Bruselas ha recomendado esta semana –¡por fin!– que los altos ejecutivos que disfrutan de escandalosos paracaídas de oro –reciben sumas astronómicas en caso de despido– tengan un límite máximo de dos años de sueldo fijo y no cobren si han realizado una mala gestión de la empresa.
El escándalo de la aseguradora AIG, que recibió 120.000 millones de euros en ayudas de los ciudadanos estadounidenses, de los cuales 117 se perdieron por los bolsillos de los mismos directivos que llevaron a la empresa a la catástrofe, ha despertado la ira más allá de las fronteras de EEUU. Los casos se han repetido en otros países europeos con más discreción. En España, el Gobierno no ha tenido que intervenir, por ahora, ninguna gran empresa ni banco. Dice la ministra Salgado que si la cosa de prolonga, ya veremos. Entre las 35 empresas más importantes que cotizan en el selectivo Ibex 35, hay 278 blindajes de lujo que corresponden al 58% de sus altos ejecutivos.

La oportunidad de la recomendación de Bruselas es clave en nuestro país, donde, además de liderar la lista de destrucción de empleo, sufrimos un número de expedientes de regulación (ERE) que dan frío. Hasta marzo, habían aumentado en un 466% con respecto al mismo mes de 2008. O, lo que es lo mismo, sumaban 4.660 expedientes, frente a los 823 de un año antes.
Quizá esta sea otra razón para despejar el asqueo que cada noche nos invade al final de los informativos, cuando nos preguntamos: ¿Y por qué voy a ir esta vez a votar a este ganado?. Porque Europa no tiene la culpa y aún es nuestro sueño.