Opinion · Dominio público

Doña Emilia debe volver a su Pazo

José Antonio Martín Pallín

Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra). Abogado de Life Abogados.

El Pazo de Meirás, emerge, como otros muchos repartidos sobre las tierras de Galicia, entre bosques y brumas, destacando la piedra labrada por artistas canteros que podrían ser los descendientes de los que ensamblaron el Pórtico de la Gloria. No alcanzan la estética de los chateau franceses, ni la magnificencia de las mansiones inglesas, pero representan igualmente el poderío social y económico, de los que los construyeron o de sus actuales titulares.

Entre los numerosos Pazos que salpican las tierras gallegas, adquiere, una especial relevancia, por muy diversas circunstancias, el Pazo de Meirás. Por encima de su significado reciente, asociado a los golpistas que vencieron en la guerra civil, su huella histórica y su fuerza simbólica,  radica en que fue la mansión de doña Emilia Pardo Bazán, una de las escritoras más relevantes de la literatura española y gallega, que hubiera merecido un Premio Nobel, solamente por su novela, los Pazos de Ulloa.

La historia reciente acredita que mediante enlaces matrimoniales, las propiedades pasaron a manos de los Pardo de Lama, y posteriormente a través de una herencia llegó a manos de Dª Emilia Pardo Bazán que emprende la construcción de la actual edificación que era conocida como las Torres de Meirás. La escritora se casó en la capilla del Pazo, donde pasaba varios meses al año. Trabajaba en la torre que llamó «de la quimera», donde tenía instalada su biblioteca, que permaneció allí tras la “donación” del edificio a la persona de Francisco Franco.

Los edificios emblemáticos se empapan del alma de los propietarios que por sus méritos su personalidad y su historia han dado vida a sus estancias. Una biblioteca es una marca indeleble que se apodera del recinto que la alberga. Nadie puede dudar de la preeminencia de la vida y obra literaria de Doña Emilia que permanecerá durante tiempo  sobre la insignificancia personal de un General que, según confesó, solo pensaba en aniquilar a media España y cuyas aficiones conocidas eran la caza y la pesca.

La familia Pardo Bazán de talante conservador, sufrió las consecuencias del golpe militar y dos de sus descendientes fueron fusilados por milicianos anarquistas, pasando la propiedad a la hija de Dª Emilia que decide donar el Pazo a los jesuitas que, por una serie de circunstancias que no conozco, decidieron no aceptarlo. Los vencedores, que habían decidido confiscar todas las propiedades de los republicanos, no podían aplicar esta medida depredadora a una familia que tenía en su seno dos caídos del bando autodenominado nacional.

Las autoridades coruñesas, serviles y obsequiosas con el General Franco, que había sido declarado Jefe del Estado el día 1 de octubre de 1936, decidieron, en el año 1938, obsequiárselo para que lo dedicase a su residencia veraniega. La “donación generosa” se disfrazó de una voluntaria aportación de dinero entre la que constan, documental y fehacientemente acreditado, cantidades detraídas de la nómina de los funcionarios que estaban al servicio del régimen y que no habían sido depurados. Con este dinero y otras aportaciones “voluntarias” de los vecinos y de familias adineradas de la sociedad coruñesa, el Ayuntamiento de Sada lo adquiere, sin respetar la voluntad de su propietaria, y lo dona a su hijo predilecto Francisco Franco, en su condición de Jefe de Estado.

Tanto la adquisición como la donación, desde sus orígenes, han estado viciadas por  irregularidades políticas y jurídicas. No se cumplía, ninguno de los requisitos que el Código civil, vigente en la época, exigía para la validez de los contratos. La compra requiere el consentimiento del vendedor, que nunca lo prestó y las donaciones exigen una causa o motivo lícita y moralmente aceptable por las normas de convivencia que las justifiquen. La ilicitud de la causa de la donación produce la nulidad de la misma.

Los “voluntarios y generosos” partícipes, en cierto modo se anticiparon al moderno crowfounding. Durante varios años, todos ellos transcurridos durante la dictadura, los legítimos propietarios pudieron ejercitar las acciones para recuperarlo, pero como ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Supremo y lo traduzco a lenguaje coloquial: A ver quién era el guapo que se atrevía a pleitear con el Caudillo.

Si nos atenemos a parámetros exclusivamente políticos y jurídicos, el Pazo nunca fue una propiedad estrictamente privada. Su finalidad exclusiva fue la de servir de residencia al Jefe del Estado. Sin saberlo, Franco lo desprivatizó al destinarlo a sede de los Consejos de Ministros que celebraba durante su veraneo.  Por cierto, uno de ellos fue presidido por el entonces príncipe Juan Carlos, designado heredero por la gracia del Caudillo, cuando ostentó transitoriamente, en agosto de 1974, la Jefatura del Estado por enfermedad de su titular.

Ha llegado el momento de abordar su recuperación desde el punto de vista jurídico o desde la perspectiva exclusiva de la legitimidad democrática. Jurídicamente lo dejo en manos de mis colegas para que discutan cuales son las vías para recuperarlo. En el año 2008 el Pazo fue declarado bien de Interés Cultural por lo que pasó a regirse por la ley prevista para el uso y destino de los inmuebles que gocen de esta catalogación. Se podría recuperar para el Patrimonio Nacional con la ley que regulan los bienes de interés cultural. La Constitución que reconoce el derecho de propiedad, lo subordina al cumplimiento de una función social, en este caso de evidente interés cultural y de profundo significado democrático.

Pasó el tiempo y por tanto tenemos que ser respetuosos con las normas jurídicas y reconocer que la acción reivindicatoria o revocatoria de la compraventa o de la donación habría prescrito. En mi opinión, la titularidad nace de una acto ilícito ya que nos encontraríamos, en todo caso, ante una adquisición sin motivo legítimo, derivada de un acto ilícito que se perpetuó durante más de treinta años.

A pesar de todos los avatares históricos que nos ha tocado vivir y padecer, el país al que hemos tratado de dotar de una arquitectura democrática que debe servirnos para algo más que votar cuando nos convocan, alberga, como es lógico, grupos o sectores, cuyas convicciones democráticas brillan por su ausencia. Conservan convicciones, más cercanas a las grandezas y delirios del dictador, que a los valores del diálogo, la convivencia y el respeto a los valores esenciales de la democracia.

Resulta desmoralizador y hasta deprimente, en pleno siglo XXI, que se pueda atribuir cualquier derecho legítimo, basado en un golpe militar contra la democracia, a los herederos de un dictador al que los avatares del destino le libraron de una suerte semejante a la de sus congéneres Hitler y Mussolini.

Bajo las anchas bóvedas que albergan la biblioteca, los libros claman por la vuelta de su dueña. Se cumpliría un anhelo soterrado durante la dictadura y emergente en los momentos presentes. La única forma de desterrar los fantasmas del pasado, es convertir el Pazo de Meirás, en un centro de estudio e investigación que se dedique a exaltar las letras y la cultura gallegas. Es urgente e insoslayable que se restaure la “quimera”: Doña Emilia debe volver a su Pazo.