Dominio público

Madrid y el IBI, un reto fiscal gigantesco

Pedro Barragán

Economista y Miembro de la Mesa de Coordinación de Ahora Madrid. Miembro del Consejo Ciudadano de Madrid de Podemos

Pedro Barragán
Economista y Miembro de la Mesa de Coordinación de Ahora Madrid. Miembro del Consejo Ciudadano de Madrid de Podemos

Todas las personas que habitamos esta apasionante ciudad que es Madrid hemos sido testigos estupefactos, y la mayoría enfadados, del espectáculo fiscal que en los últimos años ha interpretado el Ayuntamiento.

Hay tres elementos que caracterizan esta situación fiscal municipal: (1) Una deuda que no ha parado de crecer, que pesa sobre la ciudad y que a enero de 2015 sobrepasa ya los 5.900 millones de euros. (2) Una presión fiscal en alza y que acumula ya este año una década sin reducción. (3) Un gasto social municipal raquítico en una ciudad donde estamos viendo crecer de forma acelerada en los últimos años la pobreza, la exclusión y la desigualdad social.

Ya solo la lectura de estos tres elementos que caracterizan la situación fiscal del Ayuntamiento de Madrid nos dan idea del gran reto fiscal que la nueva Corporación, el Ayuntamiento del Cambio, tiene por delante. Tiene que reducir la presión fiscal de la mayoría de la población a la vez que tiene que conseguir mayores ingresos para hacer frente a las necesidades sociales insatisfechas de la ciudad. Un reto fiscal gigantesco que, además, se produce en una situación política de minoría en el Pleno municipal y con un Partido Socialista que, en este tema fiscal, ha promovido acuerdos con el PP y Ciudadanos para dificultar el trabajo de Gobierno.

¿Cuál es la estrategia fiscal que los gestores del cambio en Madrid están instrumentando y que el Delegado del área de Hacienda y Economía, Carlos Sánchez, presentaba a la ciudadanía hace unos días

Los principales tributos del Ayuntamiento de Madrid sobre los que se quiere actuar son tres. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que representa casi el 30 % de los ingresos corrientes para 2015, el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO).

El IBI es el impuesto que grava a todos los propietarios de bienes inmuebles y que ha tenido un considerable incremento en los últimos años a los propietarios de las viviendas residenciales. El primer objetivo de los gestores del cambio es mejorar la progresividad fiscal, esto es que pague más quien más tiene. Y el primer obstáculo para los gestores del cambio es que el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales no permite conseguir la progresividad en el gravamen del IBI.

¿Cómo conseguir mejorar esta progresividad que permita reducir la carga fiscal de las familias, de la mayoría de la población, a la vez que se incrementa la recaudación total?

Son varias las medidas que tomadas simultáneamente van a permitir conseguir este objetivo. En primer lugar, una bajada del tipo de gravamen general de bienes inmuebles de naturaleza urbana que sea sustancial. Esta bajada sustancial del IBI residencial, del IBI de las viviendas de las familias, va a afectar a 1.448.765 propietarios de estos inmuebles en la ciudad. Una medida histórica que beneficia directamente a la inmensa mayoría de propietarios que van a ver reducido su recibo del IBI del próximo año de forma muy importante.

En segundo lugar, esta bajada del tipo general se habrá de compensar con un aumento del tipo de gravamen diferenciado de los bienes no residenciales. ¿A quién afecta?, ¿qué quiere decir "no residencial"? Los bienes no residenciales se refieren a ocio y hostelería, almacenes, comercios y oficinas. ¿Acaso va a hacer pagar el Ayuntamiento la bajada del IBI de las viviendas a los comerciantes? No. Aquí sí vamos a tener una clara progresividad del impuesto: se reducirá al 94,3 % de los propietarios de ocio y hostelería  mientras que se incrementará al restante 5,7 %; se reducirá al 99,8 % de los propietarios de almacenes mientras se incrementará al 0,2 %; se reducirá al 97,2 % de los propietarios de comercios mientras se va incrementará al 2,8 % y, por último, se reducirá al 94,4 % de los propietarios de oficinas mientras se incrementará al 5,6 %.

Una fórmula encontrada por el Ayuntamiento que sortea la Ley de Haciendas Locales y permite reducir sustancialmente el IBI a la inmensa mayoría de la población (1.448.765 viviendas –todas- y 638.639 bares, comercios, almacenes, oficinas, etc.) compensado con el incremento del IBI de los grandes propietarios (0 viviendas + 5.683 grandes cadenas comerciales, grandes edificios de oficinas, etc.).

Esta fórmula encontrada va a permitir combinar estas medidas con otras dos que empujan en la dirección de los objetivos del cambio: la creación de una bonificación a los Centros Públicos de Investigación y el incremento de la bonificación por aprovechamiento de la energía solar.

Esta reducción del IBI se va a ver también compensada con las modificaciones del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) que se prevé generen un incremento de recaudación de 6 millones de euros y con la eliminación de una parte de las bonificaciones del Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO) por valor de unos 13 millones de euros.

Estas medidas sobre estos tres impuestos se ven complementadas con la creación de una Tasa de Generadores de Grandes Residuos con la que se calcula recaudar unos 30 millones de euros. Esta Tasa va dirigida a gravar  a los generadores de grandes residuos que se encuentran además situados en los inmuebles con mayor valor catastral.

Resumiendo, este reto fiscal gigantesco al que se enfrenta el Ayuntamiento del Cambio se resolvería reduciendo el IBI a 2.087.404 propietarios e incrementándoselo a 5.683 grandes propietarios, con un costo para las arcas municipales de 18,5 millones de euros que se compensan con el incremento de recaudación de 49,9 millones en los Impuestos de Actividades Económicas (IAE), Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO) y la Tasa de Generadores de Grandes Residuos. En total el Ayuntamiento obtendrá, cuando apruebe estas medidas, un aumento de la recaudación de 31,4 millones de euros y la ciudadanía una sustancial reducción del IBI.

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