras entre capital privado y público depende de las condiciones establecidas para el bien colectivo. Y ellas requieren que sean nítidas y transparentes.
La segunda idea que ofreció el ministro se formula en una pregunta: ¿quién tiene que costear las infraestructuras? Sólo existen dos posibilidades: o las pagamos todos a través de nuestros impuestos o las sufragan aquellos que las utilizan. Sin embargo, ¿qué es lo que estos tienen que asumir, los costes millonarios de la construcción de las grandes infraestructuras o sólo aquellos que devienen de la utilización de la misma? Y además, ¿cómo se articulan estas transferencias de gastos en medios viarios y ferroviarios, cuando unos son utilizados desde los medios privados y otros desde medios colectivos?
En un contexto donde la realidad es la que es, en palabras del ministro, me parece de suma importancia iniciar el debate de quién paga las infraestructuras. Un debate que el Ministerio de Fomento ha articulado a través de las dos ideas antes expresadas, pero que se podrían enunciar con un único razonamiento: si desde los presupuestos públicos no se puede o incluso no se debe sufragar el gasto de la construcción y del mantenimiento de las infraestructuras y se tiene que recurrir a las empresas privadas y a los usuarios, ¿cómo se modula esta financiación para garantizar la máxima equidad social y el mínimo riesgo para las arcas públicas?
El debate es del todo oportuno en un momento de cambio de modelo económico, donde deben participar el máximo de agentes sociales con la mayor transparencia posible. Sólo así se garantiza un futuro más sostenible a nivel económico y social.